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Pisarello: "Una ruptura democrática sería algo sano 35 años después de una Transición poco ejemplar"

El profesor de Derecho Constitucional Gerardo Pisarello afirma en su último libro que en España es "necesario" un nuevo proceso constituyente en el que esté implicada toda la ciudadanía

Afirma que ahora el país asiste a un "proceso deconstituyente", en el que se están atacando los derechos sociales y limitando las libertades civiles

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Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatori DESC. / Marta Jara

Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatori DESC. / Marta Jara

Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acaba de publicar Procesos Constituyentes. Caminos para la ruptura democrática (Editorial Trotta), donde afirma que España asiste a un “proceso deconstituyente” donde se están atacando los derechos sociales y limitando las libertades civiles.

Colaborador habitual de eldiario.es a través del blog Contrapoder, Pisarello hace un repaso a los procesos constituyentes y deconstituyentes más relevantes de la historia, desde la república inglesa de Oliver Cromwell, la Revolución Francesa, la de los Claveles o los procesos democráticos de América Latina, hasta la aprobación de la Constitución española de 1978.

¿Qué es un proceso constituyente?

Un proceso constituyente supone la elaboración de una nueva Constitución. Eso no supone un cambio automático en la vida de las personas. Pero si es realmente democrático puede contribuir a que se produzcan transformaciones sociales más profundas.

¿Estamos ante un nuevo proceso constituyente en España?

No, aunque haría falta. Treinta y cinco años después de una transición poco ejemplar, una ruptura democrática sería algo sano. Sobre todo si no quedara simplemente en manos de los partidos o de un grupo de “padres fundadores” y si implicara al conjunto de la población, comenzando por la gente joven, las mujeres, la gente que vive de su trabajo. Por desgracia, lo que tenemos es lo contrario: un proceso deconstituyente que está vaciando los pocos elementos garantistas y democráticos que había en la Constitución de 1978.

¿Y eso qué supone?

Pues que la Constitución ya no es un texto abierto que admita lecturas garantistas. Aquí se vulneran derechos sociales y libertades civiles básicas, se conculcan los derechos reproductivos de las mujeres, se ataca el autogobierno territorial y el Tribunal Constitucional asiente o mira hacia otro lado. La Constitución, lo que se ha hecho de ella, ha perdido sus potencialidades democratizadoras.

¿Qué implica en ese marco la reforma del artículo 135?

Es una plasmación, precisamente, de ese golpe deconstituyente. Los mismos que decían que la Constitución era intocable tramitaron su reforma en nueve días y la debatieron durante poco más de seis horas. Todo eso para blindar una cláusula única en el derecho comparado: la priorización absoluta del pago de la deuda a los acreedores. En ningún sitio se atrevieron a tanto.

Afirma que los procesos constituyentes de Italia tras la II Guerra Mundial y de Portugal tras la Revolución de los Claveles son modelos en los que hay que fijarse, ¿qué los diferencia del de España?

No son textos perfectos, pero al menos fueron el producto de una ruptura con regímenes fascistas y dictatoriales. Lo que hubo en España fue una transacción y no una ruptura con el antiguo régimen. La Constitución italiana vino precedida de un referéndum en el que la población votó contra la monarquía y a favor de la República. Y la portuguesa, de una democratización considerable del Ejército ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera ocurrido aquí? Y hay más cosas. Tanto la Constitución italiana como la portuguesa establecen mecanismos de participación y derechos sociales más amplios que la española.

¿Cómo cuáles? Déme ejemplos concretos.

En Italia, la configuración de los referéndums, de las iniciativas legislativas populares, favorece mucho más la participación ciudadana. No es casual que hace poco los movimientos sociales italianos hayan podido forzar una consulta para detener la privatización del agua o el uso de la energía nuclear. En Portugal, por su parte, la Constitución de 1976 fue reformada varias veces para acomodarla a los nuevos vientos neoliberales. Y a pesar de ello, la gente la sigue viendo como una bandera de resistencia contra la Troika y las políticas de austeridad. Aquí sería impensable.

¿Cuáles son los peores procesos constituyentes, los modelos que nunca habría que seguir?

Los peores procesos constituyentes son los que se hacen sin participación democrática o reprimiéndola. Muchas constituciones liberales del siglo XIX, por ejemplo, fueron el producto de procesos constituyentes elitistas y excluyentes. La Constitución pinochetista de 1980 nació vigilada por el ejército y se cerró con un plebiscito carente de garantías deliberativas elementales. La propia Constitución europea de 2004 fue elaborada en condiciones de bastante opacidad. Y allí donde pudo ser discutida ampliamente, como en Francia u Holanda, fue rechazada por el electorado.

Afirma que el proceso constituyente del 77-78 estuvo tutelado y fue poco democrático, ¿por qué?

Las Cortes elegidas en junio de 1977 fueron declaradas constituyentes gracias a la presión de la calle. Pero la Constitución que salió de allí fue tutelada desde arriba. El ejército e importantes sectores económicos y políticos vinculados al franquismo impusieron líneas rojas en todo momento. Incluso Estados Unidos se implicó a fondo para que no hubiera una salida similar a la que se había producido con la Revolución de los Claveles en Portugal.

Asegura que la Constitución fijó algunos cepos que atenazarían las posibilidades de democratización futura, ¿por qué? ¿Cuáles son?

La lucha antifranquista impuso el reconocimiento de algunos derechos y consiguió que algunas materias no quedaran zanjadas de antemano. Pero se instalaron varios cepos. En materia electoral, por ejemplo, la Constitución recogió principios que favorecían a las fuerzas menos proclives al cambio. En materia de participación ciudadana, la visión fue muy restrictiva, y la mayoría de derechos sociales recibió una protección jurídica debilitada. Los grandes poderes fácticos, por otro lado, obtuvieron un protagonismo decisivo. La obsesión por la “indisoluble unidad de la nación española” fue una imposición de Capitanía General y la Iglesia Católica y la Corona obtuvieron un anacrónico estatuto de privilegio. Todo eso sigue condicionado el presente.

¿Por qué afirma que es necesario un proceso constituyente en un contexto como el actual?

Hay toda una generación, como decía antes, que no votó el texto de 1978. Por otro lado, muchas de las demandas que plantean el 15-M, la PAH, las mareas, o las que vienen de Cataluña y del País Vasco, no pueden resolverse ni con el inmovilismo, ni con una reforma de mínimos.

¿Qué tendría que ocurrir para que ese proceso constituyente comenzara a andar?

Ante todo, que la sociedad exigiera ese proceso constituyente y que fuera consultada al respecto. Para ello, desde luego, haría falta una movilización social más sostenida, acabar con el bipartidismo y construir una mayoría política dispuesta a dar esos pasos. Hoy puede parecer improbable, pero no es imposible. En la II República, el proceso constituyente se abrió paso gracias a la presión social y al triunfo de opciones regeneracionistas, rupturistas, en las elecciones municipales. Y la primera proclama republicana vino de Cataluña. Si se piensa en esa clave, la posibilidad de una revuelta democratizadora no puede descartarse.

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