Doce activistas se enfrentarán en los juzgados a los antidisturbios por intentar evitar un desahucio

Un desahucio de hace más de un año a una familia con dos hijos sentará en un juzgado a 12 activistas y a 32 antidisturbios el próximo 13 de octubre. Los primeros acudieron a casa de Susana para evitar el desalojo y los segundos, para ejecutarlo. Ese día, 24 de julio de 2013, la familia terminó con sus pertenencias esparcidas por el suelo, en la calle, y una docena de personas detenida en comisaría. La policía denunció a los activistas por una presunta falta de alteración del orden público y desobediencia. La UIP está acusada a su vez de una posible falta de lesiones. Desde Oficina Vivienda y otras plataformas en defensa de una vivienda digna piden apoyo a los activistas a través de la campaña #Las12delPatíbulo.

Isabel de Burgos, de 56 años, acudió a la calle Unanimidad del barrio madrileño de Villaverde para frenar el desahucio de Susana. La familia ocupaba de manera ilegal una casa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y se enfrentaba a su tercer intento de desalojo. La previsión de que en esa ocasión la contundencia policial sería mayor hizo que “unas 75 personas nos quedásemos a pasar allí la noche”, relata Isabel. Entre ellas, también se encontraban Pilar, de 35 años, y Álvaro, de 28. Los tres forman parte de la docena de personas denunciadas por la UIP (Unidades de Intervención Policial) y que deberán acudir a los juzgados de Plaza de Castilla el próximo lunes 13.

Isabel estaba desvelada a las cinco de la mañana de ese día, así que decidió “salir de ronda”, cuenta. Estaba bordeando el edificio cuando vio aproximarse “una procesión de lecheras de la policía y me fui corriendo como pude gritando que ya estaban aquí”. Unas 20 personas se aferraron a la escalera que da acceso a la vivienda para frenar el paso a los antidisturbios. “Yo estaba en el cuarto escalón” –recuerda Isabel– “y nos fueron quitando uno a uno por la fuerza”. La presión policial pudo con los nervios de Susana, que pidió “que terminase la resistencia” cuando aún había algunas personas en el suelo, cuenta Pilar.

De todos los activistas presentes en el edificio, una veintena fue retenida en un patio “durante unas dos horas”, calcula Álvaro, que considera que la selección de la policía fue “aleatoria”. “Algunos salieron por su propio pie, otros fuimos retenidos en el patio y de esos once fuimos detenidos. El criterio era tú sí, tú no”, critica. Otra persona más fue detenida en el exterior de la comisaría de Usera, donde llevaron a los activistas.

Los tres tienen claro que no hicieron nada malo al obstaculizar el desahucio de la familia y, de hecho, han continuado apoyando a otros hogares que lo han necesitado. “Nos quieren tener en casa asustados. En mi caso, no pienso dejar de ir a un desahucio. No tengo miedo”, dice Pilar. Sin embargo, su perseverancia les ha costado enfrentarse a varias denuncias de faltas, algo nuevo para ellos. “Para mí, una multa es algo grave, pero la situación política y social ha cambiado y no me sale quedarme en casa”, explica Isabel, desempleada desde hace dos años.

Según los datos del Banco de España, 49.694 familias perdieron su casa en 2013, un 11 % más que el año anterior. De estas casi 50.000 viviendas, cerca del 80% eran el domicilio habitual del afectado.

Cuando la policía pierde

Pilar también estuvo entre los acusados en el caso conocido como “los 21 contra la Sareb”, en el que ese número de activistas fue denunciado por ocupar la sede del banco malo en una protesta. En esa ocasión, los acusados quedaron absueltos. El mismo resultado buscan los abogados de la Comisión Legal Sol, que defenderá a los activistas. “Perseguimos que salgan absueltos porque no entendemos que estuviesen alterando el orden público. Además, buscamos que condenen a la policía por las lesiones que tuvieron lugar ese día”, expone Eric Sanz de Bremond, abogado del grupo.

Pilar y Álvaro piensan en el juicio como una pelea más, un vía para visibilizar el drama de los desahucios. “La verdad está de nuestro lado, en los vídeos se ve cómo nos pega la policía”, dice Pilar. “El juicio lo vamos a aprovechar, vamos a ir con la cabeza alta y rodeados de gente para demostrar que no nos escondemos de nada. Lo que hacemos es legítimo”, repite Álvaro.

El activista cree que varias sentencias desfavorables para los cuerpos policiales como la de los 21 contra la Sareb –“cuyos hechos concluyeron con un mando de los antidisturbios condenado por dos faltas de lesiones”, apunta el abogado Sanz de Bremond– han propiciado leyes más restrictivas, “como la Ley de seguridad ciudadana cuando sea aprobada”, dice Alvaro.

Según la norma que prepara el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los juicios de faltas desaparecerán y se convertirán en sanciones administrativas, castigadas con una multa que puede ser recurrida ante la Administración. Para aquellos que traten de parar un desahucio, las cantidades oscilan entre los 1.000 y los 30.000 euros. “No tendremos la opción de presentarnos con nuestra defensa ante un juez a que nos escuche y decida. La policía está quedando en evidencia con este tipo de casos”, opina.

Pero la ley todavía no está aprobada, por lo que el 13 de octubre ejercerán sus derechos ante la jueza que se encarga del caso. Desde las redes sociales piden el apoyo a las puertas de juzgado de Plaza de Castilla para recordar que no se puede repetir “la violencia de echar a una familia con sus cosas a la calle”, denuncia Pilar.