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Aborto: ¿el Irak de Rajoy?

La nueva regulación del aborto que propone Gallardón concita un rechazo mayoritario en la sociedad española y divisiones en el PP. Puede convertirse en el mayor error de Rajoy

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Rajoy y Gallardón se juegan mucho con la reforma del aborto.

Aznar cometió el doble error de alinearse con la posición de Bush sobre la invasión de Irak, y no explicarlo bien a los españoles. No era un tema central, pero se convirtió en ello, con hasta un 80% de rechazo por parte de la opinión pública española y grandes manifestaciones a las que asistieron incluso votantes convencidos del PP ¿Puede la propuesta de ley de Ruiz Gallardón sobre el aborto convertirse en el Irak de Rajoy?

Aquí no hay cumbre de las Azores. No se trata de eso sino de si la sociedad española, relativamente pasiva, puede reaccionar ante el proyecto presentado por Ruiz Gallardón. Para empezar no deja de ser significativo que la anterior ley, la de plazos del PSOE de 2010, fuera preparada y presentada esencialmente desde Sanidad –con una mujer al frente-, y ésta por el titular de Justicia. Pues se está volviendo a criminalizar el tema, y a generar un retroceso en el derecho de las mujeres, junto a un retorno de la inseguridad jurídica para los médicos y centros sanitarios.

Desde el PP se afirma que esta reforma estaba en su programa electoral. Pero el programa electoral era muy impreciso y en él cabían varías interpretaciones. Tras una defensa de la familia, decía: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores.” Entonces se pensó que se podría limitar a derogar la libertad de las jóvenes entre 16 y 18 a interrumpir su embarazo, en los plazos fijados, sin permiso paterno. Aunque claro, el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional se referiría al principio mismo de los plazos.

El Gobierno ha optado casi por el retroceso máximo. Es muy probable que se deba al intento de la dirección del PP de calmar a su electorado más a la derecha tras la liberación de presos etarras en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la Doctrina Parot. O por las tensiones que está provocando la cuestión catalana. En todo caso, el PP toma así a las mujeres españolas como rehenes de sus problemas políticos.

El PP –dirigentes y votantes- se está dividiendo públicamente sobre este asunto. Y la postura extrema del ministro de Justicia no se ve apoyada por la opinión pública. Sin embargo, en 2012 algunas encuestas de Metroscopia y otros aún reflejaban una división de opiniones entre una ley de supuestos (como la de 1985 y una de plazos (como la de 2010). Pero una vez superada parece haber un amplio consenso en la sociedad en no tocar la ley vigente en lo esencial. La gente no quiere estar hablando constantemente del aborto. Aunque cuidado, pues en el PP hay una clara división al respecto por generaciones, con los mayores de 55 años (aún más si son varones) mucho más contrarios a la ley de plazos.

Llegados a este punto, hay una clara mayoría en contra del cambio que propone Ruiz Gallardón. Según la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, menos de un tercio de los votantes del PP quiere cambiar la ley. Y más de cuatro de cada cinco jóvenes españoles están en contra de la derogación del sistema de plazos. Hay indignación de otro tipo que el de los indignados, pero no menos profunda. Es decir, que estamos ante un conflicto social que puede dividir a la derecha y unir a la izquierda y llegar a tener expresiones en la calle, como en su día la cuestión de Irak. Que no haya habido movilizaciones, dadas las fechas, a final de año y ante el receso navideño, en que se produjo el anuncio de Ruiz Gallardón, no significa que no las vaya a haber.
 
Seguramente Rajoy, mucho más pragmático y menos ideólogo que Aznar, no se dejará pillar en esta trampa que está tapando su discurso sobre la recuperación económica, mientras las cuestiones de corrupción siguen muy presentes. De hecho, cuando se le ha preguntado al respecto ha desviado el balón hacia el Parlamento. Allí el PSOE y otros piden una votación secreta, lo que va en contra del derecho de los ciudadanos a saber cómo votan sus representantes. Lo que hay que exigir, como pide la propia Celia Villalobos, es libertad de voto basada en la libertad de conciencia de los diputados y senadores.

Pero para cuando se llegue a votar el texto definitivo, éste habrá, previsiblemente, cambiado. Será después de las elecciones europeas de mayo cuando pueda haber una vuelta a la moderación. Es aún posible que el texto vuelva a acercarse a la ley de 1985, una vez más a la espera de un nuevo cambio de mayoría en el Gobierno para volver a la de 2010. Entretanto la imagen de esta España que se había situado en la vanguardia de algunos derechos y libertades civiles –o en el caso del aborto, simplemente en la línea de lo normal en Europa- ha quedado empañada, afectando también a la llamada Marca España. Ya una ministra francesa lo ha criticado. No cabe excluir que se sumen otros políticos extranjeros. La no injerencia externa en este tipo de asuntos internos es cosa del pasado en esta Europa.

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