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Diecisiete años de fracaso de la liberalización del mercado eléctrico hacen insostenible el futuro del sector

Un servicio eléctrico para los ciudadanos pasa por una recuperación de competencias por parte del Estado

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El servicio de electricidad en Holanda vuelve a la normalidad tras el apagón de unas horas

Tendido eléctrico. EFE

Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996, tardó apenas un año en liberalizar por completo el sector eléctrico. Se justificó el cambio en la falta de competitividad en precios del sector, en la necesidad de hacerlo más confiable técnicamente, más seguro en materia de suministro y más universal. Para la consecución de esos objetivos la participación pública empresarial ya no era necesaria, y menos aún la planificación; sólo se debía regular la libre competencia. El mercado con los mecanismos propios daría las señales correspondientes y completaría el ajuste y la tarea en el mediano plazo. En términos modernos, se acabaría desarrollando un modelo de sistema eléctrico sostenible, moderno tecnológicamente y accesible para la economía productiva y el bienestar de los ciudadanos.

En aquel año de 1997 el mercado eléctrico (demanda eléctrica global de ese año por el precio promedio) suponía unos 11,6 mil millones euros. Seis* empresas se repartían el comercio eléctrico en España, un 2% del PIB de entonces. Se consideraba al sector esencial, necesario y básico para el progreso de la actividad económica. Estaba sujeto a la planificación indicativa en el entorno de un Marco Estable, fundamentalmente de precios, para permitir concretar las instalaciones de generación y distribución que el crecimiento de la demanda exigía. Era un intercambio de responsabilidades mutuas: el sector invertía y el Gobierno se comprometía a reconocer a las empresas una rentabilidad mínima, vía tarifas eléctricas, para garantizar que se hicieran.

Transcurridos más de diecisiete años de la liquidación del Marco Legal y Estable**, la cifra del negocio eléctrico se multiplicó por 2,7. Pasó de los 11.600 millones de euros a los 24.600 mil millones en 2012. Aumentó un 140%. En relación al PIB su peso creció hasta el 2,7%. En ese mismo período, el consumo aumentó en un 50%, el precio y la inflación lo hicieron un 65% y un 50% respectivamente. ¿Qué explica esa diferencia de aumento de la facturación del negocio eléctrico español respecto al resto de las variables? La respuesta es que la subida de precios fue muy superior al 65% indicado por la estadística y que ésta no lo refleja porque se oculta en el pago diferido a quince años del llamado déficit de tarifa originado en la diferencia entre el pecio del mercado y los precios máximos autorizados por el Gobierno.

Ese déficit acumulado de más 30 mil millones lo vienen pagando los ciudadanos españoles casi desde el mismo día de la liberalización y se explica, entre otras razones, porque las tarifas tampoco bajarán en el futuro inmediato aun cuando sí lo haga la factura de combustibles para la generación eléctrica. Se calcula que en 2015, por la caída del precio del petróleo, se ahorrará en España un 1,6% del PIB, en torno a los 15.000 millones de euros. Por el contrario, el enorme incremento del negocio eléctrico sí se consumó al autorizar el Gobierno a titulizar y garantizar la deuda acumulada. Las empresas eléctricas pudieron hacerla efectiva intercambiando los títulos/bonos por dinero líquido con los bancos.

Lo cierto es que el mercado eléctrico ha tenido el resultado contrario al propuesto en precios. No tuvo éxito porque no funcionó en régimen de mercado competitivo sino de oligopolio, casi duopolio. Endesa e Iberdrola controlaron, y lo siguen haciendo mayoritariamente, la producción y la distribución eléctrica y los precios que se ofertaban en el llamado pool de la electricidad.

La proliferación en los últimos años de empresas comercializadoras no cambió el panorama. Utilizan la infraestructura del oligopolio, pero no son determinantes en la fijación del precio de la electricidad para el consumidor. Tampoco tuvo éxito la introducción de agentes financieros en las subastas eléctricas. Sumaron más a la especulación que a la liquidez, como se pretendía.

La tarifa eléctrica dependió sustancialmente del precio variable de las subastas diarias controladas por las centrales de generación de las empresas del monopolio. El, de facto, cártel de las tres empresas dominantes***, operó especulativamente en el pool o mercado de subastas de la electricidad, logrando altos precios al introducir las energías provenientes de las centrales más caras en el margen de conformación de la curva de oferta y demanda diaria del mercado eléctrico mayorista. Como se remunera a todos los que despachan energía al precio de coste de generación de la última unidad en ser aceptada, toda la cadena de producción eléctrica se beneficiaba de los altos precios. Una central hidráulica, cuyo coste variable de generación es casi cero, se remuneraba al precio de una central de carbón, petróleo o gas****.

Los consumidores, en particular los residenciales, las familias y ciudadanos de manera individual, no tienen cómo influir en la formación de los precios del mal llamado mercado eléctrico. Para éstos, la demanda de servicio eléctrico es inelástica. La pobreza energética, que afecta a un 9% de las familias españolas no es el resultado de la caída de la demanda sino de cortes de suministro por impagos de los consumidores originados en la caída de salarios y rentas.

Tampoco la apertura, la liberalización y la desregulación lograron estándares de eficiencia tecnológica ni de seguridad energética.

Las empresas invirtieron en ciclos combinados de gas (y vapor) para ganar eficiencia en el consumo de combustible primarios. El abandono de la planificación sectorial, la caída de la demanda por la crisis y la innovación productiva, el auge de las energías renovables, el precio del gas, etc. han llevado a parar las centrales de ciclo combinado. Incluso a los pocos años de funcionamiento y con una vida útil calculada de 20 o más años, las eléctricas se plantean ahora desmantelarlas cuando aún están recuperando los ingresos garantizados. El control de las empresas dominantes de los mecanismos de mercado, permitía el despacho primero de la energía nuclear e hidráulica, antes de hacer entrar a las térmicas de gas o carbón que son muchos más caras en costes. En realidad ajustaban la oferta para vender esa energía en el último momento y recuperar para toda la oferta eléctrica las tarifas más altas. Incluso recibieron autorización para dilatar la vida útil de las centrales nucleares y además prolongar pagos de su amortización.

Tarifas extraordinariamente bonificadas permitieron la expansión rápida de la energía eólica y solar, cubriendo porcentajes cada vez más importantes de la demanda de electricidad. En los últimos años hubo jornadas nocturnas en las que la carga eléctrica se cubrió al 50% con energías renovables. Evidentemente un estímulo de estas características se explicaba muy bien en el marco de una apuesta medioambiental integral, pero muy mal en un mercado monopólico que estuvo promoviendo inversiones con tecnologías no renovables.

Por último, tampoco se concretaron las interconexiones energéticas que podrían haber reducido la dependencia de España a las fuentes de energías primarias y que abastecen en un 75% el parque de generación española. Las inversiones en almacenamiento e interconexiones de gas***** promovidas por las centrales de ciclo combinado han quedado ociosas en relación a las necesidades. La falta de interconexiones con el resto de Europa no permite rentabilizarlas. En suma, el mercado eléctrico, en este aspecto también, desordenó y despilfarró recursos financieros encadenando inversiones de arrastre que hoy se encuentran excedentarias.

El modelo de apertura indiscriminada del mercado eléctrico ha fracasado, es un conjunto de despropósitos. No es eficiente en precios, no promueve tecnologías ajustadas a la demanda, es medioambientalmente cuestionable, no promueve la seguridad energética de suministro, genera pobreza energética y no asegura en el largo plazo ni la calidad ni la confiabilidad. Es decir, estamos ante un modelo no sostenible en el mediano plazo, exactamente al revés de lo que se dijo en el momento de liberalizar el sector.

El Estado debe reconsiderar el tratamiento del servicio eléctrico para conseguir todos los objetivos en los que el mercado eléctrico ha fracasado. La energía en general, y la electricidad en particular, es un problema de Estado, de derechos de los ciudadanos y es obligación de los gobiernos ejecutar políticas que conduzcan a ello de forma sostenible con el interés general.

 

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor.

[*] Endesa, Fecsa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Iberdrola, Sevillana y Unión Fenosa

[**] Fue el nombre con que se conoció el marco regulatorio con el que funcionó el sector eléctrico entre los años 1988 -97

[***] Endesa, Iberdrola y Gas Natural

[****] La curva de oferta se constituye de acuerdo a las cantidades y precios de energía eléctrica ofertada y la curva de demanda sobre la base de las cantidades y precios demandados por los distribuidores. Ambas curvas van en sentido opuesto. La de oferta es creciente según el  precio y la demanda lo contrario. Cuando se cruzan, ahí está el precio de equilibrio. Los generadores reciben el precio de la última unidad, central que establece el precio de equilibrio, aún cuando el precio de las primeras en ofertar lógicamente fuese menor.

[*****] Siete Regasificadoras en la península y dos gasoductos: uno con Argelia y otro con  Marruecos.

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