Los neoliberales y la aversión al riesgo
Hace unos días se anunció en los medios, con importante repercusión, que Areva y Électricité de France (EDF), la industria nuclear y la operadora de electricidad estatal francesa, acababan de firmar en Londres, en colaboración empresarial con el Gobierno chino, un proyecto de construcción de un complejo nuclear de 3200 MW de potencia en la región de Hinkley Point, Somerset, en el sudoeste de Inglaterra.
Se trata del relanzamiento de un antigua propuesta paralizada desde la moratoria nuclear aprobada hace 27 años y que puede cubrir el abastecimiento eléctrico del 60% de la población de la capital inglesa. Una planta que se terminará en el 2023 y estará operativa 60 años más. EDF, la futura operadora de la central, se ha asegurado para los 25 años siguientes a la entrada en funcionamiento el precio de 110 euros por megavatio hora (MWh), 92,5 libras, a percibir por la energía eléctrica que va a producir. Es más del doble de los 42 euros por MWh que cuesta hoy generar electricidad en el Reino Unido. Además, ha convenido la actualización de la tarifa por inflación.
Según algunos analistas críticos, estos números van a permitir a EDF obtener un retorno sobre el capital invertido de entre el 20% y el 35%. En un máximo de 5 años recuperarán el dinero dispuesto y después serán todas ganancias limpias. Aunque la diferencia entre el periodo de recuperación del seguramente poco dinero a desembolsar y el precio en firme por el cuarto de siglo siguiente asegura el ratio de cobertura de deuda comprometido con los financiadores, esto es, el repago del préstamo de largo plazo de la central. El costo de construcción estará en torno a los 16.500 millones de euros, unos 5000 mil euros por kilovatio (kW) instalado, el doble de lo que se pagaba unos cinco años antes. El accidente de Fukushima incrementó sustancialmente, por reforzamiento de medidas de seguridad, el coste de inversión en nucleares.
Dejando de lado los riesgos potenciales implicados en el uso de la energía atómica para el ciudadano y el medio ambiente y que el tsunami de Japón ha actualizado dramáticamente, Hinkley Point es una enorme inversión de capital garantizada, sin riesgo, asumida por un consorcio inversor que libera al sector público de un importante desembolso a corto plazo, a cambio de comprometer a todos los ciudadanos, sin distinción rentista y, por lo tanto, injusta, en el repago del proyecto a largo plazo.
Al garantizar a EDF un precio final de la energía para 25 años, lo que se hace es asegurar, atado y bien atado, el cobro, incluidos los beneficios, a todos los que intervienen en la cadena de valor del negocio energético. En especial quedan cubiertos comercialmente los fabricantes de bienes de capital y constructores nucleares, los grandes del sector: Areva, Alstom y otros como General Electric o Siemens, que seguramente estarán entre los suministradores tecnológicos claves, directos e indirectos, del equipamiento industrial con los que estará dotada la central.
Son los consumidores, los pagadores finales de la electricidad, los que cargarán con el riesgo y quienes posibilitarán la recuperación financiera de todos los implicados en este proyecto eléctrico: fabricantes de equipo, de material auxiliar; constructores, asesores, operadores, etc. Incluidos particularmente los grandes bancos, que se asegurarán de que la tarifa eléctrica alcance para el pago periódico de los intereses y cuotas de amortización de la deuda. Primero los contratistas industriales y después los financiadores; todos ellos cobrarán y recuperarán la inversión con altas tasas de rentabilidad y sin apenas arriesgar.
Otro ejemplo de esta extraña y contradictoria forma de afrontar la “aversión al riesgo” de los neoliberales es el tema de las autopistas españolas y, en general, del desarrollo de infraestructuras básicas. En unas recientes declaraciones, José Luis Feito, presidente de la patronal de autopistas de peaje de España, Aseta, advirtió de que es el momento para que el Gobierno afronte definitivamente el problema de déficit de las autopistas radiales de 3.800 millones euros. Sin embargo, el mensaje no era en relación al potencial riesgo en el cobro de aquellas cifras por parte de las constructoras españolas propietarias de las concesiones.
Estas autopistas se hicieron bajo la modalidad comercial de “peaje en sombra”, es decir, estableciendo a priori un canon en función de un flujo previsto de tráfico suficiente para cubrir la inversión en capital de las constructoras, la deuda, la operación y el mantenimiento de éstas. El tráfico en algunas de ellas no supera ni el 20% de lo calculado. Y aunque los ingresos están muy por debajo de lo planeado inicialmente, en los contratos se establecen los desfases presupuestarios y las fórmulas correctivas para que los inversores recuperen el capital invertido.
La patronal del sector va más allá y quiere aprovechar las circunstancias para generalizar el cobro de un peaje o pago de uso al conjunto de autovías, construidas en su momento con fondos europeos, para financiar, sin riesgo y a largo plazo, la construcción y mantenimiento de autovías. Más lo segundo que lo primero, dada la saturación existente en relación a su utilización. Han calculado una tarta de negocio próxima a los 14 mil millones de euros para una red ya construida de 15 mil kilómetros.
La construcción de hospitales por la fórmula de los ingresos capitativos que surgen de multiplicar tarjetas sanitarias de usuarios en el ámbito de influencia geográfico de éstos por un precio, una tarifa, por cada paciente atendido según un estándar de enfermedades previamente calculado apunta a lo de siempre: asegurar ingresos “en sombra” para un retorno con superávit de capital al conjunto de agentes económicos privados involucrados en la inversión en ese sector. Sólo entre Madrid y Cataluña, en el hipotético caso de que se entregara toda la atención sanitaria a la iniciativa privada por los procedimientos indicados, el volumen de negocio, sin riesgo, se aproximaría a los 15 mil millones de euros. Las tres noticias, los tres ejemplos comentados, completan un volumen de negocio de más de 46 mil millones de euros.
Este capitalismo de nuevo cuño, de corte neoliberal, no asume absolutamente ningún riesgo. Y si éste existe y emerge el peligro de las pérdidas, se crean los suficientes mecanismos de reformulación para trasladar la incertidumbre al usuario y nunca al operador o inversor. Es decir, la seguridad jurídica para el capital y el riesgo, o peor porque es incertidumbre social, no financiera, para los débiles. Al revés de lo que solemos oír.
Dónde esta el modelo neoliberal, ese que entiende y afirma abusivamente que “el progreso y el bienestar que fundamenta las libertades individuales se consigue con la libertad completa de mercado y comercio” (David Harvey). “Desembridar” al capitalismo de las decisiones estatales en materia de inversión y acumulación de capital porque el Estado no puede rivalizar con las señales que provienen de libre actuación de los agentes en el mercado.
Pero esta supuesta premisa teórica neoliberal no parece ser del todo coherente en esta etapa de crisis intensa del modelo capitalista. Por el contrario, se requiere del concurso del sector público para prevenir el riesgo empresarial y preservar el valor del capital. Por lo menos, y con mucha seguridad, en las grandes inversiones. Los ejemplos se multiplican y muchas veces se presentan como fórmulas de colaboración público privadas en las que se aparenta un riesgo compartido.
Los viejos liberales del siglo XVII y XVIII defendían la libertad individual para legitimar el Estado liberal burgués, la sociedad civil nacida del agotamiento del modo de producción feudal estructurado en clases nobles y siervos campesinos. El poder absolutista era incompatible con la revolución burguesa y el capitalismo naciente. Los padres fundadores de la doctrina liberal querían que los hombres “se encuentren naturalmente… en un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca” (John Locke en Ensayos sobre el gobierno civil).
El “empresario” capitalista, en lenguaje de hoy, se apropió de los medios de producción y los hasta entonces campesinos, huérfanos de herramientas, se trastocaron en trabajadores libres a disposición de quien quisiera contratarlos. “Pero, aunque ese estado natural sea un estado de libertad, no lo es de licencia; aunque el hombre tenga en semejante estado una libertad sin límites para disponer de su propia persona y de sus propiedades…”. John Locke dixit.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.
