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España autoriza transferencias de material militar de Israel tres meses después de la aprobación del embargo

El Airbus A330MRTT del Ejército del Aire, para el que España autoriza transacciones de material militar y de doble uso de Israel

Olga Rodríguez

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Tres meses después de la aprobación del Real Decreto-ley que establecía “medidas urgentes contra el genocidio en Gaza” y prohibía la importación y exportación de armamento con Israel, el Gobierno español ha hecho uso de la cláusula que permite establecer excepciones y ha dado luz verde a transferencias de “material de defensa y doble uso” israelí para Airbus. Así lo indica la referencia del Consejo de Ministros celebrado el pasado 23 de diciembre y publicada en la web de Moncloa.

En el texto, el Gobierno señala que esta decisión se adopta “de manera excepcional” en virtud del propio Real Decreto-ley de septiembre, en el que se permiten “excepcionalmente” transferencias de armamento y de doble uso –desde y hacia Israel, así como tránsitos– en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales”.

La referencia del Consejo de Ministros indica que Airbus usará este material para “los siguientes proyectos aeronáuticos, con gran potencial industrial y exportador: A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP”. No ofrece detalles sobre los productos ni sobre las empresas armamentísticas israelíes con las que se acuerdan estas transacciones.

El Gobierno español señala que estos proyectos de Airbus “se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y para preservar miles de empleos de alta cualificación en España” y asegura “que no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles”.

También afirma que “las empresas afectadas están implementando el Plan de desconexión de tecnología israelí liderado por el Ministerio de Defensa”.

Sobre las transacciones, fuentes no oficiales consultadas por este medio indican que, en el caso de los aviones C295, podría tratarse de los radares ELM-2022A de Elta Systems, filial de Israel Aerospace Industries (IAI), la mayor empresa aeroespacial israelí, con sistemas para uso civil y militar.

Para los drones SIRTAP, que se ensamblan en las instalaciones de Airbus de Getafe, el programa quería contar con el radar de la israelí ELTA, filial de IAI. En cuanto a los aviones cisterna A330 MRTT, Emiratos Árabes Unidos ha seleccionado recientemente sistemas de autodefensa de la empresa israelí Elbit.

Dicha autorización se concede de manera excepcional, previo informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso para los siguientes proyectos aeronaúticos, con gran potencial industrial y exportador: A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP

Gobierno de España

Amparo en la Ley de Secretos

Para que el Consejo de Ministros haya autorizado estas transacciones de armamento y de material de doble uso, antes ha tenido que recibir el visto bueno de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa, cuyas actas son clasificadas como secretas desde un acuerdo alcanzado en 1987, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

En septiembre, cuando se dio a conocer el contenido del Real Decreto-ley, las organizaciones civiles que integran la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel denunciaron que el comercio armamentístico con Tel Aviv continuaría y alertaron de que, debido al secretismo en torno a este tipo de transacciones, “no se podrán conocer los argumentos que se usen para declarar su excepcionalidad”.

“Intereses generales nacionales” es un concepto parecido al empleado alguna vez en 2024 y 2025 por el Ministerio de Defensa para recibir envíos de material militar israelí. Entre octubre de 2023 y mayo de 2025 el portal DataComex de Comercio de España justificó varias importaciones de armamento de Israel apelando a “necesidades de la defensa nacional” o que estaban asociadas “a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”.

Extracto del texto publicado tras la aprobación por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de transacciones con la industria militar israelí

Denuncias de organizaciones civiles

En un comunicado emitido este fin de semana, la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, apoyada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil, denuncia que la luz verde a nuevas transacciones con Israel “demuestra lo que alertamos desde hace meses: que este Real decreto-ley no es un embargo integral de armas a Israel”.

“Cada cláusula de excepción es un agujero por el que se cuela la complicidad. No es un texto que frene todo el comercio de armas con Israel”, advierte esta campaña, impulsada por la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).

Estas organizaciones han vuelto a solicitar “a la Mesa del Congreso y, en especial, a PSOE y Sumar” que cierren el periodo de enmiendas del Proyecto de Ley y la Proposición de Ley para poder enmendar cada uno de estos agujeros y lo conviertan de verdad en un embargo integral de armas a Israel“.

Varias entidades de la campaña subrayan que desde octubre de 2023 la mayor parte de las transacciones armamentísticas con Israel “fueron justificadas como excepcionales”. “Y así, justificándolo como imprescindible y excepcional, España adjudicó más de mil millones de euros en contratos armamentísticos a Israel, firmó 46 contratos de adjudicaciones de compra y llegó a ser el país de la UE que más armas y municiones importó de Israel entre febrero y mayo de 2025”.

El SIRTAP de Airbus

El Real Decreto-ley aprobado en septiembre para regular el comercio de armas con Israel veta la importación y exportación pero permite autorizaciones de transacciones de armamento como esta y no prohíbe la contratación con la industria militar israelí –o con sus filiales o intermediarios– ni la asistencia financiera a la misma.

Sí incluye “la denegación de autorizaciones al tránsito” por territorio español de armamento para Israel, aunque no establece protocolos específicos de inspección para vigilarlo, ni prohíbe las escalas de barcos que cubren habitualmente las rutas de suministro a Israel.

Las organizaciones civiles que vigilan este tipo de tránsitos y transbordos advierten de que no hay suficientes mecanismos para detectarlos. Desde la aprobación del Real Decreto-ley en septiembre hasta hoy varios barcos que participan en estas rutas de envío de armas a Israel han seguido pasando por aguas españolas. Algunos también han hecho escala en territorio español antes de recoger material militar en otros puertos para transportarlo a Israel.

Las medidas aprobadas en septiembre por el Gobierno español no están vinculadas al cese de los crímenes israelíes, por lo que las restricciones al comercio armamentístico con Israel pueden levantarse en cualquier momento, por decisión del Consejo de Ministros.

Esta autorización demuestra lo que alertamos desde hace meses: que este Real decreto-ley no es un embargo integral de armas a Israel

Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel

“El genocidio continúa”

En los dos últimos meses el Ejército israelí ha matado a más de cuatrocientas personas en Gaza, muchas de ellas niños, y a decenas más en Cisjordania. Otras 1.114 personas han resultado heridas en la Franja.

Israel sigue limitando severamente la entrada de ayuda, obstaculizando las operaciones a gran escala de Naciones Unidas y sus agencias asociadas. Además, el Gobierno de Netanyahu ha aprobado la construcción de otros diecinueve asentamientos en Cisjordania.

La Corte Internacional de Justicia ha señalado la ilegalidad de la ocupación israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este y ha pedido a los Estados que adopten “medidas para suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la misma, así como a la segregación racial israelí, definida como tal por la Corte.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o la israelí B'Tselem han denunciado este mes de diciembre que "el genocidio no ha terminado"

La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, así como numerosos juristas, resaltan que la propia transferencia de población del Estado ocupante –Israel– al territorio ocupado constituye un crimen de guerra. En su último informe, la relatora de la ONU pide a los Estados la suspensión no solo de relaciones armamentísticas, sino comerciales, financieras y diplomáticas con Israel mientras siga cometiendo crímenes.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha señalado en sus informes que la adquisición de armamento y material militar israelí contribuye a engrosar las arcas de empresas armamentísticas que facilitan las actividades de las Fuerzas Armadas de Israel. También indica que este tipo de transacciones perpetúan la dependencia de productos y tecnología militar israelí.

En las últimas semanas, organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que “el genocidio en Gaza no ha terminado”. “El supuesto alto el fuego lleva más de 75 días en vigor. En la práctica, Israel sigue su campaña de matanza, destrucción, desplazamiento y control absoluto de la vida de los palestinos en la Franja”, alerta la organización israelí B'Tselem. “El genocidio continúa”, señala Amnistía Internacional en su comunicado de este mes.

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