Benidorm ante el abismo: el TSJCV blinda una indemnización urbanística de 333 millones, más del doble de su presupuesto

El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a la crisis financiera más grave de su historia reciente tras una resolución judicial que deja sus cuentas al borde del colapso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que blinda definitivamente una indemnización urbanística millonaria a favor de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL por los convenios del sector APR-7 de Serra Gelada. La cuantía reconocida asciende a 283 millones de euros de principal, pero la cifra final escala hasta los 333 millones de euros al sumar los aproximadamente 50 millones de euros generados por los intereses de demora acumulados durante años de litigio.

Esta resolución supone un golpe de dimensiones inasumibles para la administración local si se compara con su capacidad económica real. Para el ejercicio de 2026, el Ayuntamiento de Benidorm ha proyectado un presupuesto municipal de 146 millones de euros, lo que significa que la deuda reconocida por la justicia representa más del doble de todos los ingresos y recursos de los que dispone la ciudad para prestar servicios básicos y realizar inversiones en un año completo. La sentencia del alto tribunal valenciano anula el acuerdo del pleno municipal de finales de 2022 que intentó, como última estrategia de defensa, declarar la nulidad de oficio de los convenios urbanísticos para evitar el pago.

La clave: Serra Gelada, de urbanizable a protegida

El origen de este conflicto se remonta a los planes urbanísticos de los años 60 y 90, cuando estos terrenos fueron clasificados como suelo urbano. En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural, trasladando la edificabilidad de esos suelos a otros sectores urbanizables del municipio; una decisión muy controvertida, rechazada entonces por el PSOE, que advirtió de que se estaban creando derechos indemnizables y asumiendo competencias que correspondían a la Generalitat.

Y la protección se materializó cambiando drásticamente la realidad con la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada en 2005, que blindó medioambientalmente el paraje y convirtió esas tierras en suelo no urbanizable de especial protección, dejando los derechos de los propietarios en un limbo jurídico.

Pese a ello, el convenio se mantuvo vigente y fue renovado en 2010, ya con el gobierno socialista de Agustín Navarro, ante el riesgo cierto de una condena millonaria si se rompía, renovación que volvió a contar con el apoyo explícito del PP y del actual alcalde Toni Pérez. El giro se produjo a partir de 2013 y, sobre todo, desde 2015, cuando Pérez llegó a la alcaldía y promovió un cambio radical de posición, impulsando la anulación del convenio que él mismo había defendido durante más de una década.

El gobierno de Pérez consideró que el aprovechamiento no estaba consolidado, mientras que los tribunales han ido acumulando fallos en sentido contrario. La justicia ha determinado finalmente que el consistorio debe responder patrimonialmente por unas decisiones que transformaron activos urbanos en espacios protegidos sin resolver la contrapartida económica pactada.

Seguridad jurídica

El TSJCV fundamenta su decisión actual en el principio de seguridad jurídica y en la doctrina de la cosa juzgada, señalando que el Ayuntamiento no puede utilizar una revisión administrativa para eludir una sentencia firme previa que ya había validado la licitud de aquellos acuerdos. Según el tribunal, la administración local está obligada a cumplir con lo juzgado, imposibilitando cualquier maniobra para invalidar unos convenios que ya cuentan con el respaldo de la justicia. Declarar la nulidad de los convenios en este momento resultaría un acto estéril, dado que no podría alterar las indemnizaciones ya fijadas por la vía judicial.

La situación deja al gobierno local en una posición de extrema vulnerabilidad, ya que la ejecución de esta sentencia obligará a un replanteamiento total de las finanzas municipales. El fallo subraya que la administración debe someterse a la ejecutividad de lo juzgado, protegiendo la confianza legítima de los propietarios que cedieron sus suelos hace más de 20 años.

Con esta decisión, Benidorm queda expuesta a un escenario en el que se encuentra en manos de la negociación con el promotor urbanístico. La empresa, con la justicia de su parte, si no cede expondría al Ayuntamiento a una situación de intervención o de necesidad de auxilio financiero externo, al tener que afrontar una responsabilidad patrimonial que desborda por completo su realidad presupuestaria y compromete el futuro de las inversiones públicas en el municipio.

De momento el Ayuntamiento de Benidorm ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional e incluso la vía europea en caso de no conseguir un resultado favorable.