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Alaya abre cuatro nuevas líneas de investigación ante "bolsas de fraude" en la formación

La jueza habla de "entramados empresariales" beneficiados de diferentes subvenciones y "determinados fraudes en los consorcios entre administraciones", y alude a las subvenciones para la recolocación de los extrabajadores de Delphi y para acciones formativas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Alaya declara el secreto parcial de la causa tras recibir un "detallado atestado" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a fin de "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones".

Alaya dejará el caso de los ERE porque se traslada a la Audiencia de Sevilla

Con los ERE en el TSJA y en el Supremo, el juzgado de Alaya reactiva el caso de los cursos de formación. La jueza ha declarado el "secreto parcial" de la causa que investiga el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía. Basándose en un "detallado atestado" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma haber detectado "varias bolsas de fraude" relativas a "entramados empresariales" beneficiados de diferentes subvenciones, "determinados fraudes en los consorcios entre administraciones", subvenciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y subvenciones para acciones formativas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

La instrucción había tenido hasta ahora como principal objetivo las empresas de Ángel Ojeda, exconsejero de la Junta en los 80 y cuyos "contactos" le sirvieron presuntamente para tejer una red de cursos y entidades que se beneficiaban de las subvenciones públicas andaluzas en la materia. Ojeda fue detenido el pasado verano, e imputado en septiembre.  Alaya, en un primer auto en el que imputó a otro exconsejero, Antonio Fernández, atribuyó a la Junta de una tacada nada menos que mil millones sin justificar entre 2008 y 2011.

Ahora, Alaya alude a la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración". Cabe recordar en este sentido que Alaya preguntó a Montes, que declaró como testigo tras denunciar el caso, si el PSOE se "financiaba" a través de la Faffe, una cuestión denunciada por el PSOE-A al entender que la jueza estaba tratando de "vincular" el caso de formación a la financiación del partido y que el CGPJ está aún estudiando.

Alaya también alude a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones". "Estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento". Al respecto, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida por la UCO, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".

La Faffe, "un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE"

En tercer lugar, la jueza enumera "las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas", en virtud del protocolo de colaboración firmado en julio de 2007 entre la Junta y los sindicatos "con objeto de desarrollar un 'Dispositivo de Tratamiento Singular' que contemplaba un Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, como consecuencia del cierre de la factoría de Puerto Real y su industria auxiliar".

Dicho plan se desarrolló en cuatro fases y contó con una serie de subvenciones extraordinarias para formación (siete subvenciones otorgadas por el SAE a la Faffe por 35,9 millones) y contratación (otorgadas por el SAE a una serie de empresas por un importe total de 70 millones de euros), según relata la jueza en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía.

Por último, en relación a las subvenciones otorgadas a la Faffe, la jueza señala que "llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración". "Estos empleados, con ocasión de la disolución de la fundación, pasaron a ser empleados públicos", recalca Alaya.

"La única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE, en su mayoría con carácter nominativo o extraordinario, presentando graves irregularidades en lo que a la justificación de las mismas se trata", dice la juez, que añade que "entre estas irregularidades se encuentran las siete subvenciones otorgadas dentro del Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno (Delphi)". A ello se suma que la Faffe "recibió dos subvenciones nominativas en 2009 y 2010 por importe de 25,5 y 24,3 millones, respectivamente, sin que haya presentado justificación", unas "irregularidades" que se pusieron de manifiesto en los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La jueza pide detallada información al SAE

Alaya, por otro lado, ha librado mandamiento a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de que informe sobre las relaciones comerciales, "tanto con clientes como con proveedores, declaradas por la Faffe, como por las empresas beneficiarias de subvenciones en el denominado 'caso Delphi'", entre las que cita a un total de once, como Gadir Solar, Asociación de Empresas Aeronáuticas o Fundación Forja XXI, entre otras.

Y reclama a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo que, "a resultas de la labor de revisión de expedientes de subvenciones de acciones formativas sin justificar que está acometiendo desde febrero de 2014", informe "de las deficiencias observadas en dichos expedientes, pues entre otros extremos la falta de control por la Administración del uso generalizado de las resoluciones de exoneración pudieron provocar gastos inflados o inexistentes por parte de los beneficiarios". No obstante, estos últimos "recibían el pago íntegro de sus subvenciones, a la vez que podrían serle otorgadas otras nuevas, pues los fondos para formación las acciones formativas se incrementaron considerablemente a partir del 2007".

En otro auto, y según informa Europa Press, Alaya pide al SAE distinta documentación sobre la Faffe referida al periodo comprendido entre 2003 y 2011, ya que, "a la vista de que ha sido beneficiaria de multitud de subvenciones a la formación, el estudio de la misma y de la regularidad de las subvenciones concedidas forma parte de la investigación, ante las actuaciones ilegítimas expuestas por el director del Departamento de Gestión".

Así, le pide información sobre nombramientos y ceses de patronos de la fundación, nombramientos y ceses de los miembros del Consejo de Dirección, actas del Patronato, actas del Consejo de Dirección, modificaciones presupuestarios de la Consejería de Empleo relacionadas con la financiación de Faffe, y los presupuestos y ejecuciones presupuestarias anuales de la fundación.

De igual modo, solicita a la Junta información sobre los presupuestos y ejecuciones presupuestarias anuales de la Faffe, planes de actuación, cuentas y memorias anuales, todas las resoluciones de concesión de subvenciones destinadas a la Faffe "comunicadas individualmente a la fundación", relación de puestos de trabajo "detallada por centros" y, en cuanto a la contabilidad, el Libro Mayor, el Libro Diario y el balance de sumas y saldos.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que el secreto de las actuaciones "será por el tiempo imprescindible, no superior a un mes", para que la UCO "complete las investigaciones iniciadas" y "con el fin de evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones" de la Benemérita.

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