Andalucía prohibirá a los supermercados tirar el excedente de alimentos
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley integral de Agricultura, una norma que viene a sustituir la gran reforma agraria de 1984, y que permitirá a la Junta multar a las grandes superficies comerciales que tiren sus excedentes alimenticios. La norma introducirá un reglamento para que los supermercados se doten de planes de aprovechamiento de sus sobras, obligándoles a destinarlos a ONGs. Según cálculos de la Consejería de Agricultura, en Andalucía se desperdician alrededor de 180 kilos de alimentos por habitante al año, de los cuales sólo un tercio se derivan a organizaciones sin ánimo de lucro.
La Ley integral de Agricultura es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Susana Díaz, que viene a regular uno de los motores de la economía andaluza. La norma está en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Ciudadanos, pero también formó parte del pacto de Gobierno de los socialistas con IU en la anterior legislatura. El texto que este martes ha llegado al Consejo de Gobierno casi nada tiene que ver con el borrador inicial, que se conoció hace seis años. La tramitación ha estado salpicada de inconvenientes -con duros informes en contra del Consejo Económico y Social- que ha dilatado su aprobación.
Ahora inicia su tramitación parlamentaria por la vía ordinaria, de modo que difícilmente entrará en vigor en esta legislatura, además las medidas más concretas de la ley -como la que implica a los supermercados- depende de un posterior desarrollo reglamentario. El aparatoso ritmo con el que avanza este proyecto y el “volumen burocrático” que introduce son las dos quejas principales de las organizaciones agrarias andaluzas.
La norma andaluza pretende regular toda la cadena agroalimenticia, desde la producción hasta la distribución. La Junta emula una norma pionera en Francia, la prohibición a las grandes superficies comerciales de arrojar los excedentes de alimentos a la basura y deberán donarlos a ONGs o destinarlos al compostaje o reutilización. El proyecto de ley establece como infracción muy grave los abusos de posición dominante de las grandes cadenas de distribución mediante la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar el mayorista. Esta práctica, que se conoce como “venta a pérdida”, sólo se sancionaba hasta ahora en el ámbito del comercio pero no en el origen, y tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.
La Junta también prevé aumentar los controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador. Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Fin al banco público de tierras
El proyecto de ley que inicia ahora su tramitación parlamentaria está muy lejos del primer borrador inicial que pactaron PSOE e IU en el mandato anterior. Aquel texto abría la puerta a la expropiación de tierras privadas infrautilizadas por grandes terratenientes andaluces (caso de la Casa de Alba) que pasarían a ser gestionadas por la Junta a través de un banco público de tierras. La Consejería de Agricultura ha fulminado la idea de crear un banco público de tierras y en su lugar ofertará sus terrenos a través de un concurso público para garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad de la adjudicación, dando prioridad en el acceso a compra a jóvenes y mujeres, con objeto de revitalizar el campo andaluz, además de desempleados agrarios, ayuntamientos y ONG con proyectos de economía social.
La norma regulará la enajenación de tierras públicas a través de la venta directa o el arrendamiento, o bien con la cesión de su uso. La idea es que sirva de revulsivo para el sector agrícola, uno de los motores de la economía andaluza. La Junta es una de las mayores latifundistas de la región, cuando inició este proyecto de ley declaró tener en propiedad 10.000 hectáreas de tierras públicas cultivables, aunque este martes ha rebajado esa cifra hasta las 4.500 hectáreas.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) eleva la extensión hasta las 20.000 hectáreas (aunque reconoce que sólo la mitad serían cultivables). La escasa productividad de las tierras públicas es la excusa que cada año utilizan los veteranos dirigentes del SAT José Luis Sánchez Gordillo y Diego Cañamero para ocupar las fincas propiedad de la Junta y exigir a la presidenta, Susana Díaz, que las ponga “al servicio del pueblo” (ambos tienen causas judiciales abiertas por esas ocupaciones).
La Consejería de Agricultura siempre ha negado que sus tierras fueran baldías, defiende que la mitad están siendo trabajadas por cooperativas o ayuntamientos, o bien gestionadas directamente por la Agencia pública de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). En estos terrenos, según la Junta, se crean 5.000 jornales al año, un 0,1% del total de la superficie agraria útil de Andalucía. La cooperativa agraria Asaja pone en duda estos números y el SAT denuncia que el 50% de la tierra cultivable en esta región está en manos del 2% de propietarios privados, y teme que los terrenos que la Junta sacará a concurso público podrían acabar en manos de “especuladores y grandes empresas”.
La futura ley andaluza de agricultura busca controlar un sector capital para la economía de Andalucía, que representa el 8% de su PIB (9.200 millones de valor añadido), el 10% del empleo de la comunidad (240.000 trabajadores) y más de la tercera parte de exportaciones. La industria agroalimentaria, con más de 7.000 empresas –pymes en más de un 90%– acapara el 24% del empleo y el 18% de valor añadido del sector industrial manufacturero en la comunidad autónoma. Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos. La agroindustria andaluza es la segunda más importante de España en términos de valor añadido y concentra el 18,3% de las empresas y establecimientos industriales del sector a escala nacional, además de constituir el motor económico de numerosas comarcas rurales. Sus ventas al extranjero, casi 11.000 millones de euros en 2017, suponen uno de los principales capítulos del comercio exterior de la comunidad.
