Adolfo Barroso, persona con discapacidad intelectual, vota por primera vez y se adelanta a la ley
Con 31 años, Adolfo Barroso podrá votar por primera vez en su vida el 2 de diciembre en las elecciones autonómicas de Andalucía. Exhibe con orgullo el fallo que le permite hacerlo después de una larga pugna en los tribunales porque él, como en torno a 100.000 personas con discapacidad intelectual en España, se vieron privados del derecho a voto, en la mayoría de los casos sin saberlo, cuando un juez declaró que debían ser tutelados.
Es de los que podrá hacerlo sin tener que esperar a que culmine la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) aprobada el pasado 18 de octubre por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con tanta dilación tras años de demandas y de promesas, que no dará tiempo a que esté para el 2D para las 10.000 personas que se calcula que en Andalucía están en esta situación, porque la tramitación no ha concluido. Sin embargo, él no tendrá que esperar a esta reforma porque ya llevaba años pugnando por ello y los tribunales le dieron la razón hace unos meses.
El camino que se ha abierto en España con la modificación de la Loreg, continuará en otros países de la UE que tienen también a personas privadas de este derecho: Alemania y Francia ya han prometido corregirlo. Llega una década después de que España ratificara la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación garantizar que puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, incluido los sufragios activo y pasivo. Varias veces ha tenido que llamar la ONU la atención a España hasta que se ha dado este paso.
La velocidad de la luz y Catalina la Grande
Este joven se dio cuenta de que no podía votar cuando en 2007 fue a hacerlo “en el referéndum del Estatuto de Autonomía”. Pero había sido borrado del censo. El proceso para él “ha sido lento y cansado, con mucho papeleo y visitas a los juzgados”. Entre otras cosas, exámenes, como cuando le preguntaron cosas como “cuál es la velocidad de la luz o quién es Catalina la Grande”, lo que recuerda entre bromas porque no entiende muy bien “qué tiene que ver eso con la política”.
“Me parece un derecho que es importante que podamos tener todos los ciudadanos sin importar que sea discapacitado o no. Si sabes lo que quieres votar y qué hacer con el voto, es positivo”, insiste. También tiene sus demandas. “Una de las cosas que se le puede pedir a los políticos es que la información sea accesible para todos porque hay gente que a lo mejor no sabe llegar bien a los sitios, o que ponen la letra muy pequeña, y se hacen un lío. Necesitamos la lectura fácil y que nos tengan más en cuenta como colectivo”, remarca.
Desde Plena Inclusión, que ha batallado por este derecho, apuntan que con ello “gana toda la sociedad” por tener a personas con discapacidad incluidas dentro de su contexto y participando. “Desde hace siete años, Plena inclusión, a través de su campaña #MiVotoCuenta, ha tratado de concienciar a la ciudadanía y los poderes públicos sobre la discriminación que han sufrido las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sometidas a procesos de incapacitación, a las que se sacaba del censo de forma automática”, apuntan desde esta organización.
Del caso de Adolfo Barroso, como de otros muchos, se ha encargado Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). Cuenta que hasta la fecha se han ganado “varias de decenas” de casos en los tribunales, lo que no ve raro porque los autos de incapacitación son revisables, como puede ocurrir por ejemplo con un convenio de custodia de menores tras una separación, por comparar.
Explica que por lo general las familias inician el proceso para nombrarles un tutor cuando una persona con discapacidad es mayor de edad “y tiene que tomar decisiones económicas o personales, y lo hacen para velar por sus intereses”, porque temen que sean más vulnerables para posibles engaños o estafas. La trampa ha estado en que durante años -porque en los últimos la presión de distintos colectivos ha contribuido a evitar esta “coletilla”- eso ha llevado automáticamente a retirarles también el derecho a voto.
En su opinión, para personas como Adolfo Barroso poder votar “les reconoce como ciudadanos de pleno derecho y para ellos es un triunfo muy importante y que valoran mucho”. Incluso pese a que él ha oído en juicios preguntar a personas con discapacidad que para qué quieren votar si no les interesa la política. “Ni más ni menos que por es un derecho democrático básico”, concluye.
