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Un informe de la Universidad de Córdoba avala la Ley de la Función Social de la Vivienda

El estudio sobre su constitucionalidad ha sido desarrollado durante meses por el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios y sus alumnos lo han entregado este jueves en el Parlamento de Andalucía.

El equipo de investigación también ha elevado una propuesta de cambio del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para paralizar lanzamientos de por razones humanitarias.


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Estudiantes de la UCO con informe contra el recurso de la Ley Antidesahucios.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha elaborado un informe de más de 250 folios que avala la constitucionalidad de la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía pero suspendida en muchos de sus artículos por el recurso presentado en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación. Un resumen de este estudio, llevado a cabo por el  Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la UCO, se ha presentado este jueves en el Parlamento de Andalucía, para dar a conocer a los diputados el resultado de varios meses de trabajo de los estudiantes guiados por el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez en su empeño por "demostrar con argumentos jurídicos, y no sólo con económicos como ha hecho el Gobierno de España, que la ley es plenamente constitucional".

"Entendemos que no deben confundirse los conceptos de propiedad sobre un inmueble con el concepto de vivienda como bien jurídico y derecho humano. Y consideramos que el derecho ligado íntimamente a la vivienda es el de posesión, no necesariamente el de propiedad. En consecuencia, estimamos que la vivienda que no se encuentre poseída se degrada a un mero inmueble contraviniendo su función social", ha resumido el docente para acompañar luego a los universitarios en las explicaciones que han ofrecido a los representantes de los distintos grupos parlamentarios y a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, sobre sus conclusiones.

La veintena de estudiantes que se han desplazado hasta el Parlamento de Andalucía han ido exponiendo las áreas en las que han trabajado para fundamentar el resultado punto por punto. J orge Bernetti, como portavoz del grupo de turno de mañana que se ha centrado en la también conocida como ley antidesahucios, ha apuntado que durante meses han estudiado "diferentes legislaciones tanto internacioanles como nacionales y autonómicas", así como sentencias del propio TC, para llegar a "la conclusión de que, desde el punto de vista jurídico, es totalmente constitucional" la norma que auspició la Consejería de Fomento y Vivienda. Como precedente más claro en este sentido, ponen el caso de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía donde se consiguió que primara la función social de la tierra por encima de la propiedad. 

Cabe recordar que el cuestionamiento del recurso propugnado por Mariano Rajoy no es una cosa puntual de la Junta de Andalucía o de la UCO. De hecho, el recurso salió adelante con siete votos a favor y cuatro en contra. Es decir, cuatro magistrados expresaron con voto particular sus dudas sobre la idoneidad de admitir a trámite esta impugnación sin ni siquiera pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Paralelamente, el grupo ha entregado el resultado de otro trabajo, basado en una propuesta de modificación del artículo 704 del Código de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan suspender órdenes de desahucio por razones humanitarias. Como portavoz de este grupo ha hablado la estudiante Inmaculada López, quien ha deseado que la propuesta pueda ser estudiada en el Congreso de los Diputados -dado que la ley compete al Gobierno de la Nación- porque paliaría gran parte del drama. "Si una ley orgánica se puede hacer en un día, ¿por qué no esta modificación fácilmente asumible?", se ha preguntado.

La consejera, por su parte, ha agradecido estos estudios "nacidos de la inteligencia colectiva" y de la implicación de los universitarios con los problemas de los ciudadanos. Ha dicho que  su consejería "estudiará a fondo" sendos trabajos porque el objetivo último "es defender el derecho humano a la vivienda", frente a una cruda realidad que se ha visto en 2013 con un aumento de los desahucios, "lo que muestra el fracaso de la ley que aprobó el Gobierno de la Nación".

Este laboratorio (Premio Aula Abierta 2013) es un proyecto de innovación docente y divulgación científica que se dio a conocer cuando presentó 11 medidas de reforma admitidas a trámite en el Congreso de los Diputados. Se había creado apenas unos meses antes a raíz de la trágica noticia de una persona que se quemó a lo bonzo en Málaga cuando iba a ser desahuciada. Desde entonces ha divulgado sus soluciones y la necesidad de compromiso social desde el mundo universitario. 



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