Montero acusa al Gobierno andaluz de mentir con las ayudas prescritas y exige denunciarlo ante el Tribunal de Cuentas
La ministra de Hacienda y número uno del PSOE por Sevilla en las elecciones generales, María Jesús Montero, ha hecho confluir en el mismo salón a sanchistas y susanistas en una conferencia organizada por la Cadena Ser en la capital que ha despertado mucha expectación. Las dos familias socialistas que se disputan el control de la potente federación andaluza sentadas, frente a frente, en una mesa redonda.
Montero ha compartido desayuno con la guardia de corps de Susana Díaz (la única que ha faltado), con los que ya compartió Gobierno antes de integrarse en el gabinete de Pedro Sánchez. En el mismo mantel, el ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, y la líder socialista de Sevilla, Verónica Pérez; y enfrente, dos outsiders, el ex delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el actual consejero de Hacienda en el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, Juan Bravo.
Estos dos últimos personifican una tensión añadida dentro de la sala: Gómez de Celis promociona a Montero para forzar la renovación del PSOE andaluz y sustituir a Susana Díaz. Y el consejero Bravo presentó el martes un demoledor informe económico que cuestiona severamente la gestión de las cuentas públicas de la Junta, que dependieron durante muchos años de Montero. Ese informe habla de 1.867 millones de euros en ayudas sin justificar, de los cuales 905 millones tienen “alta probabilidad de que el derecho de reintegro haya prescrito”. El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, en boca de su portavoz, Elías Bendodo, asegura que “cada día prescriben 500.000 euros”en ayudas sin justificar cuyo plazo de reintegro ha expirado por la “dejadez” de la anterior Administración socialista.
Montero ha desmentido categóricamente esos datos -“eso es falso”- y ha exigido al Gobierno andaluz, “como ministra de Hacienda”, “que aclare eso de que está dejando prescribir 500.000 euros al día, porque si no se está reclamando ese dinero es grave, y puede tener responsabilidad”. Según la Ley de Hacienda, si prescriben derechos de la hacienda pública, la Junta de Andalucía estaría obligada a abrir un procedimiento de responsabilidad contable y elevarlo al Tribunal de Cuentas una vez concluya el expediente. Si no abre ese procedimiento, la responsabilidad recaería en el titular de la cartera de Hacienda, el consejero Juan Bravo, explican fuentes del Ministerio.
La ministra ha afeado a Bravo -en primera fila- y al Gobierno de Juan Manuel Moreno por seguir “una estrategia” para dar la imagen de que “todo estaba patas arriba” en la Junta cuando gobernaban los socialistas, la imagen “del caos y el despilfarro” en la economía andaluza “para justificar el incumplimiento de sus promesas electorales”. “Forma parte de su hoja de ruta hacer afirmaciones falsas. Y esto es grave, como ministra de Hacienda, me gustaría que lo aclararan”, ha dicho.
El problema de la denuncia respecto a las ayudas prescritas es que lo que denuncia el consejero de la Presidencia no aparece en el informe de la Consejería de Hacienda, ni lo defienden desde el entorno de Bravo. “Bendodo hizo sus cuentas para dar una cifra impactante a la prensa”, explican, en relación a los más de 900 millones de euros en ayudas que han prescrito, y a los 500.000 euros que prescriben al día durante 2019. El informe, difundido horas después de la comparecencia del consejero de Presidencia, no es tan concluyente como Bendodo: habla de la “alta probabilidad de que el derecho de reintegro haya prescrito”, en relación a esos 904,9 millones en ayudas con fecha de vencimiento anterior a 2015. La Junta tiene cuatro años de plazo para reclamar la justificación de las ayudas que ha concedido, y otros cuatro años más después de reclamarlos. “De los 905 millones, no sabemos qué es susceptible de devolución y qué no. Se da por prescrito ese dinero, pero no sabemos cuánto ha prescrito ni cuánto se ha perdido”, explican fuentes de la Consejería de Hacienda.
La ministra y ex consejera de Hacienda en Andalucía también ha cargado duramente con el presidente de la Junta contra sus denuncias de “fraude social” por el supuesto “maquillaje de las listas de espera” en sanidad -denuncian 500.000 andaluces sin contabilizar- y en dependencia -34.000 personas fuera de la lista. Montero ha recordado que Moreno Bonilla, en la etapa en al que fue secretario de Estado de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy, “firmó cambios en la gestión sanitaria que hizo que Andalucía dejase de percibir 2.700 millones en materia de dependencia”.
