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Andalucía reforzará la lucha para prevenir la ablación femenina en niñas inmigrantes

Unas 1.500 menores de 14 años procedentes de países donde se practica la mutilación genital viven en Andalucía, según los útimos datos del mapa nacional elaborado sobre la materia

El Gobierno central aprobó en enero de 2015 un protocolo estatal que unificó instrucciones para personal sanitario pero el Parlamento andaluz cree que se debe contar con organizaciones de mujeres y ONG implicadas en esta realidad

La ablación ya es un problema global debido a la inmigración, alerta la OMS

La ablación ya es un problema global debido a la inmigración, alerta la OMS. En la imagen, niñas de la tribu samburu del norte de Kenia. EFE

El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley promovida por el grupo socialista en la que insta al Consejo de Gobierno de la Junta a propiciar acciones de atención a mujeres y niñas sometidas a la mutilación genital y, especialmente, prevenir que niñas residentes en la comunidad autónoma sean víctimas de la ablación femenina mediante la sensibilización y formación en los ámbitos educativo, social y sanitario.

La proposición expuesta este miércoles en la comisión de igualdad y políticas sociales también promueve la elaboración de una guía de actuaciones, de carácter multidisciplinar y multisectorial, para la pevención, detección y erradicación de la mutilación genital femenina. Según el texto que ha salido adelante, se debe contar con la participación de representantes de organizaciones de mujeres y ONG implicadas en esta realidad y de las comunidades procedentes de los países en riesgo, evitando su estigmatización.

Según recuerda la propuesta, los datos de 2012 del mapa nacional de mutilación femenina recogen que residen en España 55.000 mujeres y niñas provenientes de países donde se practica la ablación, de las cuales 16.869 tienen menos de 14 años, por lo que podrían ser víctimas potenciales, 1.501 de ellas viven en Andalucía.

El Parlamento apunta que el Gobierno central aprobó en enero de 2015 un protocolo estatal donde se unificaron instrucciones en esta materia para personal sanitario si sospechan que una paciente es víctima de una mutilación genital o puede llegar a serlo. En ese punto el texto recuerda que Médicos del Mundo considera que este reglamento no debe limitarse al personal sanitario ya que se reduce el número de profesionales que puede identificar a la población en riesgo y deberían incluirse a los profesionales de los centros educativos y a los trabajadores sociales.

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