Podemos e IU apoyan al PSOE-A en el recurso de la Junta de Andalucía contra la reválida de primaria

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes en el pleno instar a que la Junta de Andalucía solicite al Gobierno de España la derogación del real decreto por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecida en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), así como la paralización de cualquier actuación o medida en este sentido y la apertura de un verdadero proceso de diálogo. Esta petición se ha producido a partir de una proposición no de ley (PNL) defendida por el PSOE-A y que ha contado con los votos en contra del PP-A y de C's y a favor de Podemos y de IU.

El PSOE-A respondía con esta PNL a la iniciativa tomada ya por el Gobierno de Andalucía que la pasada semana anunciaba que había pedido a sus servicios jurídicos que estudiaran la posibilidad de presentar un recurso en el Tribunal Supremo cotra esta reválida de primaria que se había impuesto “sin negociar” y donde faltaban “informes preceptivos”. En este sentido, la diputada del PSOE-A Adela Segura ha explicado que este real decreto, además de suponer una contradicción insostenible con los verdaderos principios de la evaluación en primaria “que debe ser continua, global, formativa y orientadora”, introduce unas obligaciones “inespecíficas e imposibles de asumir”.

Ha expuesto que, conforme a esta norma, el alumnado de primaria recibirá una calificación final expresada en términos “muy reduccionistas”. Igualmente, entiende que el establecimiento de los rankings de centros escolares que pretende el Gobierno de la Nación no contribuirá a la mejora del sistema, “sino a la discriminación y desprestigio” de los mismos.

Sin embargo, por parte del PP-A, Marifrán Carazo ha expresado que la Junta de Andalucía opta por la “confrontación” olvidando los “graves problemas” que existen en la educación en la comunidad autónoma. Por el contrario, Libertad Benítez (Podemos) ha recordado que la Lomce se aprobó sin ningún tipo de consenso, pese a que ha criticado que la PNL del PSOE-A no deja claro su posicionamiento real respecto a este tipo de pruebas, sino que genera “dudas”. Mientras, José Antonio Funes (C's) ha subrayado que la evaluación “más que como una fiscalización debe entender como una oportunidad de mejorar”. Y, finalmente, desde IU, Carmen Pérez ha considerado que esta norma es “centralista” y que supone una “discriminación social”.