Adelante Andalucía pierde la mitad de su financiación en el Parlamento tras expulsar a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados

La líder andaluza de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, durante la rueda de prensa. EFE/Julio Muñoz

El grupo parlamentario Adelante Andalucía (Podemos-IU) ha perdido la mitad de los fondos para gastos de funcionamiento que venía percibiendo como consecuencia de la expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados acusados de “tránsfugas”. El grupo original, de 17 parlamentarios, se ha quedado con ocho (seis de IU y dos independientes afines a Rodríguez) y nueve han pasado a diputados no adscritos. La asignación presupuestaria, por tanto, también se reduce a la mitad, pasando de 1,7 millones de euros a algo menos de un millón.

Los asesores jurídicos de Adelante presentaron un recurso de reconsideración a la Mesa de la Cámara para que les devolviera su presupuesto inicial, alegando que está en marcha una reforma del reglamento que introduce el Pacto nacional Antitransfuguismo. Una cláusula de ese acuerdo, suscrito en el Congreso por la mayoría de partidos, recoge que la financiación de un grupo se calculará en base a los diputados que obtengan en las elecciones, y no tengan en cuenta una posterior minoración de sus miembros si se produce una expulsión por transfuguismo (justo lo que ha pasado con Adelante y Teresa Rodríguez).

El Pleno de la Cámara ha aprobado este miércoles por amplia mayoría la toma en consideración de esa reforma del reglamento, que inicia su tramitación por la vía urgente, pero que todavía no está aprobada. La Mesa del Parlamento ha usado este argumento para rechazar el recurso de Adelante y confirmar el recorte drástico de los fondos que recibirá la coalición de izquierdas, y que le aboca a una situación económica asfixiante. En el propio recurso advertían de que si no se le devolvía la partida presupuestaria inicial, de 1,7 millones, estarían abocados a despedir a muchos de sus asesores parlamentarios y usar el dinero que les quedaba para costear las posibles indemnizaciones.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha explicado que no se podía adoptar con Adelante Andalucía “un criterio distinto” al que se aplicó hace unos meses con Vox, cuando el grupo ultraderechista dio de baja a una de sus parlamentarias, Luz Belinda Rodríguez, que pasó a ser diputada no adscrita. En este caso, el Parlamento recortó 90.000 euros al grupo Vox, que pasó de 12 a 11 miembros. Con Adelante ha ocurrido lo mismo, aunque el impacto económico es mayor, porque son más los diputados expulsados que los que permanecen en el grupo.

El ajuste presupuestario que sufrirá Adelante Andalucía -además deben repartir los fondos que les queda entre IU y Podemos, una fuerza extraparlamentaria tras la salida de Rodríguez y los suyos de la dirección regional- durará aparentemente los meses que tarde la reforma del reglamento en aprobarse. La proposición no de ley ha iniciado este miércoles su trámite en el Pleno, debe ser debatida por los grupos en la comisión del reglamento de la Cámara -donde podrá intervenir uno de los diputados no adscritos afectados, Nacho Molina- y será enriquecida con la aportación de agentes sociales y las enmiendas de los grupos. Previsiblemente regresará al Pleno para su aprobación definitiva en abril. Hasta entonces, Adelante tendrá que buscar fuentes de financiación alternativa -un crédito bancario- para evitar el despido de los trabajadores con los que cuenta el grupo en el Parlamento.

La citada reforma del reglamento de la Cámara, que hace suyo lo dispuesto en el Pacto Antitransfuguismo, ha iniciado su trámite sin debate previo -por acuerdo explícito de todos los grupos, incluido Vox que se ha abstenido por “dudas jurídicas”- y con un informe demoledor de los servicios jurídicos del Parlamento. Los letrados consideran que la reforma roza lo inconstitucional, que podría vulnerar los derechos de representación de los diputados expulsados, y que se asumen “criterios políticos” de los partidos para justificar las expulsiones que “no son objetivos ni objetivables”, que son “altamente subjetivos” y que dependen de consideraciones “sentimentales o psicológicas” de los partidos para justificar la “traición” de los diputados apartados de su grupo.

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