El conflicto laboral en Andalucía Emprende cumple diez años a la espera del Tribunal Supremo
El conflicto laboral en Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza (AEFPA), dependiente de la Consejería de Conocimiento de la Junta, está enconado desde hace ya diez años. El 1 de enero de 2009, los 700 trabajadores pertenecientes a los desaparecidos consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) se convirtieron en personal subrogado de Andalucía Emprende, sumándose a los 245 procedentes de la antigua Fundación Red Andalucía Emprende (FRAE). Desde entonces, los empleados de los exUTEDLT están luchando por tener el mismo sueldo que los exFRAE. “Las diferencias en salario anual entre personas que realizan las mismas funciones pueden alcanzar entre 5.000 y 12.000 euros por la falta de aplicación del convenio colectivo”, resume José Manuel Brenes, delegado de CCOO en el comité de empresa.
La “situación de discriminación salarial” arrastra varios encuentros infructuosos en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), un Laudo Arbitral en enero de 2017, cuatro sentencias del TSJA, una Proposición No de Ley aprobada el pasado mayo por el Parlamento y, ahora, una decisión del Tribunal Supremo, que ya ha admitido a trámite el recurso de casación de la empresa para terminar de dilucidar la cuestión.
En todo, Andalucía Emprende espera llevar a buen puerto la negociación que mantiene con UGT y CCOO y que, con el mismo fin, espera alcanzar “la equiparación salarial”, según explica a este periódico José Roales, secretario general de Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización y presidente de Andalucía Emprende.
Según Roales, se le ha pedido al Supremo “una aclaración” respecto al cumplimiento del Laudo Arbitral y su implicación con la denominada regla de gasto. Al margen de ello, el presidente de Andalucía Emprende espera llegar a un acuerdo con la negociación abierta. “Estamos en ese camino, el del acuerdo, para lograr lo más rápidamente posible la equiparación salarial”, apunta.
La opinión del representante sindical de CCOO es bastante distinta (“la empresa se cerró en banda”) e informa también de que ya hay presentadas unas 500 demandas individuales presentadas por parte del personal técnico y administrativo de los 216 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), reclamando las cantidades adeudadas y calculan que, cada mes que pasa sin ejecutarse, se genera una deuda en el presupuesto público de 800 euros/mes por trabajador. Estos empleados han optado paralelamente por esta vía antes de que se cumpla el plazo para hacerlo, a la espera de la decisión del Supremo, dentro de un “clima laboral enrarecido” desde hace años, según Brenes.
Dos huelgas
El mencionado Laudo Arbitral, elaborado por el reconocido catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, decía que, si no se podían subir los salarios, al menos se fueran igualando paulatinamente el número de horas de ambos colectivos de trabajadores, explica Brenes. “La Junta y la empresa se habían comprometido previamente, pero a Hacienda, igual que pasó en 2011 con un preacuerdo al que se llegó, no le gustó el contenido del laudo y dejó en el limbo a cientos de trabajadores”. “El TSJA ha insistido hasta en cuatro resoluciones en que se debe cumplir el laudo, pero la empresa ha llevado el asunto al Supremo”, insiste el delegado sindical.
Aparte, el Comité de Huelga de CCOO en Andalucía Emprende presentó una demanda a la fundación por vulnerar el derecho a huelga de los trabajadores tras su última movilización el pasado 11 de septiembre, en la segunda de las dos huelgas convocadas en este tiempo (la anterior, en 2017). Según el sindicato, la empresa no quiere negociar la subida salarial de estos años como mandata la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía, incrementándose de esta manera las diferencias salariales existente en la plantilla y agravándose de esta manera el conflicto tras la subrogación empresarial de 2009.
Los trabajadores esgrimen el primer convenio colectivo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, aprobado a finales de septiembre y que mejora las condiciones de la plantilla, formada por 1.904 profesionales. En dicho documento se establece un incremento de la masa salarial del 15,92% en tres años e incluye más de una veintena de cláusulas sociales relacionadas con jornadas y horarios, vacaciones y permisos retribuidos, movilidad, excedencias, igualdad y conciliación entre la vida familiar y laboral. “No sabemos por qué no se hace también para Andalucía Emprende”, lamenta Brenes.
El presidente de Andalucía Emprende, acerca de en qué plazo podría alcanzarse el acuerdo, señala que se trata de un asunto “complejo” y que depende de “informes técnicos y jurídicos” pero, según insiste, el objetivo es que se alcance “lo antes posible” la equiparación salarial que no se ha alcanzado desde 2009 en que se ejecutó la subrogación empresarial. “Tratamos de encontrar una salida formal y legal, amparada jurídicamente”, incide Roales. “Son recursos públicos y hay que tener un cuidado especial. Siempre ha habido alguna problemática particular que ha impedido que se lleve a cabo la equiparación salarial”, concluye el máximo dirigente de la empresa pública.
