La portada de mañana
Acceder
Un cambio de Pfizer y la falta de previsión ponen en riesgo miles de vacunas
Cifuentes se sienta en el banquillo con una agenda desaparecida dos años
Opinión - Entre lo urgente y lo importante, por Esther Palomera

Andalucía ningunea el boicot de Pablo Casado a la ley Celaá y rechaza adelantar la matriculación

Pablo Casado y Juanma Moreno, el pasado lunes, en Génova.

El pasado sábado, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que las cinco comunidades autónomas gobernadas por su partido adelantarían el proceso de escolarización del próximo curso escolar para esquivar la aplicación de la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. “Allí donde gobierna el PP, las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”, aseguró Casado durante un acto de partido en Murcia. La Consejería de Educación del Gobierno andaluz, en manos de Ciudadanos, se enteró en ese momento de una decisión que está entre sus competencias, y que nadie en la Junta ha barajado.

24 horas después, el Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla anunció que no va a adelantar el plazo de inscripción en las escuelas andaluzas, previsto cada año entre el 1 y el 31 de marzo, entre otros motivos porque la planificación del próximo curso ya ha empezado (la proyección de plazas necesarias en función de la natalidad se realiza con meses de antelación). En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, no ha sentado bien que Casado hable en nombre de un Gobierno autonómico "al que no pertenece" y anuncie, "sin consultarnos", una medida "que aquí no se ha barajado", por mucho que se "comparta una estrategia común de rechazo a la ley Celaá", explican fuentes del Ejecutivo autonómico.

La matriculación escolar en Andalucía es un proceso logístico complejo, no homologable al resto de comunidades del PP que menciona Casado, por el volumen de personas a las que afecta: en esta comunidad hay 1,8 millones de alumnos y 107.000 profesores. Ninguna otra región del país moviliza tantos estudiantes y docentes en un tiempo récord: en el presente curso académico, Andalucía ha escolarizado a 244.240 niños de 3 años en el segundo ciclo de Infantil, que accedían por primera vez al sistema, y a 404.002 en Primaria. Más que la suma de todos los alumnos de estas etapas en Galicia, Castilla y León y Murcia juntos.

Casado y Moreno Bonilla comparten la estrategia de rechazo frontal del PP a la llamada ley Celaá, y ambos han agitado uno de los mantras de los conservadores contra esta nueva legislación: "preservar la libertad de las familias para elegir el colegio de sus hijos". La diferencia entre ellos es que el líder nacional del PP no tiene responsabilidades institucionales, mientras que Moreno dirige la comunidad más poblada de España. A pesar de las constantes advertencias de los populares, el 94% de los alumnos andaluces ha entrado este curso en el colegio que han elegido como primera opción, público o concertado.

La Junta lo atribuye a su nuevo modelo de escolarización, que reproduce el criterio de la "demanda social" de las familias que aparece en la ley Wert. Sin embargo, este dato ha sido una constante en los últimos diez años, con un Gobierno del PSOE y sin esa referencia a la legislación estatal del PP. En los últimos diez años, según datos de la Consejería de Educación, nueve de cada diez alumnos se matriculó en el colegio elegido por sus padres como primera opción. El consejero Javier Imbroda compareció el lunes tras reunirse con la ministra Isabel Celaá en la comisión sectorial de Educación, y mostró la "lealtad de Andalucía" a la nueva legislación básica, aunque añadió que tratarán de "adaptar su aplicación a nuestra normativa".

Al ser preguntado si la Junta, y en concreto su departamento, había sido consultado por la dirección del PP nacional antes de que Casado anunciase el adelanto de la matriculación de alumnos, Imbroda ha sido tajante: "Éste es un Gobierno serio, aquí trabajamos desde Andalucía". El consejero ha recordado que los datos de escolarización en Andalucía no hacen necesario un cambio repentino del calendario de inscripción, que el día antes había hablado del anuncio de Casado con el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, "para clarificar esta cuestión", y que "no ha habido discrepancias". "Más del 93% de los alumnos han entrado en el colegio elegido como primera opción este año y hasta el 98% si tomamos la segunda y tercera opción. Aquí no corre riesgo ni el sistema público ni el concertado", subraya Imbroda.

El anuncio de Pablo Casado, el sábado desde Murcia, ha obligado al Gobierno andaluz a improvisar una respuesta que no genere incertidumbre entre las miles de familias con hijos en edad de matricularse a partir de marzo de 2021, pero que tampoco se leyera como una desautorización pública al líder nacional del PP. Para combinar ambas ideas se hizo cargo directamente la Consejería de Presidencia (PP), e Imbroda (Cs) se limitó a subrayar que Andalucía "respetará la ley Celaá", y pedir a la ministra "la misma lealtad y diálogo en los desarrollos reglamentarios de esta norma básica". Educación no ha entrado en el fondo de la medida anunciada por Casado, porque el mismo lunes, en la comisión sectorial, la ministra del ramo recordó a los consejeros que la ley aún tiene que ser ratificada por el Senado, y las modificaciones que introduce en el acceso al sistema escolar no estarán vigentes para el curso que viene, porque no da tiempo para que se implanten en 2021.

Pese a ello, para dar cobertura a la estrategia de Casado, desde Presidencia se trasladó el mensaje de que Andalucía cuenta con un decreto de escolarización aprobado en el presente mandato que "blinda" la libertad de elección de madres y padres. "Dado ese blindaje previo, en el caso de Andalucía, la ley Celaá introducirá modificaciones que afectarán sólo a algunos casos muy específicos. De modo que para garantizar la libertad de elección en esos casos, en el caso de Andalucía, no es imprescindible aprobar de momento ninguna resolución [de adelanto en el calendario de matriculaciones] sino que se puede hacer 'a posteriori', después de la entrada en vigor de la Ley. Y así se hará", concluía el mensaje.

En efecto, el Gobierno andaluz ha aprobado un nuevo decreto de escolarización que ha entrado en vigor este curso, pero que en lo esencial no cambia mucho el reparto de plazas públicas y privadas concertadas. Los criterios del baremo para optar a un puesto escolar se mantienen, con mínimos cambios, con el orden de prioridad que estableció la anterior Administración socialista. La novedad del decreto que la Junta vincula a la "libertad de los padres a elegir colegio" es que, esta vez, se ha ofertado "al menos un colegio concertado a todos los distritos escolares de Andalucía que hasta ahora carecían de oferta concertada". ¿Qué ha significado eso en la práctica? ¿Cuántos casos así había en esta comunidad autónoma? Uno en Sevilla capital -la zona del Polígono Sur carecía de oferta concertada-, uno de los distritos más deprimidos de la capital andaluza, con una tasa de paro y fracaso escolar por encima de la media regional. Educación incluyó en esta zona un colegio católico concertado para los niños del Polígono Sur que quisieran estudiar allí. ¿Cuántas familias han matriculado a sus hijos en esta escuela? "Ninguno", confirman desde la Delegación Provincial de Educación de Sevilla.

Etiquetas
Publicado el
15 de diciembre de 2020 - 21:33 h

Descubre nuestras apps

stats