Ascienden de forma “alarmante” las agresiones sexuales entre menores andaluces por consumo de redes y porno

La Fiscalía Superior de Andalucía ha llamado la atención en su memoria anual sobre el “incremento alarmante” de los delitos de agresiones sexuales en el último año entre menores, que ha vinculado al “consumo desbordado” de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía. También han subido los delitos de acoso escolar y de violencia de género en este colectivo.

Concretamente, el año pasado se incoaron 421 expedientes por delitos contra la libertad en indemnidad sexual cometidos por menores frente a los 244 del año anterior, un 72% más. Dentro de ello, los delitos de agresiones sexuales ascendieron el año pasado a 373, cuando en el año 2024 se incoaron 206.

Respecto al delito de abusos sexuales se han incoado 48 frente a los 38 del año 2024. En lo que respecta a los delitos de agresión sexual llama la atención los 183 incoados en Sevilla o los 75 de Almería, frente a los nueve de Córdoba o 14 de Granada; en materia de abusos sexuales destaca por su importancia los 43 de Málaga o los 5 de Jaén, según se desprende de la memoria, consultada por Europa Press.

Violencia doméstica y violencia de género

En la violencia doméstica se ha registrado un descenso en el último año, pues se han incoado 821 expedientes de reforma frente a los 1.059 de 2024, destacando los 418 de Sevilla, los 139 de Málaga o los 86 de Cádiz. La Fiscalía resalta que la violencia doméstica es el hecho que provoca más detenciones durante las guardias y en la gran mayoría de los casos la adopción de medidas cautelares, principalmente la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; o la libertad vigilada.

Respecto a la violencia de género, se han incoado 125 expedientes frente a los 45 de 2024. A juicio de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, la lucha contra esta forma delictiva “debe tener como fundamental el aspecto educativo”. Por una parte en el seno de la familia, “con la trasmisión de valores como el respeto, el esfuerzo, el sacrificio y a veces con la imposición de límites ante determinadas realidades perjudiciales para la evolución del menor”.

Pero también en el sistema educativo, con una educación en valores, y “en la propia sociedad en general tomando contacto con la realidad del problema con políticas de apoyo a la igualdad entre las personas, campañas de publicidad tendentes a difundir la igualdad y no discriminación entre seres humanos”.

Acoso escolar y menores de 14

En el ámbito de la violencia y el acoso escolar se han incoado 150 Expedientes de Reforma, que representan la mitad más del año 2024, 75, lo que supone un aumento considerable. Destacan los 66 incoados en Málaga, seguidos de los 39 incoados en Almería, 11 de Huelva, los 16 de Jaén y los 17 de Cádiz.

Muchos de los delitos se cometen en los centros educativos, o en su entorno o con motivo de aspectos relacionados con la actividad escolar. Por ello, la Fiscalía reclama una “actuación diligente y proactiva por aquellos para evitar tales conductas y un despliegue efectivo y real de los Protocolos Antiacoso ante la más mínima sospecha”, así como actividades tendentes a fomentar la convivencia de los menores en las aulas.

En cuanto a los actos delictivos que comenten los menores de 14 años -que a tenor de su edad son inimputables en España- se han incoado y archivado 1.482 diligencias preliminares, lo que supone un aumento respecto de 2024.

Matiza la Fiscalía andaluza que, en líneas generales, los menores de 14 años no cometen delitos graves, sino más bien delitos menos graves y delitos leves. No obstante, ve necesario que los distintos Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad implanten programas específicos que den respuesta a la actividad delictiva cometida por estos menores que no pueden ser llevados ante la justicia por su corta edad.

A partir del año 2022 se ha observado en este colectivo un aumento en la comisión de delitos sobre la libertad e indemnidad sexual, lo que a juicio de Ana Tárrago “exige una máxima atención por parte de las entidades públicas”.