La Fiscalía Superior pide “reivindicaciones más concretas” a los 'barrios ignorados' de Andalucía
“Sabemos las dificultades que hay”, confiesa Manuel Díaz, presidente de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, “aunque lo que pedimos es nada más que lo dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. Sus reivindicaciones (alimento, empleo y educación en zonas realmente necesitadas de la comunidad autónoma) han llegado a la Justicia pero la respuesta, de momento, no les resulta muy efectiva. “Le pedimos a los jueces y los fiscales que tomen parte en el asunto, porque las leyes se pueden interpretar”, comenta. De momento, la Fiscalía Superior le pide a la asociación que efectué “reivindicaciones más concretas” y el TSJA, por su parte, alega que las peticiones exceden de sus competencias.
La asociación presentó a ambas instancias un escrito (más abajo se puede leer íntegro), que también han ido haciendo llegar a los fiscales jefe y a los presidentes de las audiencias provinciales de Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga. Plantean “que sea delito dejar a una familia sin recursos” y, aunque conscientes de que la pelota de la legislación está en el tejado de la clase política, entienden que los jueces y los fiscales “también pueden aportar” y por eso intentan concienciarlos de la situación en la que viven las personas que viven en los 'barrios ignorados'.
Las respuestas no colmarán las expectativas de la asociación. Fuentes de la Fiscalía Superior apuntan a eldiario.es Andalucía que ya se le trasladó a la asociación durante su encuentro en Granada que debían hacer unas reivindicaciones “más concretas” y que su escrito “no tenía encaje” en las responsabilidades por parte de la Fiscalía, según argumentan.
Por parte del TSJA, que ha facilitado a este periódico la respuesta escrita que se le envió a la asociación, los jueves presumen de que su “implicación social” ha sido “especialmente relevante, al poner de manifiesto algunas graves contradicciones de nuestro sistema de convivencia, singularmente la prevalencia de los mecanismos legales de protección del crédito sobre la efectividad del derecho constitucional a una vivienda digna”. Asimismo, exponen en la carta que la labor realizada por los jueces y magistrados andaluces “ha sido y sigue siendo encomiable en la situación de profunda crisis social y económica que hemos atravesado y que aún mantiene a muchos ciudadanos en condiciones de vida tremendamente precarias”.
“La judicatura ha asumido la responsabilidad de alcanzar el contrapunto de reequilibrio imprescindible para conseguir que el proceso siga produciendo una efectiva tutela de los derechos socio-económicos, así como de los derechos e intereses legítimos concernidos por un sistema social de derecho y, buena prueba de ello, son los numerosos Protocolos en materia de desahucio establecidos a nivel local entre los decanatos de los juzgados y los respectivos ayuntamientos, culminados por el Protocolo General firmado en esta materia por el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía”, argumentan.
Sus reivindicaciones se podrían resumir en cuatro, apunta Díaz: el derecho de garantizar la alimentación a todas las personas a través de un banco público de alimentos, un plan de empleo de emergencia para cada barrio 'ignorado', una renta básica de corresponsabilidad y un proyecto educativo para no ser excluídos “que es donde está el problema de fondo de los barrios ignorados”. Su acción más reciente ha sido mantener una reunión en Córdoba con el parlamentario de Podemos David Moscoso, con quien estuvieron dialogando sobre los problemas de los barrios, las causas y consecuencias, previendo una reunión a nivel andaluz con otros parlamentarios.
A juicio del TSJA, “las propuestas de mejora que formulan, pero más allá de esa preocupación y agradecimiento institucional y del compromiso que a nivel personal pueda asumir cada uno de los integrantes del Poder Judicial, deben comprender que excede de nuestras competencias legales todo lo relacionado con el diseño e implementación de políticas sociales”.
Cada provincia va actuando en su entorno, explica el coordinador de la asociación, convocando a vecinos y colectivos. En la actualidad trabajan, entre otras cuestiones, con el objetivo de hacer un informe de la situación urbanística de cada barrio que pretenden hacer llegar a Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) “para que asuma las responsabilidades legales que le corresponden” en ese sentido.
La asociación está integrada por personas de barrios como Polígono Sur (Sevilla); Almajayar y Zona Norte (Granada); Palmeras, Moreras y Guadalquivir (Córdoba); Palma-Palmilla y Huelin (Málaga); Polígono del Valle (Jaén), entre otros. Según su delegada de Sevilla, Rosario García, portavoz de la plataforma del Polígono Sur 'Nosotros también somos Sevilla', destaca que es la primera vez que desde un movimiento vecinal se hacen llegar las peticiones hasta la Justicia, trasladándoles que “hay gente que no puede tirar pa'lante porque no se está cumpliendo la Constitución”, rememorando la concentración simbólica ante el TSJA del pasado 28 de noviembre.
“Seguimos totalmente ignorados. Tenemos solicitadas reuniones con la presidenta de la Junta. Pedimos una solución pero no desde la caridad sino una salida digna a estas situaciones porque lo respalda la Constitución. No nos estamos sacando nada de la manga. Pedir pan, techo y trabajo para toda la gente es muy complicado pero el que se mete en política a eso se expone. No pedimos subvenciones sino que es un derecho de las personas”, señala esta portavoz.
Versionando el tema 'La Lista de la compra', de La Cabra Mecánica, el barrio sevillano de Polígono Sur reivindica así que las administraciones públicas cumplan sus compromisos y atiendan a las familias que viven en esta zona de la capital hispalense:
