El presidente de la comisión de investigación barajó pedir el amparo de Juan Pablo Durán por la falta de documentación
El presidente de la comisión de investigación sobre el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo creada en el Parlamento de Andalucía, el diputado de C's Julio Díaz, ha “celebrado” este miércoles que la Junta de Andalucía “haya cambiado su postura” y vaya a enviar la documentación necesaria para su trabajo hasta la cámara, con los expedientes originales custodiados por funcionarios dada la imposibilidad de fotocopiar todo lo que se ha pedido. Ha aprovechado para “pedir responsabilidad a los grupos porque lo que hay que hacer es hablar menos y trabajar más”, una vez que comiencen a llegar los expedientes.
En este sentido, Julio Díaz ha confesado que el pasado 22 de marzo manifestó su “estupor” por el contenido del escrito de la Junta de Andalucía diciendo que no iba a enviar más documentos por la imposibilidad de hacerlo en tiempo razonable. De hecho, el presidente de la comisión de investigación llegó a pensar “con seriedad” pedir el amparo del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, “y tenía incluso el escrito preparado para ello como último recurso”, y lo ha comparado con el “llamar a consulta a un embajador” porque él no tiene “poder coercitivo”.
Sin embargo, tras haber “constatado que el Gobierno de Andalucía ha abierto esta posibilidad” de enviarles la documentación, después de que lo confirmara este martes su portavoz Miguel Ángel Vázquez, optó por pedir “la interlocución en lugar en vez del amparo” de Juan Pablo Durán con el ejecutivo “para garantizar que se haga”.
La mañana de este miércoles se han reunido los dos y se ha decidido crear una comisión con representantes también del ejecutivo para establecer un protocolo de manejo de dicha documentación, dado que es necesario “habilitar un espacio para ello” en previsión de que lleguen “varios trailers con los expedientes”, que suman más de 40.000 carpetas del tipo A-Z.
Ha insistido en que la comisión de investigación “ha sido siempre flexible” pero que “todavía queda mucha documentación por recibir”, que es “imperativo” que los diputados la tengan en sus manos. De hecho, de los más 18.500 expedientes objeto de la comisión de investigación -de subvenciones desde 2011 hasta las última convocatoria de 2011- sólo han llegado unos 900. Ese protocolo pasará por establecer también un orden de llegada de manera que la documentación esté, “con el tiempo suficiente y en función de las comparecencias previstas” para que los diputados tengan margen para estudiarla y poder preguntar a los citados.
Ha matizado que la última propuesta que le había hecho el Gobierno de Andalucía era enviarles la documentación “a la carta”, y por eso habían rechazado esta idea, igual que la primera de que fueran los comisionados a consultarla a los servicios centrales y periféricos de Formación Profesional para el Empleo, por lo que cree que se trata de una “rectificación”. De hecho, cree que en esto ha pesado que él haya llegado hasta el “máximo en la presión” que puede ejercer con su aviso.
Esta decisión se toma cuando la comisión de investigación ha cumplido ya casi seis meses desde su creación y cuando lleva cerca de un mes con la primera ronda de comparecencias y después de que tanto el PP-A como Podemos hayan anunciado que se plantarían si continuaban las comparecencias sin que tuvieranen su poder los expedientes para poder consultarlos.
Reacciones de los grupos
La falta de documentación está creando “problemas” a los comisionados, como ha explicado también este miércoles la diputada de IU Elena Cortés, quien se ha referido a la comparecencia de José María Pérez González, el primer empresario de la formación que es interrogado por la comisión de investigación. Ha comentado que, pese a lo “reveladora” que fue su comparecencia, hay que echarle en cara que “mintió” -lo que puede estar “penado”- en relación a sus propias empresas, “sencillamente” porque los diputados no tenían los expedientes sobre las mismas para poder replicarle. Por ello, ha confiado que “no ocurra lo mismo con los demás empresarios” que pasarán por el órgano en los próximos días.
“No es de recibo que una presidenta que presume de puertas y ventanas abiertas tenga echados los postigos a la comisión de investigación”, ha criticado Elena Cortés sobre Susana Díaz. De este modo, le parece “vergonzoso” que los expedientes relativos a la intervención de este martes les llegaran justo después de que concluyera la comparecencia del empresario.
Por su parte, Esperanza Gómez (Podemos) ha reiterado la necesidad de que se “atiendan los mandatos del Parlamento de Andalucía” en este tema. Sobre el protocolo que se va a elaborar le parece “una maniobra de dilatación” porque “hace cinco meses” que su grupo pidió dos cosas “que no tienen que ser tan difíciles de enviar”: la relación de puestos de trabajo de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y los expedientes de exoneración por los que se concedían nuevas subvenciones a beneficiarios que no habían justificado las recibidas previamente. Cree por ello que el Gobierno de Andalucía “mantiene una postura hostil” con la comisión de investigación de la que la presidenta es “plenamente consciente” con el objetivo “de no salpicar su carrera política”.
Mientras, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha reprochado que su grupo “no le ha pedido nunca a la Junta de Andalucía que fotocopie todos los expedientes”, sino que ha reclamado “una información muy concreta y que está digitalizada”, por lo que no entiende que no haya llegado, salvo por el hecho de que se está dando “una documentación muy selectiva para sostener la tesis del PSOE-A” en la comisión de investigación de que no ha habido irregularides con las subvenciones.
