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La Iglesia admite que la inmatriculación no le da la propiedad de la Mezquita

En el primer cara a cara entre la Diócesis y la plataforma pro Mezquita pública, la Iglesia defiende su propiedad por la donación de Fernando III El Santo sin que exista documentación de ello

En un encuentro del Aula de Debate de la UCO, ambas partes han expuesto sus posiciones coincidiendo en que la inmatriculación del monumento por parte de la Iglesia no le otorga la propiedad sobre ella

La plataforma defiende que la Mezquita es un bien de dominio público y que Fernando III sólo le otorgó a la Iglesia el templo como usuaria

La Diócesis insta a las administraciones públicas a ir a los tribunales si tienen informes que cuestionen la propiedad del monumento por parte de la Iglesia

En el centro, los abogados de la Diócesis de Córdoba y de la plataforma pro Mezquita pública, antes del debate.

En el centro, los abogados de la Diócesis de Córdoba y de la plataforma pro Mezquita pública, antes del debate.

Era la primera vez que la Iglesia y la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de todos se sentaban cara a cara a exponer sus razones para defender la propiedad del monumento, unos como propia de la Diócesis de Córdoba y otros como bien público. Dos abogados, Manuel Espejo como asesor jurídico de la Diócesis cordobesa y Rafael Mir como integrante de la plataforma pro Mezquita pública, han sido los encargados de defender por primera vez en un acto conjunto las posiciones de ambas partes.  Un acto organizado por el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba y con la participación de seis estudiantes para debatir sobre este asunto, donde los dos juristas han expuesto frente a frente sus posiciones antagónicas. O no tanto, porque el representante de la Diócesis de Córdoba ha admitido que la inmatriculación por la que la Iglesia inscribió la Mezquita-Catedral a su nombre en 2006 no le otorga la propiedad de la misma, como igualmente ha defendido siempre la plataforma que defiende su titularidad pública.

“La inmatriculación no da la propiedad. Inscribir un bien en el Registro de la Propiedad no otorga la propiedad”, ha argumentado el abogado de la Diócesis, quien ha defendido que la Iglesia es “el legítimo propietario” de la Mezquita-Catedral porque “la adquirió en 1236 mediante donación de Fernando III El Santo”. Y, sobre ello, ha explicado que las donaciones del rey “podían ser con carta o sin carta –con o sin documento de por medio- y tendría valor”.

Ese es el principal argumento que esgrime la Iglesia para decirse propietaria de la Mezquita-Catedral, la donación ‘verbal’ del templo por parte del rey, “poseyéndola desde entonces como propietario”. “No hay ningún argumento para poner en duda la propiedad de la Diócesis” sobre el monumento.

Pero, a ojos de la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, sí que los hay. El abogado Rafael Mir ha tratado de desmontar precisamente los argumentos de la Iglesia, recordando que en la época de Fernando III El Santo, las donaciones de bienes cuyo valor superaran las 500 monedas –como el caso de la Mezquita con creces- debían hacerse por escrito. Y por escrito no la donó el rey a la Iglesia: “No la dio por escrito porque sólo la cedió a la Iglesia como usuaria”, defiende y recuerda que en el Archivo Municipal constan los documentos de los edificios que efectivamente donó el rey y donde no aparece la Mezquita.

“Según la Iglesia, adquirió la Mezquita con la ceremonia de la ceniza sobre el suelo” que se narra en la hoja de inscripción del monumento en el Registro de la Propiedad, una ceremonia “inadmisible como forma de adquirir el dominio” sobre el edificio, para Rafael Mir. De hecho, al realizar esa inscripción, la Iglesia admite no tener título de dominio sobre el monumento y así consta en el registro.

“La inmatriculación no concede el derecho de adquisición” ha reafirmado también el abogado de la plataforma por una Mezquita pública, que ha recordado cómo a lo largo de la historia “la Iglesia nunca se comportó como propietario” del monumento, haciéndose cargo de las obras y conservación del mismo a lo largo de los siglos distintas administraciones: el Estado e incluso el Ayuntamiento de Córdoba.

Los argumentos de ambas partes están puestos sobre la mesa. “Sobre este tema hay mucha pasión”, admite el abogado de la Diócesis, quien pide que se mire estrictamente a la ley para debatir sobre la propiedad. Y echa un órdago a las administraciones: “Es el momento de que los responsables públicos dejen de hacer declaraciones y pasen a la acción. Si tienen informes que cuestionen la propiedad de la Diócesis sobre la Mezquita, que acudan a los tribunales. Pero si esos informes no la cuestionan, que dejen de alimentar debates estériles”. Habrá que esperar para ver si éste dará o no frutos.

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