La Subdelegación en Córdoba autoriza como manifestaciones dos procesiones religiosas
“En años anteriores hemos dirigido esta petición al Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad de Córdoba. Dadas las actuales normativas del Ayuntamiento nos dirigimos a usted para que nos ayude a poder realizar esta manifestación pública de fe sin que tenga que ser económicamente gravoso para esta parroquia”. Esta es la petición que el párroco de la iglesia de Santa Teresa de Ávila realizó al subdelegado del Gobierno en Córdoba para pedir su autorización para el desarrollo de una procesión religiosa, autorización que debe solicitarse al Ayuntamiento y al que se le paga la correspondiente tasa municipal puesto que es la Policía Local y el área de Seguridad quien actúa en este tipo de actos.
Como el mismo solicitante indica, la parroquia quería ahorrarse el pago de la tasa municipal que corresponde por la actividad de los agentes locales, por lo que elevó su petición directamente a la Subdelegación del Gobierno y ésta ha autorizado la procesión religiosa como si fuera una manifestación, en base a la Ley Orgánica que regula el Derecho de Reunión, que incluye manifestaciones y concentraciones ciudadanas.
Según reza el documento expedido por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, se atiende la petición en base al artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/83 que regula el Derecho de Reunión para que el próximo 18 de marzo, Viernes de Dolores, a las 20.45 horas comience una movilización del tipo “manifestación” con una duración de dos horas. Se trata, en realidad, de un Vía Crucis de la Parroquia de Santa Teresa de Ávila, como se indica en su propia petición de autorización a la Subdelegación: “Pedimos que autorice a esta parroquia de Córdoba para la celebración de un Vía Crucis Parroquial”, señala la solicitud, donde se indica el itinerario “por algunas calles de la feligresía del barrio de Ciudad Jardín” que recorrerá la “manifestación pública de fe”.
La propia parroquia deja claro en su petición el tipo de acto sobre el que pide autorización a la Subdelegación del Gobierno: “El motivo de esta manifestación pública de fe es poder expresar de manera pública nuestras creencias religiosas intentando revivir las escenas de la pasión padecida por Jesucristo”.
Labor del Ayuntamiento y pago de tasa municipal
Habitualmente, la Subdelegación del Gobierno es la encargada de autorizar manifestaciones, concentraciones y protestas ciudadanas. En el caso de las procesiones religiosas, es el Ayuntamiento de Córdoba quien debe expedir la correspondiente autorización que lleva consigo el abono de la tasa que corresponde a la ordenanza fiscal número 106, donde se especifican las labores de la Policía Local y el área de Seguridad en estos actos, así como las tarifas que se aplican en base a ello.
Le corresponden a los agentes locales, y no a la Policía Nacional dependiente de Subdelegación del Gobierno, las labores que se realizan en estos actos como son cortar las calles del recorrido o prohibir el aparcamiento durante el horario especificado y su vigilancia.
Un decreto municipal establece, sin embargo, que sí estarán exentas del pago de la tasa por los trabajos de los agentes locales aquellas “procesiones y actividades de índole religioso cuya solicitud haya sido cursada por la Agrupación de Cofradías” -que es el colectivo que agrupa a hermandades y cofradías cordobesas-, pero no así las organizadas a título particular de una parroquia o hermandad.
El Vía Crucis de la Parroquia de Santa Teresa no ha sido, sin embargo, el único caso de una procesión religiosa convertida a ojos de la legalidad en “manifestación”. La Subdelegación del Gobierno también ha autorizado como tal el desarrollo de una procesión que tendrá lugar el 19 de marzo, Sábado de Pasión, de cuatro horas de duración y con la participación prevista de unas 300 personas y otras 1.000 que acompañarán a la procesión. Esta procesión está organizada por la Hermandad del Santísimo Sacramento de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, que también se dirigió directamente al subdelegado del Gobierno para pedir el permiso.
