La Junta de Andalucía se da tres meses de plazo para recurrir en el Constitucional el decreto energético

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Lucrecia Hevia


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El Gobierno andaluz apurará el plazo de tres meses que prevé la normativa reguladora del Tribunal Constitucional para la presentación de un recurso contra el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno, el Real Decreto-ley 14/2022. Así lo ha comentado en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno el portavoz y consejero de Presidencia, Antonio Sanz: “Tenemos tres meses para ver qué consecuencias tiene el decreto desde el punto de vista competencial, y lo analizaremos en profundidad”, ha explicado, “porque el Gobierno no tiene ninguna voluntad de rectificación”, ha reprochado refiriéndose al ejecutivo de Pedro Sánchez. El consejero de la Presidencia ha precisado que, ante las dudas jurídicas con cualquier norma, “para eso existe el Gabinete Jurídico, que hará los análisis correspondientes”, un paso previo antes de que la última palabra sobre la decisión la tome el Consejo de Gobierno.

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Preguntado por las “dudas competenciales”, Jorge Paradela, nuevo consejero de Política Industrial y Energía, ha asegurado que la pega que le pone el Gobierno andaluz al decreto es que le habría gustado “más la vía de la recomendación y el incentivo” al sector privado y no “la obligación”, como acusa al Gobierno de Sánchez de imponer la medida, y pone como ejemplo a la Unión Europea “que ha consultado a los Estados miembros pero les ha dejado libertad para aplicar las medidas necesarias”.

Superar el 7% de ahorro energético

Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía se marca el objetivo de superar el 7% de ahorro energético que ha anunciado el Estado como meta de rebaja del consumo energético, una cota que se ha convertido en un compromiso a su vez con la Comisión Europea. Paradela ha anunciado un plan de ahorro para la Administración Pública recordando algunas de las medidas que ya se han tomado en la legislatura anterior, como el contrato centralizado del suministro eléctrico que, asegura, ha emitido 500.000 toneladas menos de CO2, o la compra de 47 vehículos 100% eléctricos. “Tenemos que ser ejemplares en esto”, ha manifestado el consejero de Política Industrial. “El Gobierno andaluz quiere poner el énfasis en un modelo energético claro”, convencido en este sentido de que “lo tenemos”, ha dicho Sanz.

Paradela no ha dado la cifra de inspectores que tendrán que vigilar que el decreto se cumpla. Sin embargo, ha explicado que se queda con las palabras de la ministra Teresa Ribera sobre que “el decreto no está hecho para sancionar, sino para acompañar a la sociedad”.

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