“La Junta solo nos llama para la foto”: UGT y CCOO exigen su papel como agentes sociales para “revitalizar” Andalucía

CCOO y UGT vienen repitiendo como un mantra desde la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno de la Junta que el diálogo social solamente existe para la firma de acuerdos pero que no tienen reflejo real en su aplicación. En los últimos meses han suscritos dos junto a la patronal CEA: el pasado 22 de marzo y, anteriormente, el 30 de julio de 2020, ambos en tiempos de pandemia para la reactivación económica y social. Con el desempleo al alza en Andalucía mientras baja en España, este 7 de octubre se conmemora el Día Mundial por el Trabajo Decente y las organizaciones que representan a la clase trabajadora han entendido que es de nuevo el momento para salir a la calle, como el 1 de diciembre del año pasado, y exigir su papel como agentes sociales. “La Junta solo nos llama para la foto”; “las políticas que de momento están aterrizando de los acuerdos que se firmaron para la reactivación de momento solo benefician a la patronal”, protestan representantes sindicales, que piden “recuperación real y empleos justos”.

Pese a los acercamientos en esos momentos puntuales, los sindicatos vienen quejándose desde hace tiempo de la falta de diálogo social más allá de aquellas firmas retratadas. Lo denunciaba Nuria López apenas tres meses después del inicio de la legislatura, y, junto a su homóloga en UGT, Carmen Castilla, lo han vuelto a exponer claramente al presentar la movilización de este jueves en Sevilla, que arrancará en la Glorieta del Cid y acabará en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta en Sevilla. Es el enésimo aviso al Gobierno autonómico “para que cambie el rumbo y deje de hacer política pensando solo en los intereses de las grandes empresas y a expensas de las presiones de la patronal”.

“Es fundamental abandonar la calculadora electoral”

A comienzos del año pasado, ante de la Covid-19, Juan Manuel Moreno Bonilla convocó a la patronal y a los sindicatos 24 horas después de la investidura de Pedro Sánchez para reafirmar su compromiso de diálogo permanente y garantizarse la paz social y la estabilidad de su Gobierno. El dirigente de la Junta reprendió a los consejeros de Salud y Educación por subestimar el diálogo social con los sindicatos, y luego la pandemia cambió el curso. Llegaron los dos acuerdos mencionados pero la situación no ha cambiado especialmente a tenor de las reclamaciones sindicales. “Es fundamental abandonar la calculadora electoral, el mero e irresponsable ejercicio de supervivencia en el gobierno, los enfrentamientos inútiles y estériles entre gobiernos, y las políticas diseñadas para favorecer a unos pocos y poderosos, en lugar de proteger y atender las necesidades de la mayoría social, porque con todo ello se condena el progreso económico y social que Andalucía necesita”, claman en su manifiesto previsto para este jueves.

La Junta niega la mayor. A pregunta por la manifestación convocada por UGT y CCOO en rueda de prensa este martes, su portavoz, Elías Bendodo, aseguró que “el Gobierno andaluz cree en el diálogo social y el diálogo social funciona en Andalucía” porque, asimismo, “está en el ADN del Gobierno andaluz”. Añadió que la Junta va a “seguir hablando con todos”, lo cual no significa que puedan expresarse en manifestaciones. “Están en su derecho”, concluyó Bendodo tras el Consejo de Gobierno.

Principalmente, los sindicatos solicitan su intermediación para conseguir que los fondos Next Generation que van a llegar de la Unión Europea mejoren la calidad del empleo, los servicios públicos y la vida de la ciudadanía, “y no supongan sólo beneficio para las empresas”, defendiendo el papel de las personas trabajadoras durante los momentos más difíciles de la pandemia durante este complicado año y medio. Para los sindicatos, “es urgente un cambio de dirección y sentido en las políticas aplicadas por el Gobierno andaluz”, apostando por que las inversiones sirvan para “revitalizar” la comunidad autónoma en sectores estratégicos y reforzar los servicios públicos, sin desigualdades. “La realidad ha demostrado que, en la presente legislatura, los daños y ataques en los diferentes ámbitos han sido especialmente dañinos y regresivos para la sociedad”, zanjan.

Atención Primaria y gasto medio por alumnado

A juicio de CCOO y UGT, asimismo, no caben prórrogas para el presupuesto de la Junta de Andalucía en 2022. “La ciudadanía andaluza necesita unas cuentas públicas que ordenen y prioricen la recuperación económica que previsiblemente vendrá, para que se materialice la transformación de Andalucía que redunde en mayores cotas de progreso, igualdad y justicia social”, insisten. En ese sentido, apuestan por una transformación productiva, reforzar la protección social, impulsar la lucha contra el paro y la desigualdad, e incrementar la inversión pública en infraestructuras.

También reclaman, respecto a los servicios públicos en concreto, que la Junta abandone “las externalizaciones, conciertos y privatizaciones”, un incremento de plantilla y mejora de las condiciones laborales, reforzar la financiación sanitaria en Atención Primaria, e incrementar el gasto medio por alumnado en materia educativa. En cuestiones económicas piden una reforma fiscal con mayor progresividad y solidaridad, y mayor exigencia al Gobierno central de cara a un nuevo modelo de fiscalidad más justo, solidario y redistributivo.

En materia laboral, solicitan los sindicatos a la Junta el diseño y ejecución del Plan de Empleo Integral para Andalucía establecido por el Gobierno estatal y su complementariedad con fondos andaluces, recuperando las Políticas Activas de Empleo. También pretenden que se articulen más instrumentos que impulsen la Negociación Colectiva en las empresas, y el diseño y asesoramiento en materia de Planes de Igualdad y de lucha contra la violencia de género en Andalucía.

Además, quieren que se revitalicen las instituciones que canalizan la participación ciudadana en Andalucía a través de la recuperación de sus dotaciones presupuestarias y dinamizar su funcionamiento, así como el cumplimiento del compromiso de articular una Ley que regule y garantice la participación institucional de los agentes económicos y sociales en nuestra comunidad autónoma.