El título de este artículo no hace referencia tan solo a las personas de las que se pierde el rastro en su intento de alcanzar territorio europeo a través de la frontera Sur española; en este contexto también hay que lamentar la desaparición de los principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho.
Hace escasos días que desde la APDHA presentamos una nueva edición de nuestro informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur”, en el que una vez más se da cuenta del terrible coste en vidas humanas que se cobran las políticas migratorias y de control de fronteras de España y la UE. Nuestro colectivo ha podido contabilizar 1.717 muertes y desapariciones en la frontera Sur durante 2020, cifra que representa un incremento de más del triple respecto a 2019 (1). Cuando se analizan esos datos, nos encontramos con una circunstancia que se repite año tras año y que hace más intolerable esta realidad: las personas desaparecidas siempre superan ampliamente al número de cuerpos recuperados (1080 frente a 637 en 2020), y dentro de los fallecidos, un porcentaje muy elevado queda sin identificar.
Diversos factores confluyen en esta situación. El primero reside en que la falta de vías de acceso legales y seguras a la UE en general, y a España en particular, obliga a las personas migrantes de origen africano a utilizar mayoritariamente vías irregulares e inseguras. Como desgraciadamente ya es de público conocimiento, esos “caminos migratorios” están caracterizados por su peligrosidad y opacidad, aumentando exponencialmente el riesgo, para aquellas personas que los utilizan, de sufrir las más graves violaciones de derechos humanos, y que dichas violaciones queden en el más completo de los anonimatos e impunes. Conectado con lo anterior, el endurecimiento del control y la represión policial en los países de tránsito y destino en los últimos años ha provocado un desvío de los flujos migratorios africanos hacia rutas mucho más complicadas, incrementándose el número de personas que pierden la vida en el camino y las dificultades para encontrar e identificar sus cuerpos. Por último, los países de destino carecen de herramientas normativas, administrativas y materiales adecuadas para afrontar una realidad específica como la de las personas desaparecidas o fallecidas sin identificar en frontera y las necesidades especiales de sus familiares.
Durante el pasado 2020, en la frontera Sur española se agudizó la confluencia de los factores descritos: persistió la ausencia de vías de acceso legales y seguras, aumentó la represión de Marruecos (sobre las personas migrantes subsaharianas, sobre su propia población del Rif y la puesta en marcha de las restricciones vinculadas a la pandemia) y se desviaron los intentos de entrada a la muy peligrosa ruta canaria. El trágico resultado material de estas circunstancias ya lo hemos adelantado: 1080 personas desaparecidas y una relevante proporción de los cuerpos recuperados sin identificar. Ante esta tesitura, desde la sociedad civil se ha reclamado al Gobierno español la creación de una oficina de atención para los familiares de las personas desaparecidas o fallecidas sin identificar, siendo la respuesta del Ejecutivo que no existía ninguna normativa nacional o internacional que le obligara a ello. Esta respuesta pone de relieve la ausencia total de voluntad política del actual Gobierno PSOE+UP de priorizar la perspectiva de derechos humanos en sus políticas migratorias y de fronteras. La excusa de la no existencia de una obligación legal vinculante carece de todo fundamento, ya que desafortunadamente el Estado español ha estado vulnerando sistemáticamente durante décadas en sus fronteras principios esenciales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos teóricamente blindados por tratados suscritos por España.
Por todo lo anterior, es imprescindible que el Gobierno español no solo atienda la petición de la puesta en marcha de la citada oficina, sino que, para el contexto de la frontera Sur, acometa las reformas normativas y adopte los protocolos (administrativos, policiales y forenses) necesarios para localizar a las personas desaparecidas, identificar todos los cadáveres recuperados y atender de forma digna a sus familiares. Huelga decir que esta reivindicación no obsta a las prioritarias: la creación de vías de acceso legales y seguras a territorio europeo y español, impulsar un verdadero sistema de acogida y dejar de potenciar/financiar la represión de los flujos migratorios por parte de los países de tránsito, especialmente Marruecos.
La APDHA lleva 20 años denunciando graves vulneraciones de los derechos humanos como las descritas en el presente artículo en su informe anual “Derechos Humanos en la Frontera Sur”. Para poder seguir llevando a cabo esta labor hemos lanzado una campaña de “crowdfunding” de cara a la próxima edición del informe. Si quieres ayudar a mantener nuestra frontera Sur limpia de atentados contra la dignidad humana, puedes realizar tu aportación en goteo.org. #DenunciaLaFronteraSur.
(1) No nos cansaremos de repetir que esas cifras son tan solo la “punta del iceberg”, siendo imposible tener conocimiento de su verdadera dimensión, en gran parte por las razones que exponemos en estas líneas
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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