Estamos, sin duda, ante la más grave crisis política que resquebraja el Estado del llamado régimen del 78. Mucho nos tememos que de esta crisis se produzca, más que un avance en la articulación social y territorial o un avance de derechos y libertades, una creciente restricción de las mismas, que es en realidad lo que anuncia la procelosa aplicación del temido y ya famoso artículo 155.
Así, a nadie debe extrañarle que esta crisis se convierta, dada su profundidad y la incapacidad de quienes gobiernan para gestionarla, en la cuestión que acapara páginas y páginas en los medios y minutos y horas en las televisiones. Las más de las veces, de forma tan sesgada y manipuladora, al servicio de ideologías excluyentes e intolerantes, que da auténtica repugnancia su lectura.
Pero la realidad es que en este país están ocurriendo otras cosas que afectan de forma grave a cientos de miles de personas y que pasan desapercibidas, en parte por interés de que sea así y, en parte, por esta crisis política que todo oculta.
Algunas de ellas, de tanta relevancia como la reciente cumbre de llamado G6 (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y España), celebrada en Sevilla el pasado 16 de octubre, en la que de forma miserable se han mezclado en un único menú las migraciones y el terrorismo como si ambos fueran lo mismo. No es de extrañar, así, que el núcleo de las decisiones tomadas en la reunión se refiera al reforzamiento de la cooperación con países de tránsito o de origen de las migraciones, obviando - ¿cómo no? - las graves violaciones de derechos humanos que se producen sobre las personas migrantes en estos países. Como tampoco es de extrañar que no hayan usado ni un miserable minuto de sus discusiones para analizar cómo tratar de evitar que sigan muriendo en nuestra Frontera Sur miles de personas.
Pocos días antes, el día 3 de octubre, y en este mismo ámbito casi clandestinizado de los derechos de las personas migrantes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado Español porque las “devoluciones en caliente” que nuestro Gobierno practica habitualmente en las fronteras de Ceuta y Melilla vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos, dejando de paso en entredicho el ridículo concepto de “frontera móvil”. Un Gobierno que dice abanderar el cumplimiento estricto de la ley en el conflicto catalán debiera hacer lo mismo respecto a los derechos humanos en las fronteras.
Pero no es el caso. El ministro del ramo, sr. Zoido, no se dio por aludido y continuará vulnerando la legalidad que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque de nuestro politizado Constitucional no era esperable sensibilidad y legalidad hacia las personas migrantes que sufren y mueren.
La realidad es que llevamos más de 25 años de políticas migratorias que son el principal origen de todo ese sufrimiento y de las miles de muertes que, cada año, se producen en las puertas de la Unión Europea.
Europa enfrenta la llamada de miles de personas a nuestras puertas construyendo muros y fosos, instalando concertinas, desplegando patrulleras y fuerzas policiales o empleando la más sofisticada tecnología como los drones o el SIVE. La crueldad e inhumanidad del trato de los países europeos -y desde luego de España- a migrantes y personas refugiadas es una auténtica ignominia, incompatible con un estado de derecho democrático y respetuoso de las convenciones internacionales. Estas políticas son un auténtico veneno cultural que alimenta actitudes de odio y rechazo hacia los otros y los pobres, haciendo crecer las ideologías y grupos de ultraderecha en toda Europa.
Las fronteras terrestres y marítimas de España y la UE se han convertido así en espacios “sin derechos”, pues los derechos humanos resultan ignorados y violentados entre la más notoria impunidad.
Desde hace más de veinte años, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA realiza un seguimiento detallado de lo que ocurre en nuestras fronteras. Fruto de ello es el anual “Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur” que ha ido ganando en credibilidad por su rigurosidad y que es ya una referencia en el ámbito de los análisis sobre los flujos migratorios y sobre las consecuencias de las políticas hiperrestrictivas y violentadoras de derechos que se articulan para enfrentarlos.
Pues bien, durante los próximos días 27 y 28 de este mes, la APDHA organiza unas Jornadas en Cádiz bajo el lema “Fronteras, espacios sin derechos”, cuyo objetivo hacer un pequeño balance y revisar cual es la situación actual en nuestra Frontera Sur. Y lo queremos hacer de la mano de personas expertas, pero sobre todo comprometidas en la labor por la dignidad y los derechos, en primera línea de la lucha por el respeto de los derechos humanos en las fronteras.
De esta forma se abordarán cuestiones como la de los Menores Extranjeros no Acompañados, la situación de las mujeres Porteadoras en la frontera de Ceuta, la represión y violencia en las fronteras de Ceuta y Melilla, la situación en Marruecos respecto a los migrantes subsaharianos, el análisis de los flujos migratorios y el repunte ocurrido este año, los Centros de Internamiento para Extranjeros, el negocio de las políticas migratorias –“el negocio de la xenofobia”- y en general el análisis de las políticas migratorias y la deriva autoritaria y conservadora al respecto por parte de una Unión Europea que naufraga, como dice el profesor Javier de Lucas, en el Mediterráneo.
Rafael Lara, coordinador Solidaridad Internacional APDHA
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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