El Gobierno andaluz de PP y Cs debe pactar con Vox dos presupuestos entre las campañas de las generales y municipales

El mayor reto político de un Gobierno es aprobar los presupuestos anuales, que traducen en número las políticas de sus gobernantes. El presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral porque no tiene Presupuestos Generales con los que aplicar sus medidas. En Andalucía, el primer Ejecutivo de centro derecha, de PP y Ciudadanos, afronta ese reto multiplicado por tres, según ha avanzado este miércoles el nuevo consejero de Hacienda, Juan Bravo, en su primera intervención en el Parlamento.

No hace ni dos semanas que Bravo ha sustituido al anterior consejero -dimitido a los 20 días por razones de salud- y la Dirección General de Presupuestos de su departamento ya trabaja con un horizonte “inédito de tres presupuestos en un año”: las cuentas del 2018 que prorrogó el anterior Gobierno del PSOE, adaptadas a la estructura del nuevo Ejecutivo y al cierre de la contabilidad; los nuevos Presupuestos de 2019, que se presentarán en la Cámara en mayo (previsiblemente antes de las municipales del día 26), y los siguientes Presupuestos de 2020, que se empezarán a elaborar un mes después, en junio. Un croquis imposible que Bravo ha prometido cumplir “en tres meses y medio”. “Los funcionarios de la consejería me han dicho que son cuatro presupuestos en un año, contando el del 2018 antes de corregirlo con la estructura del nuevo Ejecutivo, pero se lo he rebajado a tres”, le ha explicado Bravo a la bancada socialista.

Pero, ¿cuándo se ejecutan estas cuentas? ¿Cuándo se aplican las grandes prioridades de gasto y la rebaja fiscal prometida por PP y Cs? El presupuesto prorrogado de 2018 se está aplicando ya para atender los compromisos básicos, el de 2019 se aplica una vez que se apruebe (aunque no hay fecha) y hasta final de año, y el de 2020 se aprueba tras el verano y se aplica a partir de enero.

El calendario de Hacienda es vertiginoso, sobre todo teniendo en cuenta que los Presupuestos de 2019 y 2020 tienen que pactarlos PP y Ciudadanos, y luego negociarlos con Vox, la fuerza ultraconservadora que sustenta al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Y todo ello en un escenario político viciado por la coincidencia de las elecciones generales el 28 de abril y las municipales, autonómicas y europeas el 26 de mayo, cuatro citas con las urnas en las que estas tres formaciones compiten entre sí por el mismo espacio electoral. La alianza PP-Ciudadanos-Vox se acaba de asentar en Andalucía -con cierta comodidad, por lo que revela la primera sesión plenaria-, pero en el resto del país estos mismos grupos salen a la carrera para luchar por la hegemonía del voto de derechas. El ex consejero de Hacienda del anterior gobierno socialista, Antonio Ramírez de Arellano, cree que la dificultad de aprobar las próximas cuentas andaluzas no está tanto en lo ajustado del calendario, como en las tensiones “internas” de PP y Cs con la formación de Santiago Abascal.

El 1 de enero se materializó la prórroga presupuestaria de 2018 y el 12 de febrero se consolidaron las competencias de las nuevas consejerías con los decretos de estructura. El 1 de marzo finalizará la elaboración del nuevo Presupuesto de prórroga, distribuyendo programas compartidos, y tomando como referencia la nueva estructura de competencias del Ejecutivo de PP y Cs. Entre el 1 y el 15 de abril se realizará la carga en contabilidad de la reestructuración de la prórroga y la reimputación de los gastos contabilizados. Será entre marzo y mayo, en plena campaña y precampaña de las generales y de las municipales, cuando se elabore el Presupuesto de 2019, que debe ser aprobado en julio. Y en ese mismo momento ya habrá comenzado la elaboración del Presupuesto de 2020.

Bravo ha hecho un discurso acelerado, pero muy firme. “No les mentiré jamás”, le ha espetado a la bancada socialista, subrayando que “aunque somos un Gobierno distinto con políticas diferentes, tenemos cosas en común”. “No les voy a engañar, porque les voy a necesitar para aprobar los presupuestos”, ha advertido el consejero.

El debate político llega al Parlamento

Un mes después de que tomasen posesión de sus cargos los 11 consejeros del nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, ha empezado este miércoles el parlamentarismo puro y duro. A partir de aquí, lo que digan los grupos políticos y sus señorías -lo que escriban en redes sociales sus líderes desde Madrid- quedan relegados por la acción política que tendrán que ejercer dentro de la Cámara legislativa. Hay dos documentos que trazan la hoja de ruta del Ejecutivo de Moreno Bonilla: el acuerdo de Gobierno con 90 medidas firmado con sus socios de gabinete -Ciudadanos- y el acuerdo de investidura pactado en paralelo con Vox.

Del primer documento saldrán proyectos de ley que emanan directamente del Consejo de Gobierno bipartito, y del segundo documento, llegará como proposición de ley lo que quiera registrar el grupo parlamentario de Santiago Abascal. Estas dos vías de entrada en la Cámara es una forma de diferenciar la política de PP y Cs de la política de PP y Vox. Al menos, así lo ha trasladado el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, que ha avisado de antemano que no asumirá como parte del Gobierno lo que Vox haya pactado con el PP.

La formación naranja se define centrista y liberal, y marca distancias con la ultraderecha. Sin embargo, este aviso quedó difuminado cuando el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, anunció tras un Consejo de Gobierno la creación del Comisionado para la Concordia, una figura adscrita a la Consejería de Cultura que asumirá las funciones de Memoria Histórica para cambiar la ley vigente que regula este asunto por una Ley de Concordia, que reclama Vox. Así entró en la agenda del nuevo Ejecutivo la primera reclamación de Vox, partido con 12 diputados que sostiene a este Ejecutivo de PP y Cs.

La formación ultraconservadora va a ser clave en esta legislatura, porque por ellos deben pasar todas las leyes y proyectos de la Junta, incluida la Ley de Presupuestos Autonómicos, que traducirá en números todas las políticas del nuevo Gobierno. Vox ha pasado por boca de todos los grupos, haciéndoles más conscientes aún de su relevancia tanto para la estrategia del Gobierno como de la oposición de izquierdas. “Somos debutantes, pero nos invitan a todas las fiestas. Será que bailamos muy bien”, bromeó el portavoz del grupo, Alejandro Hernández.

De Twitter a la tribuna

Hoy se han debatido por primera vez las cuentas de 2019, que el Gobierno de Moreno promete presentar antes de las elecciones municipales de mayo. La primera prueba de fuego. Abascal escribió en Twitter que si la Junta no derogaba de inmediato la Ley andaluza de Memoria, Vox no apoyaría el primer presupuesto de PP y Cs. Los populares no se dieron por aludidos. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, afirmó que esa norma sólo se cambiará si hay “unanimidad en la Cámara”, recordando que la Ley andaluza de Memoria se aprobó sin ningún voto en contra (PP y Cs se abstuvieron). El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, se apresuró a frustrar ese camino: “Ya les anticipo que sobre eso no habrá unanimidad jamás”.

Hasta ahora, Vox se ha expresado por Twitter, Facebook, whatsapp y otras redes sociales, pero con el arranque de las sesiones plenarias, el partido de Abascal debe convertir sus mensajes en iniciativas legislativas en el Parlamento andaluz. No necesita pedir la derogación de la Ley andaluza de Memoria por Twitter, como hizo la semana pasada su líder, le basta con presentar en la Cámara una proposición de ley de tres párrafos -y una exposición de motivos- pidiendo la derogación de dicha ley. Y luego esperar a que una mayoría parlamentaria -presumiblemente con los votos de PP y Cs- apoye su iniciativa.

Las mociones, las proposiciones de ley o las proposiciones no de ley que Vox registre en el Parlamento van a ser el termómetro que mida la estabilidad del Gobierno. PP y Ciudadanos -sobre todo los primeros- tratarán de negociar a priori los debates que plantee su tercer socio, para evitar que lleguen a votarse en la Cámara medidas que les separan y que evidencian sus diferencias políticas y de agenda. PP, Ciudadanos y Vox deben coincidir en votos para superar al bloque de izquierdas -PSOE y Adelante Andalucía-, pero sobre todo, para evitar que un rechazo en el Pleno del Parlamento a las exigencias del partido de Abascal se les vuelva en contra, y pierdan el sostén necesario para gobernar y avanzar en la legislatura. Los socialistas van a tensionar el pacto de Gobierno justo ahí, en la tercera pata que representa Vox, en la hipotética incomodidad de la asociación entre los liberales de Cs y los ultraconservadores de Abascal. Pero la actividad parlamentaria es la que va a revelar si realmente existe alguna tensión interna en la tríada PP-Cs-Vox. De momento, en el estreno los tres grupos se han tratado con mucha suavidad.

Dinámicas del pasado

En el Parlamento hay cinco grupos políticos con un reparto muy equilibrado: el PSOE es el que más diputados tiene (33), pero es el líder de la oposición; el PP cuenta con 26 escaños; Ciudadanos tiene 21; Adelante Andalucía 17 y Vox 12. Cada uno tiene una cuota de iniciativas legislativas que puede presentar en cada Pleno en función de su representación, de modo que habrá una distribución muy equilibrada entre los debates que proponen los grupos conservadores y los que llevarán los progresistas.

Las primeras dinámicas políticas en la sesión de control al Gobierno andaluz demuestran una cierta inercia de la legislatura pasada: la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, se quedó fuera del hemiciclo gran parte del debate y así no escuchó cómo cargaban contra ella -y “la herencia recibida”- desde el PP, desde sus ex socios de Ciudadanos y desde el rincón de la izquierda que representa Adelante Andalucía. La confluencia de Podemos e IU sigue reprochándole a Díaz que hoy los populares y los naranjas se sienten en los sillones verdes del Parlamento, reservados al Gobierno.

El PSOE esboza su nuevo perfil de opositor, tras 36 años y medio en el poder, y lo hace apremiando a la Junta a presentar los Presupuestos de 2019 y criticando la “descoordinación, el caos, el guirigay de dos gobiernos en uno”. Pero por ahora el PSOE se estrella contra un muro. La réplica del nuevo Ejecutivo es fácil, le basta con apelar a su pasado una y otra vez: Bendodo recordó que durante la coalición de Gobierno PSOE-IU, Susana Díaz vetaba los proyectos de sus socios (la banca pública, el banco de tierras...) e incluso retiró las competencias de su consejera de Vivienda, de IU. “Su problema es que cada vez que suban a esta tribuna, subirán con un baúl muy pesado, de 40 años de incumplimientos”, sentenció el consejero de Presidencia.