Con intención de tenerlo listo para finales de julio, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, está redactando un nuevo Reglamento para regular todo lo referente al abastecimiento, saneamiento y depuración del agua de las poblaciones. La iniciativa es encomiable y el borrador conocido contiene propuestas positivas. Sin embargo, numerosas y diversas organizaciones representativas de la sociedad civil (sindicatos, asociaciones ciudadanas y de consumidores, ecologistas, técnicos y científicos) han mostrado su insatisfacción por algunos de sus contenidos.
En la formulación de principios en los que se basa se echa en falta claridad y actualidad de ideas. Falta el principio de prioridad de la gestión pública, que es la garante del dominio público y el derecho humano. Es indudable la necesidad de planificar el mantenimiento, sustitución y ampliación de las infraestructuras, muchas veces infraestructuras verdes, para hacer frente a los nuevos retos de calidad y para afrontar los nuevos riesgos vinculados al cambio climático, que van a implicar nuevas inversiones y por tanto nuevos costes. Por esto el principio de planificación debe ser uno de los pilares del reglamento. Además, es en la planificación en donde se pueden desarrollar algunos de los procesos más importantes de participación social. Por eso se echa en falta un definición adecuada del principio de participación social que incluya el derecho de los ciudadanos en intervenir en los procesos de decisión de manera efectiva.
El reglamento establece que para garantizar que a nadie se le corte el agua por motivos económicos o sociales, las entidades suministradoras harán anualmente unas previsiones de gasto que en ningún caso podrán exceder el 0,7% de la facturación tarifaria del ejercicio inmediatamente anterior. La expresión que “en ningún caso podrá exceder” es insólita por lo concreta y terminante en un caso abierto a circunstancias tan variables y singulares como este. Por otra parte, el reglamento concreta el “mínimo vital garantizado” en una dotación de 50 litros/persona/día que es claramente insuficiente. Produce una estigmatización de la pobreza ya que el consumo medio en España es de 127 litros.
El agua es una necesidad vital, imprescindible e insustituible; un servicio que se presta en régimen de monopolio (solo puede haber una empresa en cada población). Es un gran negocio (todos somos consumidores cautivos) que los ayuntamientos, agrupados en consorcios si hace falte, saben prestar muy bien. No se trata de demonizar el papel fundamental de la empresa privada en nuestra economía y sociedad, sino de entender que el agua es un derecho humano y que es responsabilidad inalienable de la administración la prestación del servicio. Una gestión pública diferente a la que se ha producido frecuentemente, que muchas veces ha sido opaca, corporativa, ineficiente y hasta corrupta. Un nuevo modelo de gestión pública, con transparencia, participación social y rendición de cuentas, como viene definida en el Pacto Social por el Agua aprobado por numerosos ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos de toda España, entre ellos el Parlamento de Andalucía (octubre de 2016).
En su redacción actual, en la parte que conocemos de él, el reglamento no atiende suficientemente a la mayoría de los municipios andaluces pequeños y medianos, más allá de la continuación de la estrategia de la colaboración supramunicipal. La población rural es especialmente vulnerable a los riesgos de contaminación y sequía producidos por el desarrollo desordenado del regadío y afronta unos costes de mantenimiento y renovación de infraestructuras que no puede asumir.
En Andalucía, como en toda España, existe un fuerte sentimiento social de defensa del agua pública, de lucha contra la privatización y a favor de la remunicipalización de los servicios. El 12 de noviembre del año pasado se aprobó la Declaración de Cádiz en la que se incluyeron estas ideas. También a escala europea se desarrolla el movimiento del Agua Pública. Recientemente ciudades tan emblemáticas como París y Berlín han remunicipalizado sus sistemas de abastecimiento. El reglamento andaluz, que quiere ser pionero, no puede ignorar estas experiencias.
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