El federalismo es la forma más natural de organización democrática para una realidad social como la de nuestro Estado, que es plural en su unidad, con lenguas, culturas, normas e instituciones diversas. No por casualidad, siempre que la democracia se ha abierto camino en España ha tendido a fórmulas federalizantes de organización del poder.
La Constitución de 1978 y su desarrollo posterior han supuesto un avance histórico en términos de descentralización del poder político, permitiendo atender a nuestra diversidad territorial con base en un modelo que se ha llegado a calificar de “cuasi federal”. Se ha extendido por ello la idea de que de facto vivimos ya en un Estado federal, de que no existen diferencias prácticas de calado entre nuestro Estado de las Autonomías y una Federación, de que una reforma federal de nuestra Constitución es por tanto innecesaria. Se trata, con todo, de una falacia. España debería ser un Estado federal, pero a día de hoy, con nuestro actual diseño constitucional, no lo es.
Todo Estado federal descansa en dos pilares, uno político o fáctico, otro normativo o de principios. El primero está relacionado con el ejercicio efectivamente descentralizado del poder político; el segundo, con la articulación constitucional de esa descentralización y de la participación de los poderes periféricos en las decisiones del poder central. Nuestro Estado Autonómico se acerca a una Federación en que la descentralización territorial del poder es un hecho, pero no en su articulación jurídica, que no cuenta con un mapa constitucional bien definido, ni con instituciones que canalicen la participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del poder central del Estado.
Se trata de carencias capitales en términos de federalismo, de las que se derivan efectos políticos perversos que tienden a agravarse con el paso del tiempo. En concreto, la ausencia de mecanismos de articulación federal ha impedido que en España se generen dinámicas de cohesión, derivando más bien en dinámicas de negociación bilateral propias de una Confederación, en un modelo de “bilateralismo confederal” que preside especialmente las relaciones entre el poder central y Comunidades Autónomas que cuentan con una fuerte tradición nacionalista. Ello ha dado lugar a su vez a rivalidades territoriales, y a derivas polarizadoras entre los nacionalismos periféricos y las pulsiones de un nacionalismo estatal de corte homogeneizador y centralizador.
En este clima de tensión, se hace pues urgente promover la reforma de nuestro Estado autonómico en un Estado federal, una reforma que nos permita superar los desajustes y las desigualdades que se derivan del actual modelo. Transitar a un Estado federal, basado en los principios de unidad en la descentralización, cooperación en el respeto de la diversidad y lealtad institucional en el respeto del pluralismo, fortalecería nuestra cohesión social y territorial, que son inseparables, y redundaría en mayor calidad democrática, impulsando mayores niveles de solidaridad y de adhesión de la ciudadanía a nuestras instituciones de autogobierno. Todo ello en el contexto de una UE abocada a federarse si quiere afrontar con éxito los retos políticos de corte global a que nos enfrenta el siglo XXI.
Habrá quien argumente que para esta operación política es preciso contar con un consenso que hoy por hoy no existe. Se olvida que en democracia el consenso no es punto de partida, sino la meta política a la que debemos aspirar. Son precisamente las tensiones actuales las que convierten en especialmente urgente abordar reformas que corrijan las actuales disfunciones territoriales.
Y se olvida también que, si bien la Constitución de 1978 sigue siendo válida en lo fundamental, el compromiso con la democracia nos obliga a actualizarla si no queremos convertirla en un instrumento normativo sin utilidad social. Respaldando el proyecto federal contribuimos pues también a renovar el pacto constitucional atendiendo a nuestras actuales necesidades democráticas, territoriales y sociales, abriéndolo a la participación de las jóvenes generaciones que no tuvieron ocasión de votar la Constitución de 1978.
Este jueves, 21 de marzo, organizaciones sindicales y sociales hemos convocamos en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (19.00 horas), un acto con el que queremos contribuir a un debate ciudadano en Andalucía en torno al federalismo, continuando con la tradición federal de nuestra tierra, presente en las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 y en el referéndum del 28 de febrero de 1980, que normalizó la descentralización política abriendo la vía del artículo 151 de la Constitución. Ha llegado el momento de que, desde Andalucía, demos un paso más en dicha normalización, apostando por una reforma federal de nuestro Estado.
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