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La ampliación de Los Alcornocales culminará después de verano

La Almoraima (Cádiz) /FOTO: EFE

Alejandro Ávila

Aunque las vacaciones apenas acaban de empezar para muchos, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya tienen la 'vuelta al cole' en mente. En su calendario escolar, la fecha de ampliación del Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz) está marcada en rojo para principios de septiembre.

Tras las vacaciones, la Junta de Andalucía presentará un borrador de ampliación de los límites del parque que se llevará a la junta rectora del espacio protegido y, tras el periodo de información pública, se convertirá en decreto ley en el mes de octubre, conformándose así el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Los Alcornocales. Esas son al menos las fechas que se manejan desde el Gobierno andaluz y que pretenden culminar un proceso iniciado a principios de año cuando el entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, le puso precio a la Almoraima, 300 millones de euros, y la Junta contraatacó con un expediente de ampliación del parque que debía incluir el 10% de la finca gaditana que quedaba fuera de espacio protegido.

La finca de 14.000 hectáreas, de titularidad pública y gestión privada, se encuentra, en un 90% de su extensión, dentro del parque natural. Para el 10% restante, la dirección de la finca había ideado un plan especial con hotel de lujo, campos de golf y hasta helipuerto para atraer a posibles inversores. Pero la propuesta fue vista con malos ojos por ecologistas, sindicalistas, el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (en cuyo término se encuentra la finca), que terminó rechazando el plan.

La Junta decidió mover ficha y, ante la negativa de Cañete a cederle la gestión de la finca al Gobierno regional, anunció un proceso que paralizaba cualquier movimiento especulativo y que se pretende culminar tras el verano: la ampliación del Parque Natural con la inclusión, entre otras fincas, de esas 1.400 hectáreas de La Almoraima, que hasta ahora quedaban fuera de Los Alcornocales. Si bien el proyecto anunciado en enero ampliaba el parque en 6.000 hectáreas y comprendía, entre otras, las fincas de La Alcaidesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del Guadalquitón, fuentes de la Consejería dirigida por María Jesús Serrano aseguran que “habrá modificaciones” en cuanto a la extensión y los límites anunciados en su momento.

Reunión con la nueva ministra, a la vista

Por su parte, la consejera María Jesús Serrano se reunirá a finales de este julio con Isabel García Tejerina, la nueva ministra de Agricultura y Medio Ambiente, y le reiterará su deseo de “cambiar el modelo de gestión, ya que no entendemos que el Gobierno quiera desprenderse de este patrimonio natural, uno de los mayores bosques mediterráneos que nos quedan”, según señalan desde la Consejería.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente destacan, en referencia a posibles compradores, que “no hay ninguna novedad desde principios de año”, cuando la mismísima Salma Hayek y su multimillonario marido, François-Henri Pinault, fueron agasajados por la gerente de La Almoraima, Isabel Ugalde, y sobrevolaron el espacio para valorar su posible compra. Juan Casanova, alcalde de Castellar, asegura que ya ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y que le han reiterado que “el Gobierno sigue estando a favor de la venta”.

Para blindar la finca ante este tipo de movimientos especulativos en un entorno natural privilegiado con una enorme importancia ecológica, la junta rectora de Los Alcornocales le propuso al Gobierno autonómico que transformara La Almoraima en monte público. Desde la Consejería de Medio Ambiente indican que sus servicios jurídicos siguen valorando la propuesta.

Críticas a la gestión de la finca

El alcalde de Castellar apuesta por esta opción y cree que, antes que vender, “lo más razonable sería cedérselo al Ayuntamiento, ya que lo podremos gestionar con más acierto que los gobiernos centrales de los últimos 30 años”. Casanova no disimula, por otro lado, su “decepción absoluta con la administración central y autonómica”, al acusar a ésta última de “incapacidad para gestionar tierras públicas, como ha hecho en la finca de Majarambú, que lleva 12 años abandonada. Me echo a temblar con que se haga monte público, ya que puede ser hasta contraproducente”. El regidor de Izquierda Unida apuesta por la instalación de una planta de biomasa y la explotación de los usos productivos tradicionales de la finca para hacer frente al grave problema de desempleo de su municipio.

Por su parte, el Sindicato Andaluz de Trabajadores lleva desde enero movilizándose frente a la finca para que se le dé un uso público a estas tierras. “Hay que expropiarlas para que formen parte de un banco de tierras públicas que cree riqueza y empleo en el municipio de Castellar”, apuntan. En la asamblea nacional de este domingo diseñarán un nuevo plan de movilizaciones en contra de “la privatización del campo andaluz”.

Desde Ecologistas en Acción coinciden con el alcalde de la localidad gaditana y aseguran que la gestión de la finca por parte de los últimos gobiernos de Moncloa ha sido “muy mala”. “Aquello está en estado de abandono. Tiene muchísimos más recursos de los que se obtienen y eso se debe a una mala gestión de los gestores públicos. Es una estrategia típica del Partido Popular: abandonar lo público para poder decir que tienen que vender”, indican.

Lola Yllescas, portavoz del grupo ecologista en Andalucía, no cree, eso sí, que un pequeño Ayuntamiento como el de Castellar sea capaz de hacer frente a la gestión de un monte público y considera que, como ocurre en otros municipios, “la gestión ha de ser de la Junta, en convenio con el Ayuntamiento e independientemente de la titularidad”. Yllescas afirma que la Junta debería aplicar la ley forestal para transformar, por fin, La Almoraima en un monte público y que sea así “una finca rentable, como lo ha sido tradicionalmente. Un lugar donde se gestione bien el aprovechamiento del corcho, la ganadería extensiva, el turismo sostenible, la caza y la agricultura”.

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