El ayuntamiento de Isla Mayor denuncia a su exalcalde por un agujero de dos millones de euros
Cuando las elecciones municipales de 2003 trajeron un cambio al frente de la alcaldía de Isla Mayor (Sevilla), el nuevo Gobierno local ordenó una auditoría a la empresa municipal del suelo. La sospecha era por posibles “irregularidades económico financieras”. Y la “sorpresa” resultante, una cifra lindante con los dos millones de euros que el ayuntamiento “saca de las arcas” y da como préstamo “a una empresa fantasma que inmediatamente desaparece”.
Arranca ahí una investigación ahora en manos de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por el “descubierto” contable correspondiente al periodo 1999-2003. Tras las indagaciones incoadas y la notificación pública, el ayuntamiento isleño ejerce su derecho a personarse en la causa y denuncia por este caso al exalcalde José Manuel Aviñó Navarro (PSOE) y al consejo de administración de la sociedad, incluido el concejal Manuel Paredes (PP), según han confirmado fuentes municipales a eldiario.es/andalucia. El agujero económico en la Empresa Municipal del Suelo de Isla Mayor (Emsimsa) ascendería a un montante total de 1.923.732,68 euros.
El actual alcalde isleño, Ángel García Espuny (IU), ya había manifestado que el Gobierno municipal “ni muchísimo menos” iba a pasar por alto el asunto. El regidor había solicitado, no obstante, “prudencia” hasta analizar la causa en profundidad con el objeto de conocer los pormenores de la investigación. Ahora, fuentes municipales confirman la denuncia contra los antiguos responsables de la empresa local de la vivienda.
Demanda “con nombres y apellidos”
“Ya nos hemos personado en la causa, hemos formalizado una demanda civil en nombre del ayuntamiento y habrá juicio. El Tribunal de Cuentas dictaminará”, sostienen desde el gabinete jurídico del ayuntamiento de Isla Mayor. “La demanda”, continúan, “ya no tiene más remedio que ir con nombres y apellidos contra todo el consejo de administración”.
Aunque “hay una diferencia de responsabilidad”, precisan, entre el exalcalde Aviñó Navarro “y los dos vicepresidentes de Emsimsa, Manuel Paredes (PP) y Enrique Aguado (PSOE)” y el resto de miembros. Las fuentes municipales consultadas entienden además que si el Tribunal de Cuentas “ha decretado embargo al antiguo alcalde y los vicepresidentes es porque ha visto indicios”. Al resto del consejo se le ha imputado “responsabilidad contable”.
La investigación abierta por el Tribunal de Cuentas responde a un acuerdo plenario del mandato posterior, de 2003 a 2007, en el que José Manuel Aviñó había sido despojado del bastón de mando y la alcaldía estaba en manos de Francisco Murcia (IU), fallecido en 2008. La providencia de la sección de enjuiciamiento parte “como consecuencia de las irregularidades económico financieras detectadas en la sociedad Emsimsa”, participada “íntegramente por el ayuntamiento de Isla Mayor, durante los ejercicios económicos de 1999 a 2003”.
El exalcalde dice que trabajadores “salieron un poco 'rana'”
En concreto, dicho departamento está tramitando un “procedimiento de reintegro por alcance (…) con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos”. El entonces alcalde, en declaraciones a la Cadena Ser, reduce el caso a errores contables relacionados con una promoción de 200 viviendas en el municipio. “Se adelantaba el dinero mediante pagarés que era algo que todos pensábamos que estaba bien hecho. Lo que pasa es que después nos salieron un poco ‘rana’ algunos de la empresa y pasó lo que pasó”, aduce.
Y denuncia, además, persecución política en este tema. “En el camino ha quedado un fallo contable –continúa– que ya en su día se utilizó políticamente. En ningún lado, en ningún juzgado, se ha dicho que se llevaran el dinero”. El propio José Manuel Aviñó fue condenado en el año 2010 a nueve meses de cárcel y tres años y medio de inhabilitación para cargo público municipal de carácter electivo por ordenar, el día previo a su cese como alcalde, el pago de 5.701,49 euros en favor de la misma sociedad, Emsimsa, a pesar de los informes contrarios entonces del tesorero y del interventor municipal.
¿Por qué está judicializado el caso? En aquel momento, señalan a este periódico las mismas fuentes, el Consistorio arrastraba “muchas deudas, a la Seguridad Social, proveedores, Hacienda… y se aprobó en pleno una ampliación de capital –que no fue inscrita en el registro mercantil– para pagar”. Sin embargo este extremo “no se llegó a formalizar” aunque el ente público “sí transfirió los fondos”. La “sorpresa”, dicen, llegó tras la auditoria por “posibles descuadres de contabilidad” ordenada en 2003: “el ayuntamiento saca de las arcas 200 millones de pesetas, no paga las deudas que tiene y da un préstamo a una empresa fantasma que inmediatamente desaparece”.
Así, arrancó “un expediente de responsabilidad patrimonial” contra los gestores de la sociedad ahora denunciados que comprobó “que había un descuadre en cuenta de al menos 1,6 millones de euros”. El exalcalde y los vicepresidentes investigados “recurrieron al juzgado de lo contencioso administrativo y el TSJA, que siguió viendo que había indicios en cuanto a descuadre y remitió todo al Tribunal de Cuentas, que ha visto que hay responsabilidad”, subrayan.
