Medio millar de centros de educación infantil andaluces reclaman a la Junta 3,8 millones de impagos

La Asociación de Escuelas Infantiles, compuesta por 415 centros de todas las provincias andaluzas, reclama a la Agencia Pública Andaluza de Educación, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta, los pagos de adhesión por el convenio educativo con los centros de educación infantil que, en sólo tres meses de curso escolar, ya han acumulado una deuda de 3,8 millones de euros.

Según los responsables de Escuelas Infantiles Unidas, la Administración andaluza expone fallos en los sistemas informáticos para el registro de las liquidaciones y el pago de las mismas. Concretamente todavía se adeudan cantidades del mes de octubre y las correspondientes a los niños matriculados y bonificados en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Argumentan a este periódico que durante dos años el compromiso de esta Consejería con los pagos ha sido muy eficaz “pero no se puede soportar en nuestros centros una deuda creciente que ya alcanza casi los cuatro millones de euros en tan poco tiempo de curso escolar”.

Preguntadas por esta cuestión, fuentes de la Consejería de Educación indican a eldiario.es Andalucía que “desde el comienzo del curso escolar la Consejería viene pagando con normalidad a las escuelas infantiles las cantidades correspondientes a la convocatoria ordinaria de ayudas realizada el pasado mes de abril, lo que supone cerca de 14 millones de euros mensuales”.

En ese sentido explican que “las cantidades que quedan por abonar corresponden al alumnado que se incorporó a estas escuelas infantiles en la convocatoria extraordinaria realizada en el mes de septiembre, y cuya inclusión en el sistema Séneca se ha demorado por una incidencia informática”. “La Consejería, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, se ha comprometido a que estas cantidades queden regularizadas el próximo 20 de enero, como ya saben los representantes del sector, que han sido puntualmente informados”, concluyen las fuentes.

“Graves perjuicios económicos”

Para la asociación, “los fallos informáticos no pueden ser la causa de graves perjuicios económicos en los centros a la hora del mantenimiento de los mismos, del pago al personal y de sostener una calidad educativa de nivel. El 85% de los ingresos de nuestros centros provienen de la Junta, con lo que cualquier retraso pone muchas cosas en riesgo”, asegura la presidenta de la asociación, Maribel Uncala.

La asociación indica que muchos de los problemas telemáticos se generan por el hecho de que cada centro educativo pueda fijar un precio con el que valorar su atención socioeducativa en el convenio con la Junta de Andalucía. “Esto, además de crear desigualdades entre los menores y en los niveles de calidad de los centros, causa problemas para resolver las incidencias informáticas que esto genera”, consideran.

“Los centros de Educación Infantil nos convertimos en financiera de la Junta de Andalucía, un hecho que no nos podemos permitir y que causa un grave perjuicio y una situación que, de no solucionarse, pone en peligro muchos centros y muchos puestos de trabajo”, señala la presidenta de la asociación.

A estos “retrasos” de las partidas mensuales por el convenio educativo se unen las que deben de percibir todos los centros cada vez que un alumno es matriculado y bonificado. “Esta medida, que afecta a 4.500 niños que obtuvieron su plaza en el mes de septiembre, tampoco se abonará en el plazo que establece la legislación, sino que los meses correspondientes a esas partidas de septiembre, octubre y noviembre, se retrasan a enero”, añaden las fuentes.

La Asociación Escuelas Infantiles Unidas afirma que seguirá “dispuesta a negociar y estar presentes en los grandes acuerdos por la Educación en Andalucía, pero cuando el cumplimiento de los acuerdos y convenios sea total”. A esta cifra de 3,8 millones, exponen, se une “la deuda histórica que todavía mantienen algunos centros con la Junta desde agosto de 2012, y la generada en agosto de 2017, aumentando hasta los seis millones de euros. De hecjo, el impago de 2012 ha llegado a los tribunales y muchos centros están estudiando solicitar de forma individual vía judicial, según advierte la asociación.