El PP-A pide al Gobierno andaluz “dialogar en vez de recurrir” pese a que la práctica lo desmiente
Juan Manuel Moreno critica en el balance de la legislatura los 11 recursos puestos por la Junta de Andalucía y olvida los de su partido, como el de la Ley de la Función Social de la Vivienda para la que se pidió insistentemente una comisión o el más reciente de la reapertura de Aznalcóllar.
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El PP-A ha hecho balance de los dos años de legislatura por boca de sus líderes -este martes lo hacía su portavoz parlamentario Carlos Rojas y un día después su presidente Juan Manuel Moreno- y como eje del discurso habla de la “inacción” de un Gobierno de Andalucía que “prefiere la confrontación” y cita los 11 recursos interpuestos entre 2012 y 2014 en el Tribunal Constitucional (TC) contra medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. El líder del PP-A hablaba este miércoles de “dialogar en vez de recurrir”, insistiendo en que “siempre hay margen” y que esa es la voluntad de su partido, pero se olvidaba de que la práctica desmiente esto.
Sirva como ejemplo más reciente el del recurso del Gobierno de España contra el decreto para el concurso público de reapertura de la mina de Aznalcóllar, que se aprobó un viernes y se retiró seis días después, tras una llamada de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a Mariano Rajoy para desbloquear un conflicto que ponía en peligro la creación de un millar de puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Si bastaba con una llamada de teléfono por qué no se efectuó antes como aviso en el conflicto de Aznalcóllar? Juan Manuel Moreno responde que “sí se le advirtió a la Junta de Andalucía varias veces de que la competencia en minería no era suya”. Esas advertencias, según ha defendido, se hicieron en las “múltiples reuniones sectoriales que se producen” desde que se inició el expediente, “pero no fueron oídas y no quedó más remedio”.
¿Por qué no se convocó la comisión bilateral entre las dos administraciones para solventar discrepancias y evitar el recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda? evitar el recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda?En repetidas ocasiones fue reclamada por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, para evitar tener que llegar a su impugnación -como finalmente ha ocurrido- con la que se había convertido en una de las normas emblemáticas del Gobierno de Andalucía por su impacto social en la lucha contra los desahucios.
La realidad es que son 11 los recursos que ha interpuesto la Junta de Andalucía y serán 12 este jueves con el ya aprobado contra la reforma de la ley de las administraciones locales, aunque en este caso es generalizado en todo el país. Y, quitando el de Aznalcóllar porque duró nada y el que se presentó contra el decreto ley antidesahucios que quedó sin efecto, son 12 los interpuestos contra normas de Andalucía por el Gobierno de España (o el PP valiéndose de 50 diputados), de los que siete se han producido esta legislatura.
“Dos años perdidos”
Por lo demás, el PP-A ha hecho un balance de los dos años de legislatura en Andalucía que no ha dejado lugar a sorpresas, porque ni siquiera ve luces y sombras, sólo un “absoluto fracaso”. Se ha expresado en estos términos su presidente en una previa de lo que su formación defenderá este jueves en el Parlamento de Andalucía en la sesión de control a la presidenta en la que precisamente le preguntarán por la “inacción”. Como ejemplo de ello ha expuesto que en dos años Mariano Rajoy “ha aprobado 73 proyectos de ley, es decir, tres por mes, y la Junta de Andalucía uno cada tres meses” en los 93 consejos de gobierno celebrados.
En estos “dos años perdidos” el líder del PP-A se ha cebado especialmente con las consejerías “más importantes”, como la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, “cuyos fracasados planes de empleo ni siquiera se evalúan”; Presidencia, “que se gasta 16.000 euros diarios en publicidad institucional, es decir, marketing para Susana Díaz”; Igualdad, Salud y Políticas Sociales, “donde el gasto sanitario por habitante ha bajado un 17% en Andalucía frente al 0,5% nacional”; y Política Institucional y Administración Local, que ha caracterizado por su “gestión antimunicipalista”.
En su opinión, “lo peor” es que los propios gobernantes lo reconocen, “y hablan de que han sido dos años de preparación” y que ahora se pasará “a la acción”, lo que ha calificado de “insulto a la inteligencia”. Cree que “Andalucía no se puede permitir esto” y que se está “quedando descolgada”. Por eso, ha exigido al Gobierno de Andalucía “que tome la iniciativa”, por ejemplo “personándose en los juzgados” en los casos de corrupción o haciendo “auditorías de todos los fondos públicos”, como le reclama la oposición en aras de la transparencia. Para ello, ha vuelto a ofrecer su “mano tendida” a la presidenta porque “todavía hay tiempo de mejorar”, pero ve “nula voluntad de diálogo”.
