El jurado del caso del asesinato de Laura Luelmo prohíbe a la prensa el acceso al juicio en Huelva

Vestido con un chándal impecable, desafiante ante la gente que le llamaba “asesino”, “criminal”, “basura”, y con el pelo recién cortado. Así se ha presentado este lunes Bernardo Montoya ante la justicia para responder por el asesinato de Laura Luelmo, la joven zamorana de 26 años agredida sexualmente y asesinada en diciembre de 2018 en El Campillo (Huelva).

El juicio ha comenzado casi tres años después de los hechos, con Bernardo Montoya, único acusado de los crímenes, que se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable.

Sin embargo, a pesar del interés social que despierta el caso, de cómo se movilizaron vecinos de El Campillo y periodistas para buscar a la joven, y de cómo toda España estaba pendiente del juicio, poco se va a saber de lo que se hable en el interior de la sala, porque el magistrado presidente del juicio ha decidido que se celebre a puerta cerrada. La decisión ha sido adoptada después de que todas las partes lo hayan solicitado y haya oído al jurado popular, que se ha pronunciado en la misma línea, aunque no se sabe si ha habido unanimidad.

Ha sido el abogado de la acusación particular, Francisco Luelmo, el que ha solicitado que el juicio se celebre a puerta cerrada, porque, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta vista es mediática “a nuestro pesar y a pesar de la familia de Laura Luelmo”. Y ha matizado: “Pero más mediático fue el juicio de la 'Manada' de Pamplona y fue a puerta cerrada porque se entendió que se podía perjudicar un derecho fundamental, en este caso el de la familia y el de la víctima”.

Soportando un intenso frío, medio centenar de periodistas esperaban a las puertas de los juzgados desde las 8.00 de la mañana para hacer su trabajo, y se han encontrado con este revés.

“Apagón informativo”

La decisión no ha pasado desapercibida para la Asociación de la Prensa de Huelva, que ha mostrado su indignación ante el “apagón informativo” por parte del presidente de la sala, Florentino Ruiz Yamuza. Incluso se ha anulado la señal televisiva que se había preparado para la cobertura periodística del juicio, algo que desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran un grave error que atenta directamente contra los principios democráticos de un proceso público que la propia Constitución Española considera un derecho fundamental.

A la salida de la sala, ningún letrado ha dicho nada sobre lo acontecido en el interior de la sala. En un comunicado, la Asociación de la Prensa de Huelva ha subrayado que el proceso se está llevando a cabo a “oscuras”, causando una “grave afrenta” a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística. “Es especialmente grave esta decisión”, añade el comunicado, “teniendo en cuenta que se trata de un juicio con jurado popular, por lo que han sido personas legas en derecho las que han participado de la toma de decisión”.

Solo antes de entrar a la Audiencia para la sesión de tarde del juicio, el abogado de Montoya ha dicho a los periodistas que su defendido “en absoluto” se ha declarado culpable. Será el jurado popular el que decida sobre la culpabilidad o no de Montoya. En un primer momento el presunto asesino confesó tanto en sede policial como judicial, e incluso ante las cámaras de televisión, ser el autor de los hechos, llegando a pedir perdón a la familia. Meses más tarde cambiaría su versión. Este lunes vuelto a su versión número dos en orden cronológico, declarándose inocente.

En ese momento culpaba del crimen a una mujer que fue su pareja sentimental, y que, pese a constar en un principio como investigada, fue excluida finalmente de la causa, por lo que Montoya es el único sospechoso y enjuiciado en este proceso.

La de este lunes es la primera de una semana completa de sesiones, de mañana y tarde. Está previsto que se sucedan las declaraciones de unas 40 personas, entre testigos, peritos y forenses, aunque nada trascenderá hasta que se conozca la sentencia del caso.

Cinco días de tensión

Laura Luelmo desapareció el 12 de diciembre de 2018, apenas cuatro días después de que se trasladara a vivir a El Campillo para cubrir una baja de la especialidad de Plástica en el instituto de Educación Secundaria Vázquez Díaz de un pueblo cercano, Nerva.

Estaba feliz de vivir en un pueblo tranquilo a cuatro minutos de carrera de su centro de trabajo, con un alumnado al que se ganó enseguida. 

Cinco días más tarde de aquel 12 de diciembre, tras intensas y largas batidas por la zona en la que participaron centenares de voluntarios, apareció su cuerpo en un lugar conocido como Las Mimbreras, a las afueras de El Campillo, dando al traste con las esperanzas de los que confiaban en poder encontrarla con vida. 

Al día siguiente fue detenido Montoya, un vecino del pueblo que residía en una vivienda frente a la de la joven, con antecedentes por asesinato.

La agredió, según el escrito de la Fiscalía, durante más de una hora. Relata el fiscal que fue alrededor de las 17:30 horas de ese 12 de diciembre cuando el acusado abordó por sorpresa a la joven al volver a su domicilio tras hacer la compra en un supermercado cercano y, con ánimo de privar su libertad de movimiento, mientras ella gritaba, la introdujo a la fuerza en su domicilio.

Una vez dentro, comenzó a propinarle golpes y puñetazos dejándola malherida y debilitada y, tras inmovilizarla atándole las manos y taparle la boca, la trasladó a uno de los dormitorios y la agredió sexualmente. Después volvió a golpearla hasta la muerte, la introdujo en el maletero de su coche y la abandonó en el lugar donde fue encontrada sin vida el 17 de diciembre.

Tanto la acusación particular, ejercida por la familia de la joven, como la Junta de Andalucía -acusación popular- han solicitado prisión permanente para Montoya, quien lleva en la cárcel de Morón de la Frontera desde entonces, protegido de los demás presos.