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La Fiscalía archiva la investigación por el presunto uso de reactivos caducados en un hospital de Málaga

Archivo - El Hospital de la Axarquía.

Néstor Cenizo

Málaga —

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La Fiscalía Provincial de Málaga ha decretado el archivo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por un sindicato por la presunta utilización de reactivos caducados, no estabilizados, o reutilizados, por parte de la Unidad del Laboratorio del Hospital Comarcal de la Axarquía, según ha informado la Consejería de Salud a través de una nota de prensa. Según explican, la Fiscalía ha concluido que no existen indicios de delito para remitir una denuncia y abrir una investigación penal.

La Fiscalía abrió diligencias tras recibir una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en el que se alertaba de un presunto uso irregular de esos reactivos. La denuncia se acompañaba de al menos cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores del laboratorio grabados en vídeo (se ofrecía la posibilidad de más), fotografías de botes envueltos en film transparente y donde se podía leer “caducado” y copias de decenas de mensajes en un grupo de Whatsapp, cuya integridad estaba verificada por un perito informático, donde responsables del laboratorio pedían a técnicos y otros compañeros que no tiraran botes que las máquinas expulsasen por estar caducados o con la estabilidad pasada.

“Si algún reactivo sale caducado del Atellica [una de las dos máquinas provistas por Siemens al hospital] no lo tiréis, tapadlo y dejadlo en la cámara. Yo los aprovecharé en rutina. Sólo tirad los que salgan vacíos. Gracias”, se leía en uno de esos mensajes, cuyo contenido fue desvelado por este medio. “Hay varios diluyentes 3 del IMT caducados, para poder utilizarlos hay que realizar entrada manual y cambiar la fecha de caducidad”, decía otro. En esas conversaciones se habla de “programar el caducado antiguo como muestra” y de reactivos “engañados”, y se advierte de “en ningún caso tirarlos”.

El pasado mes de abril CSIF llevó ese material ante Fiscalía, que abrió la investigación que ahora se cierra tras concluir que no hay indicios de ningún ilícito penal.

Denuncia ya resuelta en vía interna

El comunicado de la Junta de Andalucía recuerda que el hospital ya abrió una investigación reservada en enero, tras recibir una queja del sindicato. Aquella investigación llegó a la misma conclusión de Fiscalía. La resolución de archivo, dictada en marzo, no contenía la motivación del cierre ni los responsables explicaron qué diligencias habían practicado entonces. La Consejería dice ahora que se recabaron informes de la dirección médica y la dirección de enfermería del hospital, TIC, Atención a la Ciudadanía, y la jefatura del laboratorio, así como declaraciones de personal del centro y una diligencia de inspección presencial del laboratorio y la comprobación del funcionamiento del analizador. Asimismo, se analizaron fotografías y documentación aportadas por el sindicato, correos y documentación técnica y una auditoría interna del funcionamiento del laboratorio.

Tras este archivo, la organización sindical presentó denuncia ante la Fiscalía, que ahora ha determinado también que no existen indicios de delito.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, negó que se usaran reactivos caducados o en mal estado en el hospital en una comparecencia parlamentaria el pasado 1 de octubre. En respuesta a la pregunta de Luis Rodrigo, diputado de Adelante Andalucía, aseguró: “No quedado acreditado el uso de reactivos caducados o no aptos”, a lo que añadió que “con la información disponible hasta hoy, no se ha acreditado que la seguridad de los pacientes se haya visto comprometida”. Sanz explicó que los analizadores del laboratorio están programados para bloquear y rechazar cualquier reactivo caducado, sin valorar si se les puede “engañar”, como denunció CSIF.

En el periodo en que esta investigación ha estado en marcha, dos trabajadoras han denunciado ante la Inspección de Trabajo el “hostigamiento sistemático” que, según dicen, están pasando al ser señaladas como las personas que han puesto los hechos en conocimiento del sindicato. Esas situaciones incluirían cambios de tareas, aislamiento, desprecio, comentarios y denuncias injustificadas. Ambas cuentan con partes de la unidad de salud mental.

En paralelo, tanto la jefatura de servicio de Laboratorio del Hospital como la coordinación de laboratorio del mismo centro sanitario han llevado a cabo acciones judiciales ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga Plaza número 1, celebrando un acto de conciliación previo ante la interposición de una querella criminal por un presunto delito de injurias y calumnias continuadas con publicidad frente al sindicato.

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