Un tribunal condena a dos empresas e ingenieros del Puerto de Málaga por un fraude de cuatro millones en obras inexistentes

Más de 25 años después de que el Puerto de Málaga encargara su gran transformación a varias de las grandes constructoras del país, la Justicia ha llegado a la conclusión de que los dos ingenieros del propio Puerto responsables de supervisar la reforma de su zona de mercancías, 40 hectáreas ganadas al mar, se concertaron para reducir su coste real y procurar así un beneficio extraordinario a las empresas adjudicatarias.

La obra costó 31 millones, pero Dragados, Urbaser y Sando, constituidas en una UTE, se ahorraron cuatro millones gracias a que dragaron menos metros de los que se certificaron, no vertieron todo el material y los certificados de obra inventaron una profundidad para justificar una partida de escollera que en realidad nunca se utilizó. Los jefes del Departamento de Infraestructuras y de Proyectos y Obras del Puerto de Málaga, empleados públicos, escondieron las mediciones reales a la dirección del Puerto.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, adelantada por El Observador y a la que este medio ha tenido acceso, condena ahora por falsedad en documento público y malversación a los dos ingenieros a un año y medio de prisión y tres de inhabilitación. Ambos habían admitido ya el fraude, pero debía dilucidarse qué responsabilidad tuvieron las empresas. La clave está en el dinero: ambos son condenados a indemnizar solidariamente al Puerto en concepto de responsables civiles, pero también lo son las empresas como partícipes a título lucrativo, en función de su peso en la UTE: Sando, el 32%, Dragados el 48%. Urbaser ya saldó su responsabilidad antes del juicio. Las tres son las que obtuvieron realmente la ganancia.

La sentencia no aclara por qué los dos individuos habrían procurado ese “favor” a las mercantiles, pero en otro proceso ya quedó acreditado que Sando y uno de ellos tenían una estrecha relación comercial a través de una empresa de la que eran socios este último y tres de sus hermanos, a través de la que seguía percibiendo retribuciones mientras desempeñaba funciones públicas en el Puerto.

Una transformación radical con fondos europeos

A finales de los 90 y primeros 2000 el Puerto de Málaga acometió una profunda transformación que cambió su cara pública (el centro comercial del Muelle 1 y el Palmeral de las Sorpresas), pero también sus zonas operativas, como la terminal de contenedores o el atraque de cruceros. En menos de una década Málaga modernizó su puerto y se convirtió en pionera de una tendencia que ahora parece imparable: “Abrir el Puerto a la ciudad”. Una fórmula amable para explicar que las infraestructuras portuarias ubicadas junto a centros urbanos se permeabilizan físicamente, concertando a empresas privadas parte de sus terrenos antes destinados a operativa portuaria (silos, graneles, atraques) a actividades comerciales.

En Málaga, una parte sustancial de este cambio de piel se pagó con fondos europeos. El impacto del buque Stolt Capability contra el atraque Sur, el 13 de febrero de 2008, permitió descubrir que las empresas responsables no habían hecho lo que se había certificado. Más tarde, se comprobó que el pufo afectaba a esa zona (781.000 euros públicos defraudados, según sentencia del Tribunal Supremo ya firme); el muelle de contenedores (cuatro millones, según un informe pericial, y 3.022.000 euros de condena, según la sentencia conocida ahora); o el dique de Levante (171.000 euros, archivado porque Fiscalía lo atribuyó a una imprudencia).

Fue el director del Puerto por entonces, José Antonio Caffarena, quien acudió a Fiscalía a la vista de las irregularidades. Los casos se han instruido durante años, en los que planeó el cierre en falso por prescripción. Desde la denuncia hasta el juicio han transcurrido 13 años, en parte por la complejidad técnica del asunto, que ha obligado a requerir diversos informes periciales. Estos retrasos justifican una rebaja sustancial de la pena por dilaciones indebidas.

A finales de 2023 el Puerto de Málaga, Fiscalía y los acusados particulares aceptaron el acuerdo propuesto por la Abogacía del Estado para zanjar el asunto, pero las empresas mantuvieron el pleito hasta llegar a juicio, celebrado el pasado julio, y a la sentencia que ahora se conoce.

Ni Dragados ni Sando han respondido a los intentos de este medio para conocer su valoración de la sentencia y su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo, o no.

Obras adjudicadas por 28,2 millones

La sentencia conocida ahora constata las irregularidades cometidas en casi 20 hectáreas de terreno portuario, comprendidas entre el antiguo dique de Poniente y la desembocadura del Guadalmedina. El proyecto comprendía tres actuaciones: un muelle Norte-Sur para el atraque de buques de gran porte; un conjunto de diques de casi 1.500 metros de longitud; y el dragado hasta una cota mínima de 16 metros de la dársena adyacente al futuro Muelle 9 para facilitar el acceso de grandes buques. En una segunda fase, la adjudicataria tenía que rellenar la plataforma de contenedores y prolongar el Muelle 9.

El proyecto se licitó en mayo de 1999 por más de 37 millones de euros, pero se lo adjudicó una UTE constituida por Sando y dos empresas de Dragados por 28,2 millones, una baja del 23,7%. La Autoridad Portuaria confió la dirección y control de las obras a Juan Pablo Gómez de la Fuente, ingeniero jefe del Departamento de Infraestructuras y José Fernández Durán, ingeniero técnico jefe de la División de Proyectos y Obras, los dos condenados ahora.

La sentencia concluye ahora que durante la ejecución de la obra ambos “adoptaron la firme decisión de manipular” la documentación oficial que debían generar “a fin de incrementar fraudulentamente las mediciones y la valoración de ciertas unidades de obra, inducir a error a los máximos responsables técnicos y económicos de la Autoridad Portuaria y mejorar por esa vía las ganancias de la contratista a costa del interés público”.

Se habían concertado previamente entre sí y con técnicos o representantes de alguna de las empresas constructoras, pero los magistrados no han acreditado por qué. Además, Gómez de la Fuente modificó el proyecto base acometiendo obras innecesarias y empleando materiales más caros. El objetivo era incrementar el presupuesto en 2,8 millones “para favorecer los intereses de la contratista”, aunque parte del modificado “carecía de fundamento”.  

El resultado es que al liquidar las obras se incrementó su verdadero coste en unos cuatro millones de euros, en torno al 13% del presupuesto inicial, “por el simple procedimiento de aumentar subrepticiamente las mediciones finales” de tres unidades de obra. Era tentador hacerlo, porque quedaban bajo tierra y no podían ser inspeccionadas.

381.000 toneladas de más: 2,9 millones de euros extra

La sentencia desglosa las tres partidas con las que se engordó el pufo aceptando la acusación del fiscal. Así, los acusados, “fingieron” que unas estructuras (las banquetas) habían penetrado en el fondo marino hasta dos metros y medio, cuando lo cierto es que nunca superaba el metro y en algunos tramos ni existía. Esto les sirvió para sumar 381.000 toneladas de “escollera sin clasificar”, el material más caro, a 7,29 euros por tonelada, y liquidar material por más del doble de lo verdaderamente empleado. De esta forma, las empresas se embolsaron sin causa 2.946.575,97 euros.

Los acusados también consiguieron que se pagara un dragado muy superior al previsto. A pesar de que no había batimetría que justificara esa modificación, se abonó un exceso de dragado de 406.804,28 metros cúbicos: a razón de 2,09 euros por metro cúbico, suponen 850.220 euros pagados de más.

Por último, aumentaron adrede la profundidad y el volumen del material vertido en la banqueta, aprovechando la pendiente natural del terreno para liquidar más de lo que realmente habían usado. Así lograron liquidar otras 32.425 toneladas de escollera sin clasificar (nuevamente, el material más caro), con un beneficio de 236.385 euros para la contratista.

La sentencia recoge cómo Gómez de la Fuente trató de dificultar la investigación triturando o sustrayendo casi toda la documentación técnica del proyecto. Posteriormente, ambos acusados llegaron a un acuerdo con Fiscalía para admitir los delitos. No participaron del acuerdo las empresas. El director del Puerto que denunció el desfalco fue destituido en 2013.