La exconsejera Mar Moreno abunda en la tesis de que los problemas con la formación se han dado en todo el país

La exconsejera Mar Moreno ha defendido este lunes en la comisión de investigación de las subvenciones de formación para el empleo (FPE) creada en el Parlamento de Andalucía que el caos en la gestión de estos fondos públicos era generalizada en todo el país. Se ha remitido para ello al real decreto ley 4/2015 para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo.

Ese real decreto ley reconoce, entre otras debilidades, la deficiente coordinación del conjunto del sistema; la falta de una planificación estratégica; su escasa vinculación con la realidad del tejido productivo...“, ha leído la que fuera consejera de Educación precisamente cuando en 2013 las competencias de FPE pasaron a dicho departamento, un cambio que ha desvinculado de un intento del entonces presidente José Antonio Griñán de intentar frenar la crisis que se vislumbraba con el tema, que trascendería a los medios de comunicación en 2014.

Mar Moreno, con cuyo testimonio este lunes se encara la recta final de la primera ronda de comparecencias, ha redundado con ello en la tesis del Gobierno de Andalucía de que el supuesto fraude con estas subvenciones, por el que han abierto diligencias hasta 18 juzgados -de los que tres ya se han inhibido a favor del resto- y hay decenas de exaltos cargos investigados, es una exageración sobre lo que son irregularidades administrativas y que ya se demostrará. Tras recordar que “la mayor parte de los nubarrones” llegaron cuando ella ya no era consejera, ha defendido su trabajo durante el periodo que se ocupó de estos fondos públicos como máxima responsable.

“Nosotros hasta teníamos ilusión. Era un reto”, ha comentado cuando se decidió que se hiciera cargo de la FPE. “Los apasionados del sector querían eso. Estábamos convencidos de que podíamos hacer muchísimo”, ha continuado, tras manifestar que inicialmente esperaban que fuera definitivo el traspaso, por lo que le sorprendió que luego dejaron de estar en la Consejería de Educación y volvieran a ser materia del consejero responsable de empleo. “Cuando y me fui ni siquiera estaba completa la transferencia de personal”, ha lamentado.

Por su parte, Jaime Raynaud, diputado del PP-A, le ha reprochado que la consejera “se limite a decir que todo es culpa del Gobierno de España”. Por eso le ha preguntado en reiteradas ocasiones si “nunca” fueron objeto de debate del Consejo de Gobierno los problemas que se estaban detectando, y de lo que alertaban funcionarios e interventores, y si estas cuestiones “no le provocaban siquiera preocupación o zozobra”.

En cambio, preguntada por la diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy, Mar Moreno ha dicho que “había normalidad” en el funcionamiento y que no tenía conocimiento de “ninguna alerta”. Eso ha permitido a Marisa Bustinduy abundar en que “en 2013 no había ninguna alerta (...), sino sólo un traspaso de competencias”. En opinión de la comisionada, las primeras advertencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía llegaron en enero de 2014, pero lo cierto es que ya en 2012 -como ha quedado de manifiesto en la comisión de investigación- había informes de los interventores provinciales alertando de numerosas irregularidades y de hecho, poco después se iniciarían las investigaciones en los juzgados.

También ha defendido que la normativa de la Junta de Andalucía es incluso “más garantista” y se ha remitido por ejemplo al caso de las polémicas exoneraciones, por las que se otorgaban nuevas subvenciones a beneficiarios cuya justificación de las recibidas previamente no había sido todavía comprobada. Cabe recordar que la Junta de Andalucía otorga por norma el 75% de la subvención, mientras que el 25% restante se recibe cuando ya se comprobado la justificación del gasto. “Todas las resoluciones de exceptuaciones adoptadas van con todas las revisiones, por lo que rechazo cualquier ilicitud”, ha enfatizado Mar Moreno. Es más, ha dicho que “en otros lugares de España no se puede hablar de exceptuaciones porque se abona la totalidad de la subvención sin necesidad de esta justificación”, por lo que entiende que la Junta de Andalucía “es incluso más exigente” en esta parte con su legislación.

Una de las preguntas recurrentes ha sido por el hecho de que bajo su mandato se publicara la advocación de Teresa Florido, la exdirectora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Teresa Florido, cuñada de uno de los principales beneficiarios de estos fondos públicos bajo sospecha, el también exconsejero Ángel Ojeda. Se da la circunstancia de que Teresa Florido pidió abstenerse en la concesión de estas subvenciones por esta relación -ha llegado a declarar que no sabía a qué se dedicaba su cuñado- cuando dependían del consejero Manuel Recio, pero no se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta que se hizo con las competencias Mar Moreno meses después. “¿Por qué se publicó en el BOJA -que por otro lado tampoco era obligatorio- después?”, le ha inquirido José Antonio Castro (IU). “Lo ignoro por completo. Tengo entendido que no es obligatorio. Muchas veces es cuestión de los distintos gestores”, ha sido la respuesta.