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La ministra Montero esquiva la comisión de investigación sobre el uso de fondos públicos en prostíbulos a las puertas del 10N

La ministra de Hacienda en funciones informa al Parlamento andaluz de que no acudirá a declarar este jueves, esgrimiendo un informe del Consejo de Estado y varios autos judiciales que niegan a la Cámara autonómica competencias para citar a un miembro del Ejecutivo central

El ex presidente andaluz Manuel Chaves comparecerá a primera hora del jueves, pero José Antonio Griñán y Susana Díaz no han confirmado

El reglamento del Parlamento andaluz y el artículo 502.1 del Código Penal obligan a los citados por una comisión de investigación a declarar, so pena de ser castigados por un delito de desobediencia si rehusan hacerlo

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La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. EFE

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha informado por escrito al Parlamento andaluz de su rechazo a la citación para declarar este jueves ante la comisión que investiga las supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos la extinta Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, dependiente del anterior Gobierno socialista. Montero argumenta su negativa en un dictamen del Consejo de Estado y "diversos autos judiciales" que concluyen la "falta de competencias de un parlamento autonómico" para citar a un miembro del Ejecutivo central ante una comisión de investigación, confirman fuentes próximas a la ministra a eldiario.es/andalucia.

La citación, que también incluye a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, había generado muchas críticas en el PSOE y Adelante Andalucía por su "indisimulado sesgo electoral", dado que las declaraciones están previstas para este jueves y viernes, a las puertas del 10N. Además la declaración de Montero en el Parlamento andaluz -prevista para este jueves a las 18.30 horas- coincidía con un debate televisado en directo con otros candidatos al Congreso en las elecciones del domingo, que tendrá lugar en Madrid. La también ex consejera andaluza encabeza la lista del PSOE por Sevilla y está en plena campaña electoral.

La Faffe era una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, que es objeto de otra investigación judicial por presuntas irregularidades en los contratos de formaciónSe trataba de un órgano dependiente de la Consejería de Empleo del anterior Gobierno andaluz que dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010, periodo en el que se detectaron los gastos irregulares en los prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Montero entró en la Junta como consejera en 2013, dos años después de la disolución de la Faffe, en 2011.

El órgano competente para llamar a declarar a la ministra, según resoluciones contra la Cámara legislativa de Galicia, Catalunya y Andalucía, sería el Congreso de los Diputados. El escrito de rechazo a la citación de Montero es similar al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cursado ante el Parlament catalán, que también requirió la presencia del ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. 

El dictamen del Consejo de Estado es también el mismo que esgrimió la ex ministra de Empleo del anterior Gobierno del PP, Fátima Báñez, para esquivar su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los cursos de formación, en 2016. La presencia de Montero ante la Cámara andaluza, sostienen fuentes próximas a la ministra en funciones, vulneraría el sistema constitucional de distribución de competencias. "No existen precedentes de ministros del Gobierno de España que se hayan sometido al control de comisiones de investigación de parlamentos autonómicos. Los servicios jurídicos de la Cámara andaluza avalaron entonces la decisión de Báñez de no comparecer en la comisión de la formación.

Fuentes socialistas sí confirmaron la comparecencia este jueves del ex presidente Manuel Chaves, pero aún no se ha confirmado que acudan sus sucesores, José Antonio Griñán y la actual líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, que aseguran no haber recibido aún la citación por parte del presidente de la comisión.

El reglamento del Parlamento andaluz obliga a declarar a aquellos que hayan sido citados formalmente por una comisión de investigación. También consta así en el artículo 502.1 del Código Penal, que establece castigos por un delito de desobediencia: "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Pulso con PP, Ciudadanos y Vox

El PSOE andaluz ha presentado un escrito ante la Mesa del Parlamento solicitando el aplazamiento hasta después de las elecciones del 10 de noviembre de las comparecencias de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz ante la comisión de investigación de la Faffe. El órgano rector de la Cámara lo ha rechazado.

PP, Ciudadanos y Vox, socios en el Gobierno andaluz, pactaron un calendario de comparecencias pegado a los dos últimos días de campaña, que obligaba a los ex presidentes y a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a acudir al Parlamento a dar explicaciones sobre las irregularidades en la extinta Fundación para la Formación y el Empleo de la Junta, durante la etapa socialista en el Gobierno. Parte de esa investigación apunta al supuesto gasto de 40.000 euros de fondos públicos en prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz. 

Ni PP ni Ciudadanos ni Vox aceptan aplazar las comparecencias de los líderes socialistas, toda vez que la sombra de la corrupción es un importante activo de campaña para los tres grupos conservadores.

La Faffe quedó extinguida en 2011 y su personal se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En 2016, Susana Díaz ordenó paralizar las políticas activas de empleo, cuando salieron a la luz las primeras irregularidades en la contratación a empresas de cursos de formación a parados. El tema concreto de los fondos públicos en varios clubes de alterne es una pieza separada de dicha investigación pilotada por la jueza María Núñez Bolaños, que también instruyó el caso del fraude de los ERE en su fase final. 

El primer caso que salió a la luz tuvo lugar hace ocho años, en marzo de 2010, y luego han aflorado más gastos de un ex directivo de la Junta en otros cuatro prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre 2004 y 2010. Era un tema antiguo que recobró actualidad a principios de año, porque se está juzgando ahora en los tribunales, y porque el PP andaluz lo convirtió en su principal herramienta política para atizar a Díaz las puertas de las elecciones del 2 de diciembre.

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