Miles de citas médicas para presos se pierden por no poder ser custodiados hasta el hospital
Un 12% en el centro penitenciario de Jaén, un 10% en la cárcel de Algeciras o casi un 10% en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Son porcentajes oficiales de citas médicas no realizadas a presos que las tenían concertadas pero a las que no pudieron acudir por falta de conducción policial. Es decir, personas presas enfermas por diversos motivos que no pudieron ser custodiados hasta sus hospitales de referencia para una cita sanitaria y perdieron la ocasión. Las cifras llegan al 23% en Palma de Mallorca o al 18,3% en A Lama, en Galicia.
Un informe del Gobierno desglosado por comunidades autónomas y centros penitenciaros en los años 2015, 2016 y 2017 da cuenta del número de este tipo de consultas extrapenitenciarias perdidas en relación con las citadas. La documentación le ha sido remitida por el Gobierno central a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora, quien señala que se trata de una cuestión “a añadir al desmantelamiento de la asistencia sanitaria en prisión”.
La media en España es del 4,72%, según los datos de 2017, mejor que en 2016 (5,44%) pero peor que en 2015 (3,90%). Las cifras concretas del año pasado revelan un total de 3.559 citas no realizadas por falta de fuerza custodia (4,72%), 4.633 por otros motivos (sin detallar) y 2.204 por negativa del propio interno. En total, 10.411 no realizadas sobre el total de las citas (75.455) en los 66 centros penitenciarios españoles.
“No se manda suficiente policía para hacer los traslados necesarios”, añade la senadora, que detalla que tienen preferencia las conducciones a los juzgados. Si bien Instituciones Penitenciarias “podría conceder permiso a todos los que están en segundo grado para que vayan a citas médicas con medios propios”, esta posibilidad “no se utiliza” y es algo que “podría resolver parte de esta problemática”.
Sin accesos a las historias clínicas
“Lueve sobre mojado” pese a que la situación “ha mejorado bastante”, apunta a eldiario.es Andalucía la senadora, que considera en todo caso “elevadas” algunas de las cifras que ofrece el Gobierno en esta materia. Según Maribel Mora, el hecho de que la sanidad no esté integrada en las cárceles supone, por ejemplo, que los médicos de prisiones no puedan acceder a las historias clínicas del sistema nacional de salud.
Esta situación supone “descoordinación, retrasos en la atención, resultados de las pruebas que quedan obsoletos”, explica la senadora, que recuerda que Instituciones Penitenciarias “anuló todos los convenios de colaboración con las comunidades autónomas”, con menor posibilidad de que los especialistas acudan a los centros, donde ya son bastante minoritarios, como ocurre en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. “Los números de pérdidas de citas médica siguen llamando la atención porque estamos hablando de la salud de la gente”, concluye.
En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han llegado a atender casos de hasta 14 pérdidas de citas médicas en un año, padeciendo el enfermo enfermedades graves como cirrosis y enfermedad metal. Ha habido años en los que, en Sevilla I o en Córdoba, por ejemplo, se llegaron a perder más de la mitad de citas médicas, como ocurrió en 2000). Según consideran, pese a que el número de quejas antes los Juzgados de Vigilancia y ante el Defensor del Pueblo hayan descendido, “sigue siendo un problema presente en los centros penitenciarios y sigue afectando de forma muy negativa a la población reclusa”.
Cambio de centro penitenciario
A juicio de APDHA, deberían priorizarse las conducciones médicas sobre otros servicios, interviniendo en la organización de las mismas los servicios médicos penitenciarios, concediendo en caso de imposibilidad de la Administración, permisos extraordinarios a los presos para que realicen salidas en régimen de autogobierno, de acuerdo con la legislación vigente (art.155.4 del RP) que se conceden muy excepcionalmente.
En ocasiones, las pérdidas de citas no se deben a la falta de fuerzas de conducción sino a los desplazamientos de los presos de un centro penitenciario a otro sin tener presente las citas médicas ya concertadas. La Circular de Instituciones Penitenciarias 2/98 dispone la suspensión de los traslados cuando existan tratamientos o pruebas médicas pendientes, y de que la Ley General Penitenciaria en su art. 3.4 establece la obligación de la administración penitenciaria de velar por la vida, integridad y salud de las personas presas.
“Si una persona presa tiene una diligencia judicial se debería haber gestionado un cambio en la cita pero, si en ese momento te trasladan de prisión, se pierde la cita. Eso pasa de manera muy elevada”, lamenta Mora, que pedirá mayor detalle de los datos aportados por el Ejecutivo.
