Griñán ofrece por primera vez su versión del caso de los ERE ante la Justicia
La declaración este próximo jueves del expresidente de la Junta José Antonio Griñán en el Tribunal Supremo en calidad de imputado en el caso de los ERE no debe tener, en principio, consecuencias procesales inmediatas. Así lo explican fuentes del alto tribunal, que se remiten a lo expuesto en el auto de la Sala Penal del pasado 13 de noviembre, cuando acordó investigar la presunta participación y posible responsabilidad penal del exdirigente andaluz y otros cuatro aforados nacionales. En cualquier caso, será la primera ocasión en que el exmandatario andaluz pueda ofrecer su versión del caso ante los tribunales de Justicia.
“Si como consecuencia de las diligencias de investigación, el instructor aprecia la existencia de indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados deberá exponerlo a esta Sala a los efectos de la solicitud de Suplicatorio, conforme el art. 71.2 de la Constitución, con carácter previo a su imputación formal, procesamiento, o adopción de cualquier medida cautelar”, explicaba en concreto aquel primer escrito del Supremo en relación a la causa instruída por la jueza Mercedes Alaya.
Las fuentes dan por hecho que Griñán prestará declaración (no tendría sentido no hacerlo cuando tanto él como los otros aforados -Viera, Chaves, Zarrías y Moreno- solicitaron hacerlo voluntariamente nada más conocer el auto) y añaden que no es probable que el instructor Alberto Jorge Barreiro tome decisión alguna antes de escuchar a los cinco citados a declarar. Además, siguiendo el mandato de la Sala Penal, antes deberá cumplirse el formalismo de pedir el suplicatorio al Senado, en los casos de Griñán o Moreno, y al Congreso en los casos de Viera, Chaves o Zarrías. Sin inculpación formal no se adoptarán medidas cautelares de ningún tipo, según prevén igualmente las fuentes.
Griñán, judicialmente, se expresó recientemente por primera vez ante el Supremo a través de un extenso informe, presentado a finales de enero y adelantado por este periódico, con la intención de contrarrestar lo expuesto por el equipo pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que durante el mes de febrero ratificó ante Alaya que el instrumento para pagar los ERE fue “inadecuado de acuerdo con la Ley”, así como la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas que se investigan en la causa.
El expresidente, que se personó inmediatamente tras la apertura de esta 'causa especial' en el Supremo, rechaza en su informe de plano la idea general mantenida por la jueza de que los cargos de la Consejería de Hacienda habrían participado en una especie de “maquinación” dirigida a incluir en el anteproyecto de ley de Presupuestos de la Junta, y después en los expedientes de modificaciones presupuestarias, las transferencias de financiación con el fin de hacer posible su uso indebido.
El informe presentado por la representación legal de Griñán argumentaba, principalmente, que ni Griñán ni los exaltos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirigió tras ser nombrado por Chaves entre 2004 y 2009, tuvieron competencias ni responsabilidad en la tramitación de las modificaciones presupuestarias de las que 'bebieron' las supuestas irregularidades en el otorgamiento de las ayudas sociolaborales, que “se produjeron en la fase de ejecución del gasto”. Y puso en el tejado de otra consejería la posible responsabilidad: “Las competencias para la ejecución del gasto correspondiente a las ayudas sociolaborales financiadas con cargo a créditos de transferencias de financiación del programa 3.1.L. 'Administración de las Relaciones Laborales' ha estado siempre atribuida a la Consejería de Empleo”.
Fuentes del entorno de José Antonio Griñán informan de que el expresidente presumiblemente atenderá a los medios de comunicación a su salida del tribunal. Romperá un silencio de meses de manera doble: ante los jueces, ya que es la primera vez que se le da la oportunidad de hacerlo, y ante la opinión pública después de la apertura de la investigación. De igual modo, estas fuentes no preven que se establezcan novedades procesales y que el instructor aguardará a escuchar a los aforados nacionales. La jueza Alaya planteó la imputación de Griñán en un auto enviado a los medios por el PP-A justamente mientras tomaba posesión su nuevo gobierno, allá por el 13 de septiembre de 2013.
Las fuentes cercanas a Griñán señalan que el Supremo cuenta con la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta en los que se decidió remitir el proyecto de la Ley de Presupuestos al Parlamento en el período 2000-2012, así como la documentación de los 'consejillos' (reuniones de viconsejeros), previos a los expedientes investigados. Sin embargo, el instructor aún no dispone de la investigación encargada al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil sobre Moreno y Zarrías, centrada en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia, recalcan las fuentes, que dudan de la oportunidad del momento para tomar declaración a los aforados.
