El PSOE mantiene su acusación a los taxistas investigados por “impedir” un mitin de Susana Díaz
No hubo “acuerdo” para impedir la celebración del mitin de Susana Díaz. Esa ha sido la respuesta unánime de los ochos taxistas en el Juzgado de lo Penal número dos de Sevilla este jueves en el inicio del juicio contra los procesados por los altercados del 22 de noviembre de 2018. Los hechos ocurrieron en el teatro Romero de San Juan de Aznalfarache cuando interrumpieron un evento político que encabezaba la que fuera por entonces presidenta socialista de la Junta de Andalucía.
La vista, retomada después de ser suspendida en abril de este año, se dirigió al responsable de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi Antonio Velarde y sus compañeros M.A.V.R., J.F.T., J.A.R., F.L.M., C.B.M., J.L.R.G. y J.C.L.L., por lo que se determinó en el auto como “un delito de alteración del orden de acto electoral”. El PSOE denunció en 2018 que los taxistas habían impedido la normal consecución del evento al “agolparse en la puerta, empujando a los asistentes al acto electoral, lanzando insultos y golpeando la puerta de cristal del teatro”. La razón de que estuvieran allí, defienden los acusados, fue debido a que estaban interesados en oír las propuestas que tenía la presidenta andaluza para el sector en el contexto de las polémicas con los VTC (Vehículo de Turismo con Conductor).
La Fiscalía mantuvo su petición inicial de multa de 12 meses a una cuota diaria de seis euros para los ocho taxistas acusados -lo cual asciende a 2.160 euros por persona-; mientras que el PSOE reclama 410 euros como indemnización conjunta al partido y otra de 14.400 euros. Sin embargo, los investigados argumentaron que la aglomeración se produjo de manera “espontánea” y que, en cualquier caso, el conflicto comenzó cuando los miembros de la organización del acto los desalojaron del teatro exigiendo “algún tipo de acreditación para volver a entrar”, a lo que el público, “en general, mostró su malestar”.
El Policía Nacional atestigua que “el acceso estaba libre”
Acerca del impedimento para entrar en el teatro, los taxistas respondieron ante el fiscal y la acusación particular, ejercida por el PSOE, que se permitió el paso al interior del edificio a aquellas personas que estuvieran acreditadas, tal y como se les había requerido. Un hecho que intentó demostrar el abogado de la defensa, Simón Fernández, al revelar una fotografía de aquel instante ante las partes. En la imagen, podía contemplarse un patio de butacas casi lleno, lo cual corroboró Juan Antonio Barrionuevo, actual concejal del Ayuntamiento hispalense, quien declaró como testigo al ser uno de los organizadores del mitin.
Línea en la que coincidió el agente de la Policía Nacional, también testigo, que estuvo presente la jornada señalada: “Había bastante gente, pero cuando llegamos empezaron a disolverse, como suele ser lo habitual. El acceso estaba libre para quien quisiera entrar en la antesala”. La presencia de los agentes provocó que “abrieran hueco para que entraran las personas”, respondió el encargado de mantener el orden a las preguntas de la acusación particular.
No obstante, Juan Antonio Barrionuevo rememoró, al referirse a la velada, que “empezaron a concentrarse en la antesala del teatro y dificultaron el acceso a los demás. Golpearon la puerta e increpaban a todos. Se comportaban de modo violento, por lo que nos vimos obligados a suspender el mitin”. Durante la protesta, se acercó una persona “que conocía del barrio” al entonces organizador, y esta le presentó a quien dijo que era el presidente de los taxistas, el cual comentó que si Susana Díaz se acercaba a dialogar con el colectivo, “se arreglaba todo”.
Simón Fernández, letrado de la defensa, afirmó que no hay delito de alteración del orden en acto electoral puesto que “un mitin es un acto de propaganda electoral, no es un acto electoral”. La diferencia entre estos términos es clave para determinar la pena, ya que se trata de una protesta, “ni siquiera un escrache”, reiteró. Además de la imagen, el abogado adjuntó vídeos de la concentración para defender su postura: “Nadie ha buscado las identidades”, exclamó refiriéndose a las demás personas que estaban frente al teatro.
Asimismo, el jurista subrayó en el informe final que la instrucción está realizada por la misma persona que realiza el auto de la “mafia del taxi en Sevilla”, una trama aún abierta en donde figura la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi en calidad de investigada como persona jurídica al ser presunta responsable de los perjuicios recibidos por los conductores de VTC.
El presidente de Solidaridad del Taxi quería concretar una reunión con los miembros del PSOE
La Fiscalía, en el escrito de acusación presentado a principios de año, concluyó que a las 19.15 horas del 22 de noviembre de 2018 los taxistas se organizaron y citaron para “actuar conjuntamente”. En cambio, el abogado de la acusación, comentó esos detalles a que “en el atestado se indica que entre las 19.00 y las 20.00 horas de ese día salieron del aeropuerto de Sevilla 100 taxis, pero solo se identificaron 23 matrículas en los alrededores del teatro, tanto de la capital como de otros pueblos del Aljarafe”.
Por su parte, Antonio Velarde, presidente de Solidaridad del Taxi, ha declarado ante el juez que varios cargos del PSOE, entre ellos, Verónica Pérez, Miguel Ángel Vázquez y Juan Cornejo, se habían comprometido en un debate realizado en Canal Sur por aquellas fechas “ante 500 taxistas” a que Susana Díaz mostraría su apoyo al colectivo en su próxima cita pública. Razón por la que, según sus palabras, se acercó al mitin “para ver si podía hablar y quedar con ellos para una reunión en la que analizar el problema del taxi”.
A pesar de las explicaciones, el fiscal en la elaboración de su informe final expresó que la presencia de tantos conductores “por casualidad, choca contra la lógica”. Por lo que mantuvo su tesis al afirmar que la aglomeración “fue una concentración dirigida para ejercer presión al PSOE y su candidata”. El juicio ha quedado visto para sentencia tras la renuncia de varios testigos a comparecer.
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