La RTVA encara los recortes para sus directivos tras cerrar el nuevo convenio colectivo
Tras la complicada negociación del convenio colectivo de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que entra en vigor en septiembre, los tres partidos con representación en el Parlamento de Andalucía se enfrentan con el nuevo curso político a tres retos: renovar el consejo de administración, cuyo mandato de seis años expiró el pasado mes de mayo; solucionar la interinidad de la dirección general, que ostenta desde hace año y medio de manera provisional Joaquín Durán; y recortar los sueldos de los directivos para que ninguno gane más que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz (63.808 euros anuales). Cuestiones todas ellas que deben afrontar en cumplimiento de la ley, pero que llevan postergando desde hace meses porque se antojan tan o más complicadas que el sacrificio que ha tenido que aceptar la plantilla para garantizar el futuro de la cadena pública.
El 2 de septiembre está prevista en el Parlamento de Andalucía la Comisión de Control de la RTVA y sus Sociedades Filiales, momento en el que se quiere plantear un calendario para estos cambios. Tanto el PSOE-A como IU (en el Gobierno) como la oposición (PP-A) coinciden en que la cuestión más urgente era resolver el décimo convenio colectivo, ratificado el pasado mes de julio tras casi dos años de trabajo y que ha supuesto una reducción del salario de un 3,2% de media, aunque no afectará a los trabajadores que ganen menos de 25.000 euros.
Pero, una vez solventado este escollo, toca, en primer lugar, resolver la cuestión de los 35 directivos que cobran más que la presidenta, empezando por el propio subdirector general, y cuya situación el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de abril prorrogar todo este año por decreto ley. De todas maneras, con el nuevo convenio colectivo, la Junta de Andalucía se daba “un mes” para cerrar el llamado plan de aplicación que fije las nuevas retribuciones de los directivos. “Se trata de un periodo transitorio”, manifestaba el portavoz del Gobierno de Andalucía sobre la prórroga de los sueldos de los directivos y lo vinculaba a la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo. De hecho, se fijó así para evitar que determinados trabajadores ganaran más que sus jefes, de manera que además de los recortes para la plantilla -el empleado que más gana percibe 78.522,77 euros anuales- será posible ir aplicando bajadas también para los directivos.
En segundo lugar, habrá que acometer la reducción del consejo de administración, que cuesta a las arcas públicas 1,2 millones de euros por año y está integrado actualmente por 17 miembros (14 consejeros, un presidente, un secretario y un adjunto). Todos los partidos han aceptado que se reduzca su número dentro de la austeridad que se ha exigido a la plantilla. Sin embargo, más allá de la expresión de esta voluntad toca ahora trabajar en la modificación de la Ley 18/2007 de RTVA, cuya aprobación exige el voto de las tres quintas partes de los diputados. De una u otro manera el PSOE-A y el PP-A están obligados a negociar. Por su parte, IU no quiere reservarse el papel de mero espectador, pese a que sabe que su voto no es necesario. De todas maneras, desde la coalición de izquierdas insisten en que lo prioritario es “mantener la RTVA como servicio público y que tenga calidad”, una cuestión esta última que consideran que no se está cumpliendo, como una y otra vez ha reflejado en las comisiones parlamentarias su portavoz Rosalía Martín.
El compromiso de la Consejería de Presidencia, responsable de la RTVA, era trabajar en ello después de las elecciones europeas, entre otras cosas porque, se reduzca o no, la obligación es renovar el consejo de administración cada seis años y este mandato expiró el pasado mes de mayo, precisamente cuando se celebraron dichos comicios. La ley fija claramente que el mandato “no es renovable”, pero a estas alturas todavía no hay un acuerdo para el relevo, entre otras cosas porque la cifra de consejeros sobre la que se trabaje será determinante, dado que su composición debe reflejar el arco parlamentario que cambió tras las elecciones autonómicas de 2012.
Pugna por el reparto
Los populares consideran que deberían tener más peso, pero insisten en que es prioritario reducir el número de consejeros -estaba en su programa electoral- mientras que IU también considera que está en posición de ventaja para exigir más presencia. En este contexto, una de las hipótesis con la que trabajarán será reducir al mínimo el consejo de administración -un consejero por partido, un presidente y un secretario- de manera que el PSOE-A y el PP-A se repartirían estos dos últimos cargos quedando con dos miembros cada uno, e IU con uno. El representante del PSOE-A en la comisión parlamentaria, Javier Aragón, ya ha dicho que la reducción del consejo de administración debe plantearse en el marco de la “actualización de la ley” y no de otra manera, lo que llevará tiempo.
Tampoco se ha cerrado la cuestión de la interinidad de la dirección general. En este contexto, el PSOE-A aboga por poner sobre la mesa la continuidad de Joaquín Durán al frente del ente público, en compensación también por haber logrado cerrar el complejo proceso del nuevo convenio colectivo, cuya negociación ha sido tan dura que incluso llevó el pasado mes de mayo, durante la huelga convocada por el sindicato CCOO-A, a que se suspendieran por unas horas las emisiones de radio y televisión. Entienden que una cosa es el consejo de administración y otra la dirección general, pero los populares están presionando para que vayan de la mano los dos temas.
“Los presupuestos autonómicos de 2015 deberían reflejar la nueva situación”, apuntan desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública, entre otras cosas porque cerrar las cuentas para el próximo ejercicio obligará de nuevo a hacer malabarismos tras reducirse las partidas que llegarán desde el Gobierno de la Nación. Sobre todo porque el Gobierno de Andalucía ha dejado claro que todo se puede tocar menos los servicios públicos esenciales.
