“La isla de la sanidad penitenciaria”, un obstáculo para las personas presas en España
Organizaciones de médicos y de derechos humanos han pedido este jueves en Madrid el fin del “precario acceso” a la sanidad de las personas presas en España y han reclamado el traspaso de las competencias en sanidad penitenciaria.
La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, la Organización Médica Colegial de España y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han lamentado que las personas privadas de libertad tengan una salud “extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad”, a pesar de que la ley establece que han de tener los mismos derechos, en lo que a atención sanitaria se refiere, que las personas libres.
“La práctica ha demostrado la ineficacia del sistema”, aseguran. Es por ello que una ley resolvió en 2003 que las competencias tenían que ser transferidas a las comunidades autónomas. A día de hoy, denuncian, solo el País Vasco tiene traspasadas las competencias y su exitosa experiencia avala una mejora para la sanidad de las personas internas. “El deber de la administración y el correspondiente derecho de las personas privadas de libertad es el de garantizar la salud de estas personas que se encuentran bajo su responsabilidad, sin embargo, el Estado no cumple”, afirman.
En este sentido, como ya informó este periódico, la Ley 16/2003, establece que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. En 2004 se agotó el plazo fijado, permaneciendo dicha diversidad de dependencias funcionariales.
Administraciones y sistemas distintos
Entre los inconvenientes de la situación actual, que tanto médicos como los defensores de los derechos humanos señalan, está la dependencia de los facultativos del Ministerio del Interior, lo que en ocasiones hace difícil prevalecer el criterio médico, orientado a la salud del paciente, con el de la autoridad penitenciaria. Otra de las cuestiones denunciadas es la imposición de dispensar productos farmacológicos distintos de los del exterior, algo que fue denunciado por las organizaciones médicas y declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
Al tratarse de administraciones y sistemas distintos, ni los médicos de prisión tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en la cárcel, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud cuentan con información alguna de un paciente durante su tiempo de condena. “Entrar o salir de prisión es tanto como cambiar de país o, peor aún, como si durante ese tiempo el paciente no hubiera existido”.
Todas estas cuestiones son desarrolladas en el informe ‘Sanidad en Prisión: La Salud Robada entre Cuatro Muros’, que la APDHA ha presentado también esta mañana y que profundiza en las condiciones que padecen las personas privadas de libertad en el acceso a la salud. El informe plantea la situación de las personas que sufren una enfermedad mental, la dificultad de acceder a los tratamientos de última generación (como la hepatitis C) y la pérdida reiterada de citas con especialistas que agravan la salud ya precaria de las personas presas.
Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, actualmente un total de 60.264 personas se encuentran privadas de libertad en España, 55.700 hombres y 4.564 mujeres.
