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Un ex delegado andaluz de Educación, a espera de juicio por apropiación indebida y estafa a una empresa de vaginas de plástico

Miguel Martín León en la Delegación Territorial de la Consejería de Educación

Javier Ramajo

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El hasta ahora delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Miguel Martín León, nombrado hace solo cinco días y que en la noche de este lunes presentó su dimisión al trascender una querella por un presunto desvío de fondos de un patrocinio deportivo, está a la espera de fecha de juicio, según han informado fuentes judiciales. La Fiscalía le acusa de delitos de apropiación indebida y estafa, por los que le solicita una pena de dos años y medio de prisión, y una indemnización de casi 38.000 euros. Martín León, nombrado para la Consejería dirigida por el exseleccionador nacional de Baloncesto Javier Imbroda, fue jefe de estudios de la Escuela Nacional de Entrenadores de Baloncesto y director de los cursos organizados por la Federación Española, es uno de los querellados por la empresa Fleshlight International, dedicada a la fabricación de vaginas de plásticos y que tiene en la localidad sevillana de Dos Hermanas una de sus fábricas.

Dicha empresa ejerce la acusación particular en esta causa, que actualmente se encuentra en Fiscalía a la espera del informe previo al juicio. En el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso este periódico, la empresa eleva la petición de condena para el exdelegado y otras personas a siete años y medio de cárcel por pertenencia a grupo criminal, estafa continuada y falsificación en documento privado. Según la información comprobada por este medio, uno de los hermanos del exdelegado fue administrador único de Lingox Factory, una empresa que, según Fleshlight, se valió de su misma fórmula para crear los juguetes sexuales masculinos. En el caso también están a la espera de juicio dos hermanos del exdelegado, a la sazón exdirectivos de la empresa especializada en fabricación de vaginas.

Martín León, según la información adelantada este martes por ABC, que se hace eco de la querella origen del caso, se ofreció a la empresa como entrenador de un proyecto baloncestístico que buscaba el patrocinio de Fleshlight, presentando un presupuesto de 42.511 euros para cubrir los gastos relacionados con el equipo. Según la empresa, una asociación deportiva denominada Anima Vitae y su representante, de acuerdo con los familiares del exdelegado que entonces eran directivos de Fleshlight, utilizaron las cantidades abonadas para el equipo de baloncesto Fleshlight, “destinándolos a la labor social de Anima Vitae”, costeando nóminas de sus empleados, seguridad social, gastos de equipos filiales. El ya exdelegado niega los hechos de los que le acusa la empresa y ha pedido el archivo del proceso judicial, que está a la espera de fecha de juicio.

La acusación particular considera que Martín León, sus hermanos y el representante de la asociación deportiva actuaron “como un verdadero grupo criminal” en 2012 para convencer al fundador de la empresa Fleshlight International, Steven Shubinn para que patrocinara un equipo de baloncesto.

La dimisión

Según confirmaron a Efe fuentes de Ciudadanos, su partido, pasadas las diez de la noche Martín León comunicó su decisión al consejero de Educación, Javier Imbroda, quien aceptó “de inmediato” la dimisión de su delegado en Sevilla en base al código ético de Ciudadanos, que impide que uno de sus militantes ocupe un cargo público si está imputado oficialmente.

Fuentes de la consejería de Educación han confirmado que Martín León, que sustituyó el pasado 23 de septiembre a Marta Escrivá tras su cese por el Gobierno andaluz, telefoneó anoche a Imbroda para comunicarle su decisión, que el consejero aceptó al ser “un tema privado, pero que afecta a alguien relacionado con la administración pública”. El citado código ético, cita que los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido “deberán poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo” si “resultare acusado por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito”. Para la Consejería, “se trata de un tema que no tiene que ver con su gestión, pero al estar imputado, aunque sin olvidar la presunción de inocencia”, ha tenido que dimitir.

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