CCOO moviliza al sector de la dependencia para “garantizar la viabilidad” del sistema
Radiografía del sistema de atención a personas dependientes: 41.000 prestaciones menos por los recortes presupuestarios. 50.000 personas en lista de espera. Rebaja de un 21% del aporte financiero del Gobierno de España para Andalucía. Pérdida de empleo, hasta un 13,5% en un año. Trabajo precario, con salarios de hasta 150 ó 200 euros mensuales. Incumplimiento de la legislación laboral por parte de empresas concesionarias. Dinero presupuestado que “se diluye en gastos de gestión”… Un “absoluto desastre”, según el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Andalucía, Francisco Carbonero.
Por eso, el sindicato ha denunciado en rueda de prensa la “merma” en la calidad del servicio derivado de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y anuncia movilizaciones en el sector en toda Andalucía que se traducirán el 15 de mayo en concentraciones “en señal de protesta” y una manifestación en Sevilla. Carbonero urge a la Junta a “negociar para garantizar la viabilidad” de la dependencia y lanzó, además, “una pregunta a la presidenta”, Susana Díaz: “¿para cuándo una renta mínima de inclusión en Andalucía?”.
“Mala gestión del dinero público”
“El sistema de la dependencia está en riesgo”, convertido en un “auténtico desastre” que ha servido para frustrar “las esperanzas de miles de personas, tanto dependientes como trabajadores”. Esto es, deterioro asistencial en un proyecto roto como yacimiento de empleo e inhabilitado como fuente de igualdad laboral de género. Todo, fruto de los “recortes presupuestarios junto con una mala gestión del dinero público”, según el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía y sus homólogos de la Federación de Servicios Privados y Construcción, Juana Mancilla, y de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Humberto Muñoz.
“Estamos detectando en el sistema de dependencia en Andalucía y en España una merma absoluta de recursos, una disminución de los servicios y usuarios, un deterioro de la asistencia como consecuencia de los recortes, una disminución de empleo y una precarización absoluta del existente”, enumera Francisco Carbonero. CCOO llama a los distintos partidos políticos “a cumplir sus compromisos” y a que estén “vigilantes con las administraciones locales” y la “sobredimensión del gasto de gestión”.
“No decimos que las administraciones se queden de mala manera con el dinero –precisa–, hay una mala aplicación que no corresponde con el fin para el que está dedicado y deberían ser meras intermediarias que no cargaran ningún coste adicional al estrictamente necesario para la gestión y el resto debería ir a la prestación del servicio”. “No es una ilegalidad, es una mala gestión”, define, común en “muchísimos ayuntamientos y casi todas las diputaciones”. Un “porcentaje excesivamente alto” dedicado al “aparato administrativo” que el sindicato suma al “beneficio excesivo de las empresas”, en ocasiones compañías “muy poco solventes” que provocan “problemas de pago en casi todo el sector”. Como en Jerez, como caso sintomático, con deudas con trabajadoras que alcanzaron las “6 ó 7 nóminas”.
Sueldos que no llegan “ni a 400 euros”
Según la secretaria general de la Federación de Servicios Privados y Construcción, Juana Mancilla, “la media de lo que las trabajadoras cobran, teniendo en cuenta que el 85% lo son a tiempo parcial, puede no llegar ni a 400 euros”. “Hay mujeres que están trabajando por 150 ó 200 euros por no perder su puesto de trabajo porque además es lo único que entra en su casa”, concluye. De ahí que pidan rescindir la concesión de servicio a las empresas “que incumplan”. “Con el dinero público no se pueden hacer las chapuzas que están haciendo las empresas”, denuncia Carbonero, que propone concesiones “finalistas para que el dinero no se diluya en gastos de gestión”.
El responsable de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Humberto Muñoz, señala “pérdidas en residencias de mayores y personas discapacitadas de 3.800 empleos en tan sólo un año, lo que supone un 13,5% de caída”. En general, continúa, de “68.400 trabajadores contabilizados en 2012, pasamos en 2013 a 64.400, cerca de un 6% menos en el sector”. Con esta merma en “inversión, empleo y calidad”, concluye Muñoz, “es muy difícil que la atención que se le presta a la ciudadanía andaluza no se haya visto afectada”.
