Un exconsejero renuncia a última hora a una testigo que defendió las “plenas competencias” de la Junta para otorgar las ayudas de los ERE
“¿Considera usted que la actuación de la Junta incurre en algún tipo de ilegalidad?”. La pregunta se la hizo la jueza María Núñez Bolaños hace casi un año. Soledad Córdova, directora general de Trabajo de España entre 1991 y 2004 y que estaba previsto que declarara este miércoles en el juicio de los ERE como testigo, dijo que “para nada”, que tanto el Gobierno andaluz como el estatal aplicaron “estrictamente” los criterios de la Orden Ministerial de 1995 para la concesión de ayudas sociolaborales excepcionales.
Córdova afirmó entonces que la administración andaluza tenía “plenas competencias” para ello aunque dijo desconocer el procedimiento concreto que usó la Junta, que es lo que ahora está juzgando la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Algunas defensas entienden que el sistema que usó Andalucía para la concesión de ayudas, algunas cofinanciadas incluso con el Gobierno central, era “exactamente el mismo” que el que viene usando el Ministerio de Empleo desde 1995.
Pero la sorpresa llegó cuando el abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha comunicado este martes al tribunal que renunciaba a su testifical. El letrado argumentó en la primera sesión del juicio, el pasado 10 de enero, que la intención de llevar a Córdova a la vista oral era hacer que, al haber tenido responsabilidades en el Ministerio de Trabajo y de Empleo del Gobierno español, podría explicar la normativa bajo la cual se otorgaron las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado, por ejemplo a la Faja Pirítica de Huelva, y que se valieron de una Orden Ministerial aprobada en 1995, según reconoció por escrito el propio Ministerio en dicha pieza, y que la Consejería de Empleo y la Intervención de la Junta validaron en el año 2000 en informes del trámite de fiscalización de una de las ayudas de los ERE.
El abogado de Viera explicó en enero que Córdova podía “aportar sus conocimientos del sistema legal de aplicación por parte de Ministerio en aplicación de las normativas que regían la concepción y tramitación de las ayudas del Ministerio”. “Es de interés y necesaria para que se pueda acreditar que en todo momento que la actuación de los distintos órganos de Empleo estuvo sujeta a la misma legalidad derivada de la Orden de 1995” que citó la exdirectora en su declaración ante el juzgado pero que no fue invocada por la Consejería de Empleo a la hora de la concesión de las ayudas.
Según ha señalado este mismo martes a Europa Press el letrado José Manuel Herrera, la declaración de Córdova no es tan relevante para la defensa de su cliente pues, bajo su criterio, la existencia de un marco legal para la concesión de las ayudas investigadas ya se ha abordado durante la vista oral.
Gestó con Griñán la normativa de ayudas
Córdova era una de los diez últimos testigos que declaran entre el martes y el miercoles en el juicio de los ERE. Su importancia residía en que gestó con el entonces ministro Griñán a mediados de los 90 toda la normativa de ayudas a trabajadores, cuyos informes previos a su aprobación validan, entre otras cuestiones, la concesión directa de ayudas como las del caso ERE.
La normativa estatal, principalmente la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, ha sido nombrada en numerosas ocasiones en la vista oral de los ERE. La importancia de esta Orden radica, según el argumento esgrimido por muchas defensas de los ex altos cargos de la Junta acusados en el juicio, en que que las ayudas investigadas concedidas por el Gobierno andaluz se amparaban en dicha norma y en la anterior, de 1994. Entre 1995 y 2013, el Ministerio concedió más de 2.370 millones de euros en ambos tipos de ayudas (a trabajadores previas a la jubilación ordinaria -acogidas a la orden de 1994- y a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas -acogidas a la de 1995-).
Ayudas sin límites de edad ni cuantía
Ambas órdenes permitían la concesión de forma directa de ayudas, sin límites en la duración y en la cuantía de las prejubilaciones. Así lo corrobaron los sucesores de Córdova en el Ministerio. Altos cargos de este departamento declararon en abril que no se fijaban límites de edad ni cuantía. La exdirectora que hasta ahora estaba citada como testigo es letrada de la Asociación Internacional de Seguridad Social desde 1974 y las cuestiones por las que les iba a preguntar abordan una materia que conoce bien, tanto en lo relativo a ayudas a trabajadores previas a la jubilación ordinaria como en las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
La estrategia de la defensa de Viera, según fuentes consultadas por este medio y tal y como dijo su letrado, es que Córdova ratificara lo que ya dijo en la pieza de la Faja Pirítica en el sentido de que “es una autoridad en la materia” y de que los acusados y testigos que ya han declarado no conocen los pormenores de la normativa, su aplicación y las premisas para las prejubilaciones. Cabe recordar que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández reconoció hace unos meses que la Junta malinterpretó hace 18 años las ayudas que originaron la causa. Su abogado dijo al juzgado que el caso ERE “no habría existido” si se hubiera aplicado la Orden Ministerial de 1995.
Cierto es que la cuestión se ha desinflado algo durante el desarrollo del juicio, atendiendo a la evolución del interés mostrado por el tribunal y los fiscales, pero a la cuestión, a tenor de lo que pudiera haber dicho Córdova, le queda “muchísimo recorrido” en este juicio y en los que le seguirán, según consideran algunas defensas, que prevén abordar en la prueba pericial conjunta, que comienza la semana que viene, hasta qué punto se analizó la normativa estatal por parte de la Intervención General de la Administración del Estado a la hora de elaborar el informe pericial encargado por la jueza Alaya, base de las acusaciones. Cabe recordar en ese sentido que, durante la instrucción, se obviaron las ayudas del Ministerio hasta que las retomó la jueza Núñez Bolaños. “No” las examinaron, dijo perito director del informe clave de los ERE, Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, que ha sido recientemente exento de declarar.
