El Supremo confirma condenas de cárcel para tres exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el caso Umax de corrupción

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar condenas que van desde los cuatro años y medio hasta los cinco años y nueve meses de cárcel a cuatro acusados por el caso de corrupción conocido como Umax, una red corrupta de contratación de amigos y familiares de altos cargos de la Junta de Andalucía entre 2003 y 2009. Uno de los condenados es Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y fallecido en 2020, también sancionado en la sentencia de los ERE de Andalucía.

Según declara probado en firme la Sala de lo Penal del Supremo, durante esos seis años la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que presidía el socialista Manuel Chaves acogió una “estructura paralela de personal”. Un sistema ilegal para que la empresa Umax Informática y Consultoría, que da nombre al caso, contratase a 44 personas ligadas a los condenados. Vecinos, amigos o familiares que prestaban servicios en la Consejería contratados saltándose todos los procedimientos públicos de control e incluso pactando una comisión para la empresa en perjuicio de las arcas públicas.

El Tribunal Supremo ha confirmado varias condenas establecidas por la Audiencia de Sevilla. Los cinco años y nueve meses de cárcel impuestos al fallecido Guerrero, cuyo recurso fue sostenido por sus herederos tras su muerte, y también la misma condena impuesta al administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado. La condena del entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, queda en cinco años y tres meses de prisión al retirarle el delito de prevaricación.

Javier Aguado, secretario general técnico, queda condenado a cuatro años y medio de prisión, casi un año menos de lo dictado por la Audiencia de Sevilla. Lourdes Medina y Daniel Alberto Rivera, secretaria técnica y director general de Trabajo respectivamente, habían sido condenados a cinco años de cárcel y siete de inhabilitación respectivamente y quedan absueltos por el Tribunal Supremo, lo que en el caso de Medina implica evitar la entrada en prisión.