La Justicia niega 'mobbing' de la Junta al funcionario que denunció irregularidades en los cursos de formación
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 13 de Sevilla ha descartado que la Junta de Andalucía ejerza acoso laboral sobre Teodoro Montes, el jefe del departamento de Gestión de la Formación Profesional que en junio de 2013 denunció ante la Guardia Civil presuntas irregularidades en los cursos de formación tramitados por la Consejería de Empleo.
Montes fue declarado testigo protegido por la jueza Mercedes Alaya cuando llevaba la investigación del supuesto fraude, archivado en octubre de 2016, y declaró también en la comisión de investigación del Parlamento andaluz en marzo de 2016. El funcionario había demandado a la Junta al entender que, a raíz de su denuncia judicial, había sido despojado de sus funciones, le habían reducido el personal a su cargo y le estaban impidiendo su labor diaria en el citado departamento, procediendo en una sentencia a la “íntegra desestimación” de su demanda por 'mobbing' contra la Junta.
Este funcionario fue una de las diez personas que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el 28 de julio de 2015 en el marco de la segunda fase de la 'Operación Edu' en la provincia de Sevilla. En el atestado de la UDEF se apuntaba que habría incurrido en delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad de documento público.
En una sentencia fechada este 27 de febrero de 2018, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, se determina que “resulta muy difícil llegar a la convicción de que compañeros de trabajo, superiores o inferiores, actúen de modo coordinado para causar un daño” al funcionario Montes, así como que “tampoco se identifica un hecho, en el transcurso del trabajo, que el juzgador pueda calificar de acoso, antes al contrario, lo que se deja traslucir es un conflicto interpersonal entre los funcionarios que realizan su labor en el servicio de formación y empleo, que la situación del recurrente en su departamento y con sus compañeros es tensa y desagradable, o como gráficamente expuso el testigo la tensión era de Teodoro con todos y de todos con Teodoro”.
Pedía 12.000 euros de indemnización
Montes había solicitado que fuera dictada sentencia por la cual se ordenara a la Administración que cesara en el hostigamiento sobre su persona, así como que le reintegrara en las funciones propias de su puesto de trabajo como jefe del departamento de Gestión FPO y se le indemnizara en la cantidad de 12.000 euros por daños y perjuicios. El Ministerio Fiscal también entendía que los hechos alegados por Montes podrían suponer violación de derechos fundamentales, mientras que letrado de la Junta pidió desestimar el recurso, como así ha sido.
El demandante consideraba que las medidas correctoras adoptadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta habían sido el último hito en un proceso de acoso laboral. Montes, en su demandas, decía que era considerado como persona non grata en el departamento de la Delegación Territorial en el que está adscrito, lo que se había traducido en una situación de hostigamiento, horizontal y vertical, tanto por parte de sus superiores como de uno o varios compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico, redistribución y vacío de funciones que le privaban del desempeño de jefe del Departamento de Gestión de FPO.
El letrado de la Junta había argumentado que la citada resolución de la Delegación descansa en un informe emitido por un órgano especializado que había concluido la inexistencia de acoso laboral y la existencia de riesgos psicosociales derivada, fundamentalmente, de la judicialización del servicio de FPO, con unas situaciones de conflicto y/o tensión entre las personas implicadas.
Según la sentencia, Montes “percibe, cierto es, la situación de conflictividad laboral y personal con sus compañeros como una situación de acoso, pero esto no queda acreditado en la testifical y documental que se valora, no consta que la Administración haya adoptado una actitud de tolerancia, de pasividad, ni menos aún de participacaión activa respecto del conflicto”.
“Distribución del trabajo”
El fallo recoge como “cierto” que se ha producido una disminución de efectivos, como también se ha producido en la oferta de cursos de formación, cuya última convocatoria fue en el año 2011, hasta que de nuevo se han retomado a partir de 2016. Pero esto se ha producido “en el marco de una nueva regulación y distribución del trabajo en el Servicio de Formación, no sólo en el departamento” de Montes.
La sentencia respalda la “contradicción” en la que Montes “parece incurrir ya que, de una parte, sostiene que se le asignan trabajos con una carga que es imposible asumir, llegando a afirmar en el interrogatorio que no se aviene a hacer el trabajo de auxiliar administrativo y que lo hace todo, al tiempo que sostiene, de otra parte, que se le han vaciado las funciones que realizaba”.
Por todo ello, el juzgado señala “la insuficiencia de indicios de acoso laboral” aunque, en palabras del Comité de Seguridad y Salud Laboral, recoge como “cierto” que “concurre una situación de 'riesgos psicosociales que se derivan fundamentalmente por la judicialización del servicio de Formación Profesional y Empleo, haciéndose evidente en este servicio situación de conflictos interpersonales y/o tensión entre las personas implicadas, por diferentes puntos de vista reales o percibidos sobre este asunto”.
Cabe recordar también en relación a este funcionario que hace aproximadamente un año, justo antes de conocerse el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento sobre los cursos de formación, trascendió que la citada comisión no había tenido conocimiento de un escrito de similares características a la demanda que Montes había hecho llegar al Parlamento. “Vuelve a incidir en los problemas personales que tiene y sobre los que la comisión de investigación no puede hacer nada”, zanjó el presidente de la comisión, Julio Díaz, quien lamentó “el circo” que el PP andaluz, “amparado por otros grupos”, había creado en torno al escrito del funcionario al final de los trabajos de la comisión.
