El aumento de desahucios por impago del alquiler en Andalucía obliga a Junta y jueces a reforzar la protección social

Los desahucios por impago de la renta del alquiler crecieron un 13,8% en los últimos cinco años en Andalucía y ya superan a los desahucios por impago de hipoteca. Esa circunstancia ha sido una de las voces de alarma para que la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dispongan a firmar un nuevo convenio que modifique el actual (firmado en 2016 y que caduca este mes de marzo) y que se acomode a recientes reformas legislativas, entre otras el decreto de alquiler aprobado hace casi un año por el Gobierno español.

El objetivo de aquel acuerdo era permitir que los servicios sociales autonómicos y municipales, alertados por el juez, tuvieran acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y buscar una solución al respecto, incluso alguna temporal como la suspensión del lanzamiento. Ahora, el cambio de la normativa, entre otros aspectos en materia de alquileres, ha provocado que se haya optado por no renovar el convenio sino por adaptarlo a la coyuntura actual en la que muchos impagos se producen ya en casos de arrendamientos de viviendas. Los precios del alquiler en España han llamado la atención del propio relator de la ONU sobre probreza, de visita en nuestro país en las últimas semanas.

El convenio suscrito el 1 de marzo de 2016 entre la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, se ha ido prorrogando anualmente y, actualmente está vigente la tercera prórroga, firmada el 1 de marzo de 2019, según indican fuentes del CGPJ. Según datos de la Consejería de Fomento, son 74 ayuntamientos andaluces los que se han ido adhiriendo en estos cuatro años.

Balance “cero” desde 2016

La decisión de no prorrogar el convenio con la perspectiva de poner en marcha uno nuevo a partir de 2 de marzo de 2020 se tomó en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del mismo, cuya secretaria es la actual coordinadora general de la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, María Alegría Cardesa Cardona.

Según fuentes de la Consejería de Fomento, ya se han producido reuniones con el CGPJ, la Consejería de Justicia y la Consejería de Igualdad para la modificación del convenio. Las fuentes se muestran muy críticas con los resultados del convenio firmado en 2016: “El balance del convenio es cero. El anterior Gobierno andaluz sólo hizo una declaración de intenciones, sin un manual de procedimientos que, ahora sí, se está redactando”.

Dicen desde la Consejería que “al no tener procedimientos, los jueces no sabían muy bien cómo aplicar las medidas ni los pasos a seguir. Algunos jueces adoptaron medidas al respecto, pero no había un manual por el que regirse. Con la modificación del convenio, además de adaptarlo a la normativa actual, ya se prevé articularlo para que las medidas acordadas se puedan ejecutar”.

El convenio aún vigente disponía de un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se iniciaba con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados pudieran dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considerara oportunas o formular alegaciones al respecto.

“Faltan medios”

“El principal problema es que se ciñen a lo mínimo del protocolo”, denuncian fuentes de CCOO Justicia en Sevilla. “Solo sabemos que se notifica al demandado que se lanza lo de los servicios sociales pero nada más”, añaden. Desde Adelante Andalucía han registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Junta de Andalucía porque el actual convenio “clararamente en Sevilla y en Córdoba, por ejemplo, no se está cumpliendo”.

“El Ayuntamiento de Sevilla no actúa por falta de medios. Si hay un lanzamiento, manda al SAMU social a última hora, pero no evita el lanzamiento, que es de lo que se trata, de poner medios antes del lanzamiento”, indican fuentes de Adelante Andalucía. Desde el Ayuntamiento de Sevilla responden que “es casi imposible hacer un balance exacto de eso”. Fuentes municipales apuntan que el convenio “sirvió para mejorar la coordinación en términos generales, tanto en avisos como en aceptar las peticiones de aplazamientos que se han ido tramitando a través de la Oficina en Defensa del Derecho a la Vivienda, pero no es algo que seamos capaces de cuantificar”.