El Gobierno de Aragón entra en la crisis del coronavirus con un récord histórico de deuda pública

El Gobierno de Aragón entra en la era postcoronavirus, y en la crisis provocada por el ‘gran encierro’ por la pandemia, con la deuda pública en niveles de récord histórico tanto en términos cuantitativos como en su equivalencia con el porcentaje del PIB.

La última actualización de los datos del Banco de España sobre deuda pública de las administraciones cifra en 8.835 millones de euros el capital prestado que, entre los distintos tipos de instrumentos financieros, tiene ‘vivo’ (pendiente de amortización) el Gobierno de Aragón, un volumen que nunca se había dado en las dos décadas que cubre la serie.

La cota más cercana son los 8.467 millones de junio de 2018, el año en el que la comunidad superó la barrera de los 8.000 millones, una cota que no parece que vaya a poder abandonar a medio plazo si se cumplen las previsiones de los analistas sobre los efectos de la crisis postpandemia, que se traducirían en un desplome de los ingresos en las arcas autonómicas.

Previsiones de un retroceso histórico de la actividad económica

Ni esa reducción, ni tampoco la necesidad de endeudamiento que conllevará, ha sido cuantificada todavía por el ejecutivo autonómico, aunque sí parece, o al menos así lo apuntan los principales centros de estudio, que el desplome de la actividad económica va a ser descomunal por la dependencia que la comunidad tiene del turismo, la logística y la industria del automóvil.

El Banco de España estima que la actividad económica caerá en Aragón entre un 8% y un 11%, y Funcas se sumaba hace unos días a esa tesis al calcular un retroceso del 9,6%. Esos registros significan que, en solo los nueve meses, entre marzo y diciembre de este año, el desplome superaría el 9,1% que la comunidad acumuló entre el final de 2008, cuando comenzó el declive postExpo, y el de 2012, que fue el último negativo.

Entonces la pérdida de volumen de negocio fue de 3.178 millones de euros en cuatro años; ahora sería de entre 3.000 y 4.150 en solo nueve meses.

Más lejos de Valencia que de Canarias en términos relativos

Ese volumen de endeudamiento equivale, en términos relativos, a un 23,2% del PIB de la comunidad, un ratio que nunca antes había alcanzado, aunque lleva un lustro, desde entrado el 2015, por encima del 20%.

Ese elevado nivel proporcional coincide con la época de mayor crecimiento de la comunidad en términos macroeconómicos (la transmisión de esa riqueza a los hogares es otro cantar) tras haberse duplicado su PIB en dos décadas al pasar de los 18.105 millones de 1999 a los 37.038 de 2018, a lo que se suma una previsión del 1,9% que, a falta de confirmación, añadiría al menos otros 700 millones de euros al volumen de negocio de la economía aragonesa.

Ese 23,2% se queda por debajo del 24,1% que marca la media estatal tras un avance de apenas dos puntos en la última legislatura y media, en la que el aumento ha sido de 1.905 millones, aunque si se incluye la deuda de las empresas públicas, que se ha reducido en 35 millones en el último lustro para caer a 44, la relación con el PIB aumentaría en una décima.

Esos niveles sitúan al Gobierno de Aragón lejos tanto del 13,8% de Canarias, que ha reducido su nivel como consecuencia del fulgurante crecimiento de su producto interior bruto de casi 6.500 millones y un 16,4% en cuatro años por el auge del turismo, como de los desmesurados 36,2% de Castilla-La Mancha y 42,2% de la Comunidad Valenciana, cuyos ejecutivos lograron frenar pero no reducir los registros de María Dolores de Cospedal y los que Alberto Fabra heredó de Francisco Camps.

Créditos con interés negativo

Esa deuda de 6.640 millones por habitante, que en el caso de los zaragozanos se ve incrementada en otros mil por los 703 millones de su ayuntamiento, supone a priori un inconveniente para que el Gobierno aragonés pueda disponer de la financiación necesaria para afrontar la crisis postcovid, aunque no tiene por qué acarrear un aumento de la factura de los intereses, con la que la banca gana quince millones de euros al mes, según un informe de la Cámara de Cuentas.

De hecho, las ultimas contrataciones de créditos del Gobierno autonómico anteriores a la declaración la pandemia y del estado de alarma, que sumaban 519 millones de euros, salieron a licitación con intereses negativos, tal y como marcaban a principios de febrero las resoluciones del Tesoro Público.

Las políticas ultraexpansivas que llevan semanas articulando instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) apuntan en principio a un mantenimiento de los tipos de interés en cotas bajas, e incluso negativas en algunos casos, que también afectan a la deuda pública.